Tras el tenso episodio que vivió el intendente capitalino con un motociclista que estaba en infracción sobre la ciclovía, se pone de manifiesto una vez más en el estado latente de constante violencia que se vive actualmente. Cualquiera amenaza a quien sea sin medir consecuencias y cada día parece más un acto cotidiano.
En el Código Penal Argentino, las amenazas están reguladas principalmente en el Artículo 149 bis, que castiga con prisión de seis meses a dos años a quien usa amenazas para alarmar o amedrentar, y penas mayores si hay armas, si son anónimas o por violencia de género. Sin embargo parece ser que algunos ignoran por completo que estos actos configuran un delito y que además dañan el tejido social cuando comienzan a naturalizarse.
El último fin de semana tomó relevancia un hecho público en el que el intendente filmó a un sujeto a bordo de una motocicleta de alta cilindrada que circulaba a gran velocidad por la ciclovía. Algo que se observa de vez en cuando pero que nadie toma cartas en el asunto, simplemente porque los motociclistas en Salta han tomado el control total de cualquier situación que quebrante la ley. Desde caños de escape ruidosos, pasando por exceso de velocidad o circular por donde sea, sin observar la más mínima conducta en lo que contempla la Ley Nacional de Tránsito.
Esta vez la autoridad reconocida en el jefe capitalino se impuso a la situación cuando el intendente le llamó la atención y grabó el episodio con su celular. La reacción del sujeto fue exactamente lo contrario a “cómo se debe actuar” en estos casos: hacerse el desentendido y luego amenazar con una promesa de pugilato que a las claras no es más que una invitación a moler a golpes a su oponente, etimológicamente hablando y en palabras más elegantes traducido a una promesa de golpiza.
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Para el caso lo importante no es que se trate del intendente sino la reacción del sujeto en cuestión, ya que cualquier ciudadano puede –y tiene el deber– de llamar la atención de forma respetuosa para el caso de que otro ciudadano esté en flagrante penalidad y no haya presente un elemento de la ley, ya que no siempre habrá oficiales listos para actuar en tiempo y espacio.
Aún más grave es que esta clase de violencia, que se ejerce cotidianamente, tanto en redes sociales como en la vía publica, tal el caso del motociclista y el intendente. Ergo, en el caso de permitir que este tipo de matones módicos actúen con impunidad y no sean penalizados con una multa, esto seguirá en una escalada que terminará en aquel lugar común que es el de la ley de la selva.
Las sociedades han batallado contra la violencia durante siglos y en algunos casos se han logrado ganar algunas batallas sociales y culturales, pero los grandes logros comienzan con pequeños gestos y este era uno. Pero lamentablemente el sujeto no reconoció su error y reaccionó con violencia verbal.
La mala noticia es que estamos demasiado lejos de esas sociedades progresistas que ejercen la buena conducta desde sus funcionarios hasta los ciudadanos comunes con derechos y obligaciones. Es una cuestión de educación pero evidentemente y ante los hechos a la vista, algunos de los actores sociales no la tienen. Falta mucho por revisar y por trabajar ya que claramente es un drama estructural y multifactorial.
“Respetar cada espacio no es solo una norma, es cuidar al otro y elegir vivir en una sociedad más civilizada”, reflexiona el intendente al respecto, pero que lejos estamos de llevarlo a la práctica.
