El acuerdo se formalizó ante la Corte de Justicia durante la audiencia convocada en virtud de la causa iniciada por el Comité para la Prevención de la Tortura en Salta. Desde la Asociación Ragone aseguran que “los recursos datan de julio y setiembre de 2024. Una audiencia 9 meses después: la justicia lenta”. MUY CRITICO habló en exclusivo con el presidente del Comité Provincial, el Dr. Rodrigo Solá
La Provincia de Salta y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes comparecieron esta mañana ante la Corte de Justicia, en una audiencia de partes que abordó la situación de las personas detenidas en dependencias policiales y carcelarias provinciales.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, en el marco de la causa “Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta vs. Provincia de Salta – Hábeas Corpus”.
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Durante la sesión, las partes destacaron la importancia de esta audiencia como un espacio propicio para el diálogo y la conciliación. En ese marco, reconocieron la urgente necesidad de intervenir y coordinar esfuerzos para abordar la compleja situación que atraviesan las personas privadas de libertad en la provincia.
Para ello se resolvió trabajar en un acuerdo que será presentado ante la Corte de Justicia el próximo 25 de marzo, tras consensuar plazos específicos para el cumplimiento de cada uno de sus puntos.
El acuerdo, en concreto, establece la creación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional, que estará compuesta por tres comisiones destinadas a tratar de manera integral y coordinada temas cruciales. Las comisiones se encargarán de:
- la planificación e infraestructura del sistema carcelario;
- el cumplimiento de normativa sobre el tratamiento de personas alojadas en comisarías y la planificación de su traslado a dependencias carcelarias; y
- la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar la gestión del Servicio Penitenciario.
La primera comisión se enfocará en la revisión y mejora de las instalaciones carcelarias existentes, así como en la planificación de nuevas unidades penitenciarias.
La segunda comisión se centrará en garantizar un trato digno para las personas detenidas, abordando aspectos fundamentales como la atención médica, alimentación, visitas, higiene personal y educación, entre otras. Asimismo, se coordinará el traslado inmediato de algunas de estas personas a instalaciones del Servicio Penitenciario y se evaluará el traslado progresivo de otras en función de las condiciones de infraestructura y servicios disponibles. Se trabajará también en la inhabilitación de las Comisarías Nº 3 y 4 de Tartagal para el alojamiento de condenados.
Por último, la comisión dedicada a la implementación de tecnología explorará estrategias innovadoras que permitan mejorar la gestión penitenciaria, agilizar los procesos judiciales y ofrecer alternativas al encarcelamiento, asegurando la trazabilidad de los datos generados por los organismos involucrados.
La audiencia fue encabezada por la presidenta del Tribunal, Teresa Ovejero Cornejo; el vicepresidente primero, Fabián Vittar; la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo; las juezas de Corte, María Alejandra Gauffin y María Edit Nallim; y los jueces de Corte, Guillermo Catalano, Ernesto Samsón, Pablo López Viñals y José Gabriel Chibán.
En representación del Poder Ejecutivo provincial participaron el Fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, y el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, quienes fueron acompañados por funcionarios de áreas específicas y asesores.
Además por el Ministerio Público de la Defensa participaron el Defensor Oficial Penal Nº 1 del Distrito Judicial del Centro, Federico Gutiérrez; el Coordinador del Área Penal de la Defensoría General, Jorge Musa; y el Abogado del Área Penal también de la Defensoría General, Alberto Daud. Por el Ministerio Público Fiscal, intervino el Fiscal ante la Corte Nº 1, Eduardo Sylvester.
Por el Comité Provincial estuvieron presentes el Presidente, Rodrigo Solá; el Vicepresidente, Ramón Corregidor; los comisionados Cristina Cobos y Andrés Giordamachi; la Secretaria Ejecutiva, María Castillo; y la asesora legal, Tania Kiriaco.
“Los recursos datan de julio y setiembre de 2024. Una audiencia 9 meses después: la justicia lenta”
Desde la Asociación Ragone consignan que el lunes 17 de marzo de 2025, asistirían a la audiencia con responsables del Gobierno de la Provincia de Salta por el “caso de las comisarías”. “Los recursos datan de julio y setiembre de 2024. Una audiencia 9 meses después: la justicia lenta”, enfatizan. Lo que sigue es un informe pormenorizado de la situación:
Se trata de una reunión entre los actores involucrados en un recurso judicial a favor de mejoras en las condiciones de los presos en la provincia de Salta en las Comisarías. Dicho recurso fue interpuesto por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta debido a las deplorables condiciones de detención en comisarías, que vulneran derechos humanos fundamentales y la normativa vigente. Por otro lado, Asociación Ragone presentó un segundo recurso apoyando el planteo del Comité. La presentación argumenta la experiencia y legitimación de las organizaciones de derechos humanos en la Provincia, en el monitoreo de derechos humanos y de la violencia institucional; y solicita que se consideren sus argumentos para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Se resalta la gravedad institucional de la situación y se adjunta documentación respaldatoria.
El documento presentado por la Asociación Miguel Ragone, junto con otras organizaciones de derechos humanos de Salta, solicitó ser admitida como amicus curiae en el caso de habeas corpus colectivo correctivo presentado por el CPTS; lo cual efectivamente aceptó el tribunal, en este caso La Corte de Justicia de Salta.
