“En la Sala 6 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, a cargo del juez José Luis Riera, se desarrolla la segunda jornada de audiencia contra Patricia del Valle Argañaraz, ex secretaria general de la ADP, y Ana María Cerezo, ex tesorera, imputadas por administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos) en calidad de coautoras. Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi están acusados como partícipes necesarios de administración fraudulenta y coautores de estafas reiteradas.”
Algunos lloraban, otros simplemente daban sus testimonios ante el juez, mientras la principal imputada revolvía su rubia melena de un lado al otro en la pequeña Sala 6 donde se la juzga, junto a sus cómplices.
Uno de los damnificados, en su testimonio, dijo a preguntas de la fiscal que firmó un fideicomiso vinculado con la ADP en calle España, cerca del gremio.
A preguntas del juez acerca de si fue a una escribanía, otra testigo dijo haber hecho pagos en una planilla, los cuales le solicitó una “tal Campero” que le dijo “firmámela”.
A preguntas de la fiscal acerca de si había recibido alguna respuesta, la testigo dijo que no, que al ir a verificar el terreno sólo había “yuyos”.
Por su parte, la damnificada indicó que Argañaraz eliminó a todos de la lista. “No nos dejaban entrar, alguien de los Aires de los Andes, una señora de seguridad, nos decía que tenía que informarle todo a ella. Pasamos y vio a un señor y dijo aquí no están trabajando. No había máquinas, no había nada”.
A preguntas de uno de los defensores acerca de cuándo dejó de pagar, respondió que en 2018. “La señora Argañaraz ya no me respondía. No teníamos comunicación con nadie”.
Luego relató algo escalofriante. “Desde un número de teléfono desconocido nos decían que nos estaban estafando. Comenzamos a ver con mi esposo que ya nos estaban estafando”, dijo acongojada.
“Hemos confiado en ella. Soy del gremio, la hemos votado, nos ha fallado y quiero que se haga justicia”, enfatizó.
Según la acusación fiscal, los implicados emplearon diversos mecanismos administrativos para desviar fondos de la organización. Entre las maniobras denunciadas se encuentran la emisión de facturas y documentos falsificados, utilizados para justificar pagos y desvíos de dinero hacia fines personales. Las investigaciones de la UDEC, apoyadas en auditorías internas y del Gabinete de Delitos Económicos Complejos, revelaron que estos fondos se habrían destinado a compras y gastos ajenos a la actividad gremial, tales como viajes, adquisición de vehículos y otros gastos personales.
