Se están cumpliendo nueve años desde aquel sangriento día en que el señor Nicolás Cajal entró a su casa a las 13:30 y encontró a su pareja sobre un charco de sangre con 45 puñaladas. Pasaron dos juicios con cuatro acusados que fueron sobreseídos. Sin embargo la Justicia de Salta determinó que el autor de la masacre es Javier Saavedra, basados en una cantidad abrumadora de pruebas, entre ellas la sangre del autor en la escena del crimen. No lo dice esta redacción, lo dictaminó la Justicia. A pesar de eso gran parte de la sociedad salteña y parte de la Prensa local no acepta resuelto por el Poder Judicial.
Lamentablemente para el Poder Judicial de Salta la sociedad no le cree. La Justicia ha perdido toda su credibilidad como institución y eso, con los años se ha convertido en un estigma. Pero ¿cómo se llega a un estado de descreimiento tal que sea el fallo que fuere, que los jueces dictaminen, queda un halo de duda enfermizo en la población?
¿Qué pasó con la credibilidad de las instituciones que un caso emblemático como este donde la autoría quedó largamente probada, sectores de la Prensa y la parte de la sociedad dudan de que sea confiable el fallo?
Existen razones y quizás la de más peso sea el papelón que hicieron desde el Poder Judicial con el juez Martin Pérez a la cabeza de una investigación nefasta y la brutal Brigada de Investigaciones que operaba el mejor estilo dictadura, cuando violaron y asesinaron brutalmente a Cassandre Bouvier y Houria Moumni en 2011. Después de aquel juicio donde dos de los tres imputados fueron absueltos y sobre todo tras una etapa de instrucción atravesada por los apremios ilegales y las torturas, nada volvió a ser lo mismo.
Santos Clemente Vera estuvo privado de la libertad desde 2011 a 2014 durante la investigación penal preparatoria y hasta la tramitación del juicio y luego, desde 2016 a 2023 por la condena del Tribunal de Impugnación a perpetua, pero sin sentencia firme. Finalmente fue sobreseído cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación posibilitó su libertad, al hacer lugar un recurso extraordinario que había presentado en 2016 la defensa ejercida por el abogado Manuel Garrido, presidente de la ONG Innocence Project Argentina, con la asistencia de José Humberto Vargas, defensor de Vera en el fuero provincial, y el codefensor Roberto Reyes.
El caso de Vera no fue el único “error” que cometió la justicia de Salta. Después del crimen de Jimena Salas en 2017 vendrían dos acusaciones que ralentizaron el caso hasta convertirlo en una usina de descreimiento total, tras llevar a juicio al vendedor ambulante Sergio Vargas y al viudo de la víctima, Nicolás Cajal, tras un capricho de la fiscalía de entonces, este juicio terminó de cocinar a fuego lento un descredito de la justicia, del que hasta el día de hoy no se ha podido recuperar.
“La muerte abuena”
Aunque todavía faltaba un adherente más para que todo se volviera una parodia del terror. Tras la captura de Javier Saavedra y el hecho de que su sangre estaba regada por toda la escena del crimen desde 2017, CUANDO AUN NI ESTABA EN EL RADAR DE LA POLICIA, fue capturado en Santa Victoria Este; ocurrió algo que cambiaría las reglas de esta historia y convertiría todo en un relato.
Alguna vez un reconocido periodista dijo una frase que para esta ocasión es muy oportuna: “La muerte abuena”. A solo 12 horas de comenzar el juicio en el que Javier Saavedra tendría que responder como era posible que su novia había reconocido que la perra de la foto tomada unos minutos antes por la víctima era la suya; que Javier Saavedra había hecho cientos de búsquedas del crimen en internet; que se había suscripto al grupo de Facebook “Justicia por Jimena Salas”; y sobre todo que su material genético y su sangre estaban regados por toda la casa de Vaqueros, donde sería un hecho absolutamente imposible de “plantar” su ADN en goteos y goteos de sangre, que ya estaban en los laboratorios del CIF desde 2017, cuando él no existía en los radares de la policía.
Desafortunadamente los iluminados de la Oficina Judicial le permitieron contar con una hoja de Gillette con la que se quitó la vida y ganarse así su sobreseimiento por extinción de la acción penal.
Con esto la noción de “Justicia” se ha perdido por completo ya que el sagrado mandato de nuestras leyes y las reglas con las que la sociedad ha decidido convivir dictan que “nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario”.
Entonces, aunque el Poder Judicial tras el segundo juicio en el que fueron sobreseídos por el beneficio de la duda los hermanos Saavedra; y que concluyó que la responsabilidad del crimen fue de Javier Saavedra, el relato de que “todos son perejiles” porque la justicia de Salta esta atiborrada de inútiles y corruptos, es la que más seduce a una sociedad que eligió no creer.
