Se termina la feria y Diego Spagnuolo puede quedar procesado y la Justicia prepara nuevas medidas. El juez Sebastián Casanello ya lo indagó y analiza su situación procesal y del resto de los 15 investigados
El mayor escándalo de corrupción que sacudiera al gobierno de Javier Milei y que tras la “bendición” de Trump y los resultados en las últimas elecciones parecen haber dejado en el olvido la figura de Diego Spagnuolo, en las últimas horas tuvieron novedades tras conocerse que sobre el final de la feria de verano el juez federal Sebastián Casanello se prepara para definir la situación procesal de Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acusado de liderar una organización que direccionaba la compra de medicamentos de alto costo con sobreprecios.
Además de Spagnuolo, el juez debe decidir la situación de otras 15 personas que fueron indagadas entre noviembre y diciembre del año pasado, acusadas de formar parte de esta organización.
Ellos son Silvana Vanina Escudero, Lorena Di Giorno, Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian, Roger Edgar Grant, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Eduardo Nelio González, Luciana Ferrari, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Miguel Ángel Calvete, Orbella Calvete y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
La acusación sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, integraron un grupo organizado para obtener ganancias indebidas mediante maniobras fraudulentas, direccionamiento de expedientes y entrega de dádivas a funcionarios públicos.
En los primeros momentos fue allanada la Droguería Suizo Argentina y las viviendas de sus directivos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.
Sin embargo, los Kovalivker por ahora no están entre las personas indagadas por el juez Casanello.
Los empresarios niegan haber pagado coimas. Se presentaron ante la Justicia, entregaron celulares y ya están representados en el expediente por el abogado Martín Magram.
El juez trabajó en la feria judicial de verano en una decisión que se conocería en las próximas semanas.
Allí, Spagnuolo quedaría en el centro de las acusaciones, como el principal responsable de las maniobras.
Su defensa, que está a cargo del mediático abogado Mauricio D’Alesandro, entiende que su cliente debería quedar fuera del caso, aunque cree que terminará procesado, ya que era el titular de la Agencia de Discapacidad donde se realizaban estas maniobras.
Este caso se inició por la difusión de audios de Spagnuolo, donde admitía que en su organismo se compraban medicamentos con sobreprecios y dijo que se pagaban coimas que iban a manos de la secretaría general de la presidencia Karina Milei.
En los audios filtrados, Spagnuolo expresaba su malestar con “los Menem” porque le habían impuesto a funcionarios del macrismo.
Incluso decía que uno de ellos, Daniel Garbellini, era un ladrón.
Esos audios, difundidos en el streaming Carnaval, cuya propiedad se adjudica al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aunque el directivo lo niega, fueron objetados por la defensa de Spagnuolo porque sostienen que son falsos y que fueron elaborados con inteligencia artificial.
La Cámara Federal ordenó peritarlos. La defensa se funda en que esos audios son falsos y argumenta que todo el proceso debe ser declarado nulo.
Sin embargo, el fiscal Franco Picardi y el juez Casanello avanzaron con la recolección de evidencia, a partir del contenido de los celulares de los sospechosos, y pudieron establecer la existencia de una organización que direccionaba las compras en beneficio de determinadas droguerías.
La causa expone lo que el fiscal define como un “entramado delictivo” montado dentro del organismo para direccionar contrataciones, manipular procesos de compra y aplicar sobreprecios sistemáticos en medicamentos e insumos críticos.
Un procesamiento implicaría avanzar con las sospechas sobre los acusados para que luego la Cámara Federal revise esa decisión.
En caso de que la confirme, los implicados en esta primera etapa irían camino al juicio oral.
Según la hipótesis fiscal, la maniobra incluía además el pago de sobornos a funcionarios públicos con capacidad de decisión dentro de ANDIS.
Los remedios se adquirían en el Programa Incluir Salud, dirigido a personas en situación de extrema vulnerabilidad: titulares de pensiones no contributivas, madres con siete hijos, adultos mayores en situación de pobreza y personas con discapacidad sin otra cobertura médica. Supuestamente, la maniobra se efectuaba mediante la manipulación del sistema informático SIIPFIS.
Miguel Ángel Calvete, conocido en los medios como referente de supermercadistas chinos en la Argentina, es considerado en la justicia como un verdadero “director paraestatal de la ANDIS” y el principal garante del despliegue y funcionamiento del esquema ilegal.
A su hija, Ornella Calvete, exfuncionaria del ministerio de Economía, le secuestraron US$700.000 en su casa.
La mujer dijo que ese dinero era de su padre, que le prestaba el departamento.
Supuestamente, Calvete está asociado a droguerías proveedoras de insumos, en particular INDECOMM S.R.L. y Profarma S.A. Se lo acusa de gestionar numerosos pagos indebidos a funcionarios de ANDIS, incluyendo a Diego Spagnuolo, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno.
Se encontró evidencia de que solicitó 5 millones de pesos en efectivo para Diego Spagnuolo.