A continuación, se presentamos una síntesis de los dos documentos jurídicos, focalizando en los aspectos solicitados:
Documento de Habeas Corpus Colectivo Correctivo del CPT Salta
Objeto: Interponer una acción de hábeas corpus colectivo correctivo a favor de todas las personas privadas de la libertad alojadas en dependencias policiales específicas de la provincia de Salta, así como a favor de las personas condenadas y con prisión preventiva alojadas en todas las dependencias policiales de la provincia. El objetivo es denunciar las condiciones deplorables de detención que se consideran inhumanas y mortificantes, tornando ilegítimas dichas privaciones de la libertad. Se busca también que el cumplimiento de penas y medidas cautelares en estos lugares se declare impracticable para la resocialización, configurando penas crueles, inhumanas y degradantes con responsabilidad internacional del Estado.
Derechos Vulnerados: El CPT Salta argumenta la vulneración de los siguientes derechos fundamentales:
Derecho a ser tratado humanamente y con respeto a la dignidad inherente al ser humano.
Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Derecho a condiciones de detención dignas, sanas y limpias. Se detallan múltiples carencias como hacinamiento, falta de higiene, falta de ventilación e iluminación, falta de sanitarios, falta de alimentación adecuada, falta de atención médica, carencia de espacios de recreación, malos tratos.
Derecho a la resocialización de la pena.
Principio de inocencia para las personas con prisión preventiva.
Derecho a la salud e integridad psicofísica.
Derechos reconocidos en la Constitución Nacional (arts. 18, 43, 75 inc. 22), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas (Reglas Mandela), Ley 24.660, y la Constitución de la Provincia de Salta.
Demandas a la Justicia: El CPT Salta solicita a la Excma. Corte de Justicia de Salta que ordene:
La reparación de la situación lesiva y la implementación de mecanismos para evitar su reiteración.
La inhabilitación y clausura de las Comisarías Nro. 3 y 4 DUR 4 de Tartagal y el traslado de todas las personas allí alojadas.
El traslado inmediato a centros penitenciarios de las personas privadas de la libertad con prisión preventiva y condenadas alojadas en dependencias policiales de la provincia de Salta.
Respecto de las demás comisarías mencionadas, se ordene a los organismos responsables implementar medidas específicas para garantizar condiciones de habitabilidad compatibles con la dignidad humana.
Se disponga la conformación de una mesa de coordinación e implementación integrada por estamentos de los tres poderes del Estado y el CPT Salta.
Como medida para mejor proveer, se realice visita in situ en Comisaría 3 (ex 42) DUR 4 de Tartagal y Comisaría Nro. 1 DUR 3 Orán.
Se ordene la presentación en un plazo máximo de 20 días de un plan de contingencia inmediato que contemple medidas para reducir el hacinamiento, adecuar las condiciones de habitabilidad y capacidad, y la provisión inmediata de higiene, agua, alimentación y atención médica.
Se presenten informes mensuales sobre los avances del plan de contingencia.
Se ordene al Estado establecer un sistema unificado de estadísticas oficiales sobre las personas privadas de libertad en dependencias policiales.
Documento Amicus Curiae de la Asociación Miguel Ragone y otras Organizaciones de Derechos Humanos
Objeto: La Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos de Salta, solicitan ser tenidos como Amicus Curiae. Su objetivo es aportar argumentos de hecho y de derecho relevantes para la resolución de la acción de hábeas corpus colectivo correctivo interpuesta por el CPT Salta. Apoyan las demandas del CPT Salta respecto a las condiciones inhumanas y mortificantes de detención en dependencias policiales y la necesidad de garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad.
Derechos Vulnerados: El documento Amicus Curiae adhiera y refuerza los argumentos del CPT Salta en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en las dependencias policiales. No se explaya en una lista diferente de derechos vulnerados, sino que se enfoca en la importancia de que se haga lugar a la acción del CPT Salta.
Demandas a la Justicia: La Asociación Ragone y las otras organizaciones respaldan las solicitudes realizadas por el CPT Salta. Adicionalmente, solicitan que, en caso de que la justicia disponga la conformación de la mesa de coordinación e implementación, se invite a su asociación a participar en la misma, y a través de ellos, a las demás organizaciones de derechos humanos firmantes.
Motivos no incluidos en el Documento de Habeas Corpus del CPT que agrega la Asociación Ragone en el Documento Amicus Curiae:
Si bien el documento Amicus Curiae apoya firmemente los argumentos y las demandas del CPT Salta, no introduce motivos sustancialmente nuevos o derechos vulnerados adicionales que no hayan sido mencionados por el CPT.
La contribución principal de la Asociación Ragone y las otras organizaciones radica en:
Reforzar la legitimidad y la importancia de la acción de hábeas corpus presentada por el CPT Salta, destacando la trayectoria y experiencia de las organizaciones de derechos humanos en la provincia en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad y en el monitoreo de las condiciones de detención.
Subrayar el rol de incidencia de los organismos de derechos humanos en la creación y funcionamiento del propio Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.
Mencionar antecedentes de acciones previas realizadas por estas organizaciones en defensa de los derechos humanos en Salta, como el informe sobre violencia institucional durante el aislamiento por COVID-19 y la demanda de amparo contra el DNU provincial que permitía detenciones sin control judicial. Esto busca contextualizar su participación y demostrar su compromiso continuo con la protección de los derechos fundamentales.
Solicitar específicamente su participación en la mesa de coordinación en caso de que se ordene su conformación, ofreciendo su experiencia y conocimiento en la materia.
En resumen, la Asociación Ragone y las organizaciones adherentes al Amicus Curiae no agregan nuevos motivos de vulneración de derechos a los ya exhaustivamente detallados por el CPT Salta en su acción de hábeas corpus. Su aporte se centra en brindar un respaldo institucional y social a la demanda del CPT, resaltar la trayectoria de las organizaciones de derechos humanos en la lucha contra la tortura y las malas condiciones de detención en la provincia, y ofrecer su colaboración en la implementación de las medidas que la justicia pueda disponer.
