Continúa la recepción de pruebas testimoniales en el juicio seguido contra veinte personas imputadas como miembros de una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1.
Entre otros testigos hoy compareció una ingeniera que tuvo a su cargo la realización de una auditoría interna en el Servicio Penitenciario. Hizo referencia a una serie de irregularidades detectadas en relación al sistema de calificaciones de los detenidos.
También observó el faltante de numerosas actas de las reuniones del Consejo Correccional, órgano encargado de evaluar trimestralmente las conductas y conceptos de los internos.
Señaló por otro lado que ante situaciones similares (sanciones disciplinares) se adoptaban diferentes criterios para calificar a los detenidos. Esto, a pesar de que el reglamento establece claramente cómo debe modificarse la nota en base a las sanciones.
Al no existir actas de las reuniones, no fue posible establecer cómo se aplicaban las recalificaciones. Esto –sostuvo la testigo- constituye una falta grave.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
