Evidentemente el macabro plan del Poder Judicial de Salta para dejar en la impunidad total el atroz caso de las violaciones y asesinatos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni ocurrido en julio de 2011, está funcionando con la perfección que estos perversos esperaban. De hecho, la maquinaria judicial que aplastó los derechos de Santos Clemente Vera, se prepara para ignorar por completo un pedido de perdón por las atrocidades sufridas y son tan miserable que no están dispuestos a desembolsar una justa indemnización. El fallo de los jueces Federico Javier Armiñana Dohorman y Juan Marcos Ezequiel Molinati es una flagrante trampa plagada de tecnicismos para evitar que el Estado salteño le dé un solo centavo a Vera y reconozca la atrocidad cometida
Es obvio que si en 14 años la Justicia no ha hecho más que malgastar sus recursos para acusar a personas que no tenían nada que ver con el hecho criminal, plantar pruebas falsas, falsear la data de muerte, perder intencionalmente muestras de ADN, torturar a los imputados, revocar una sentencia que no les convenía y finalmente sobreseer a un inocente presentando un fallo por considerar que se “vulneró las garantías de plazo razonable”; a la única conclusión que se puede llegar es que el Poder judicial de Salta esta protegiendo a los verdaderos asesinos.
Después de semejante latrocinio a la verdad y a los más básicos principios elementales que protejan a las instituciones, por lo obrado desde el primer minuto de la investigación, parece ser que el único objetivo es meter bajo la alfombra lo que realmente sucedió en aquel ominoso invierno de 2011 en Salta, porque resulta que de eso se trata todo esto: de proteger a la sociedad del mal, del delito y sobre todo de los crímenes que se cometen.
El último día hábil antes de la feria judicial, la Sala IV del Tribunal de Impugnación sobreseyó a Santos Clemente Vera por extinción de la acción penal que lo tuvo encarcelado durante más de 10 años, sin pruebas que quebraran su inocencia, por el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, violadas, asesinadas y arrojadas en la Quebrada de San Lorenzo, casi 10 días después de ser asesinadas.
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Federico Javier Armiñana Dohorman y Juan Marcos Ezequiel Molinati, jueces de ese tribunal, consideraron que el prolongado proceso judicial vulneró las garantías de plazo razonable establecidas para el jardinero de San Lorenzo por la Constitución y tratados internacionales. Obvio que el fallo dejó sabor a poco y nada, más que al menos asegurarnos de que a ese pobre hombre que no tuvo nada que ver con semejante infamia por fin van a dejarlo en paz, pero que jamás van a pedirle una disculpa por lo que le hicieron padecer con la inconfesa idea de proteger a los verdaderos asesinos.
Ni hablar de una reparación económica que aunque lo tapara de dinero hasta el cuello no alcanzaría para mitigar el dolor de la perdida de la libertad, el honor y el buen nombre; sin contar que ni siquiera pudo despedir los restos de su padre, quien falleció mientras purgaba una pena a prisión perpetua por culpa de la firma de los jueces Luciano Martini y Arias Nallar, cómplices también de esta perversa trama.
A miles de kilómetros, en París, Jean-Michel Bouvier recibió el fallo con sentimientos bastante más amargos, porque el fallo se desentendió por completo de la sentencia absolutoria dictada en el juicio de 2014, dejó la instancia de revisión en un limbo y a Vera sin un reconocimiento definitivo de su inocencia, según reflexiona un párrafo de un informe presentado por EL TRIBUNO, quien también entrevisto a Jean Charles Chatard, quien le dijo a ese medio:
“Estoy por supuesto satisfecho de que la pesadilla de la prisión haya llegado finalmente a su fin para Clemente y su familia. Pero en esta provincia feudal, corroída por ciertos personajes racistas, ver a un hombre pobre, morocho, obtener por fin su libertad definitiva, en caso de que no tenga prácticamente ninguna posibilidad de sobrevivir, es una auténtica victoria. Los magistrados explotaron a Clemente Vera durante años convirtiéndolo en un chivo expiatorio para encubrir a los verdaderos culpables del doble crimen de Cassandre y de Houria. Estos autores, delatados por su ADN, viven en total impunidad desde julio de 2011. Sin embargo, yo no puedo cerrar los ojos ante una decisión judicial realmente perversa e irresponsable. Este último fallo no reconoce la absolución de Clemente Vera tras el juicio de 2014. Atención: el sobreseimiento de Clemente no significa su absolución”.
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Según a ese mismo medio el periodista francés, autor del libro “Francesas: Autopsia de un doble asesinato” y quién conoce en profundidad el explosivo expediente de 34 cuerpos, tiene la firme decisión de denunciar ante los Tribunales de París y la Justicia Federal argentina a 30 personas que -en algunos casos- habrían intervenido activamente para encubrir a autores del doble crimen y -en otros- hicieron todo lo posible para obstruir la búsqueda de la verdad.
De la larga lista el primero que aparece y a quien Chatard apunta permanentemente es el exgobernador Juan Manuel Urtubey, además de funcionarios políticos, magistrados, peritos oficiales y policías.
Por lo pronto, el gobierno de Francia se mantiene en la espera de una reapertura del caso para cooperar con expertos, tecnología y evidencias que el juez Pérez se mostró remiso a considerar en la instrucción penal y que podrían conducir a responsables del doble femicidio con indubitable peso científico.
Puntualmente, en un hisopado anal realizado sobre el cuerpo de Cassandre Bouvier, forences franceses hallaron ADN de tres personas desconocidas (dos perfiles genéticos masculinos y uno femenino) que hasta hoy no fueron individualizados porque no se los incorporó al expediente de la instrucción judicial.
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Leer Fallo Causa F01 17836, Sala IV