La defensa del exfuncionario señaló que ese dinero era para un viaje a Israel, que no se hizo. Y sostuvo que las fotos donde se ve a Spganuolo con una mochila en lo de Calvete no se corresponden con la fecha del requerimiento del dinero, sino dos meses después.
Se incautaron cuadernos con anotaciones manuscritas detallando la contabilidad de los movimientos de dinero, las firmas y los pagos vinculados a los medicamentos y la diferencia entre costos reales y precios de venta. Además, se recuperaron conversaciones que Daniel María Garbellini había eliminado en las que Calvete insistía en pagos para sus empresas.
Supuestamente, Calvete dio órdenes a personas allegadas suyas para eliminar evidencias y solicitó a Lorena Di Giorno que moviera dinero a través de Sergio Mastropietro y Alan Pocoví el mismo día de los allanamientos.
También se halló un instructivo en su domicilio sobre cómo proceder en caso de allanamiento para negar su residencia y la de su pareja.
A Spagnuolo, como Director Ejecutivo de la ANDIS, se lo acusa de permitir, consentir y supervisar el direccionamiento de esas compras con sobreprecios. Además, supuestamente esas maniobras le permitieron enriquecerse y aumentar su patrimonio.
Asimismo, tenía en su domicilio una máquina de contar billetes. Su patrimonio mostró un crecimiento no justificado e incluyó la tenencia de U$S82.000 y €2950 en una caja de seguridad no declarados previamente. Su defensa dice que ese dinero es anterior a su ingreso en la función pública.
Spagnuolo entregó a la autoridad judicial su teléfono celular con gran parte de su contenido eliminado. Utilizó varios dispositivos móviles en los días previos al allanamiento, buscando presumiblemente sustraerse de la investigación.
Garbellini, que se desempeñó como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, supuestamente ejecutaba órdenes sobre el direccionamiento de compulsas y sobreprecios a cambio de beneficios.
Tuvo un papel central en la manipulación del SIIPFIS y permitió que personas ajenas a la ANDIS (como Luciana Ferrari, operador externo de Pablo Atchabahian) tomaran decisiones clave, accedieran a información privilegiada y operaran el sistema desde fuera del organismo.
Recibía órdenes directas de Pablo Atchabahian sobre a quién pagar, a quién frenar los pagos y a quién incorporar al sistema SIIPFIS para cotizar.
Su teléfono celular presentaba múltiples conversaciones eliminadas (especialmente con Miguel Ángel Calvete), las cuales fueron recuperadas.
Pablo Atchabahian, a pesar de no ser funcionario de la ANDIS durante el período investigado, actuó como un jefe “paraestatal” que supuestamente ejercía autoridad sobre Daniel Garbellini.
Mediante su pasado en ANDIS logró operadores propios dentro del organismo que responden a sus órdenes y a las de Garbellini.
Así pudo dar órdenes precisas, como la de frenar pagos a la droguería Dihemo S.A. por “estar jugando mal”, y solicitó la inclusión de Droguería 20 de Junio S.A. en las cotizaciones.
Roger Edgar Grant es un funcionario que prestó una declaración clave, pues apuntó directamente a Garbellini como quien gestionaba las operaciones. Era Coordinador de Gestión de Urgencias de ANDIS, era el ejecutor directo de las órdenes de Daniel Garbellini y Pablo Atchabahian en la administración de compras en SIIPRIS. Sabía quién iba a cotizar y manejaba los tiempos del proceso. Fue mencionado en los cuadernos de Miguel Ángel Calvete.
Según la investigación, el entramado de corrupción detectado funciona como una telaraña donde los funcionarios de ANDIS (Spagnuolo y Garbellini) y los operadores externos (Calvete y Atchabahian) actúan controlando el flujo de los fondos públicos hacia los proveedores previamente seleccionados, utilizando a los operadores internos (Di Giorno y González) y a las figuras societarias (Rama, Lozano, Santich, Arnaudo, etc.) para legitimar y ejecutar la maniobra.
Los integrantes de la organización formaban el grupo de WhatsApp denominado “Grupo Museo” (integrado por Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian, Patricio Rama y otros).
Allí, en conversaciones de enero de 2024 y mayo de 2025, se hace referencia a Karina Milei como la persona a la que los involucrados “debían llegar ya que sería ‘la que define todo’”. En esta etapa de la causa no es parte de la investigación.
“Estamos avanzando con evidencias sólidas y todo lo que dicen los audios se va corroborando; faltan elementos de prueba pero todo lo que va surgiendo confirma las grabaciones y nos va llevando a eso”, dijo a LA NACION uno de los investigadores del caso. Uno de los investigadores del caso.
A fines de diciembre de 2025, el Gobierno disolvió la ANDIS como ente descentralizado y la transformó en una secretaría dentro del Ministerio de Salud (Decreto 27/2026).
La medida, tras una intervención, busca “transparentar” el área, centralizando el control y reduciendo la estructura jerárquica un 45,5%, según el anuncio oficial.
