Corría octubre de 2016 y el juicio por el homicidio de Javier Trogliero Álvarez ocupaba todas las portadas de diarios y portales; incluso llegó a la calle con carteles manifestando la guerra entre ambas familias, tanto de víctima como de victimario. Hoy en día las circunstancias son diametralmente opuestas con su colega, el jefe de los fiscales
En aquella oportunidad el imputado y luego condenado, Juan Carlos Gómez Paz era defendido de forma particular por quien ahora ocupa el mayor escalafón de la Procuración General; del otro lado estaba Darío Palmier, querellante de la familia de la víctima, quien murió de una puñalada proferida por Gómez Paz, la que le perforó el pulmón y murió de shock hipovolémico camino al hospital.
Obviamente esto ocurrió en horas de la madrugada en un contexto de amigos en estado etílico avanzado por parte de todos, y sabrá Dios que otra sustancia más habrá hecho de las suyas en medio de la despedida del fotógrafo Mario del Barco en aquella trágica noche en barrio el Huaico.
Cabe recordar que el aire se cortaba con cuchillos en la Sala De Grandes juicios por obvias razones durante el juicio. En medio de ese ambiente cargado de tensiones y en un cuarto intermedio, sentados en la fila del fondo de la sala –esa que ocupa la prensa– estaban nada más ni nada, ni nada menos que Palmier y Garcia Castiella partiéndose de la risa, bromeando y charlando como dos amigos en un café, donde, esa particularidad del mundo de abogados que no es más que un lugar común.
De hecho, quien escribe estas líneas y que debió soportar de toda clase de presiones por parte de ambas familias, tanto de víctima como de victimario, tuvo la inquietud de preguntar –a quien hoy es el jefe de los fiscales– como es que después de semejante guerra judicial (y social), podían sostener un dialogo tan ameno y cordial. Obvio que el jefe de los fiscales solo respondió con una elegante entelequia.
Pero resulta que hace unos días los Fiscales de la Provincia de Salta firmaron una cantidad enorme de manifestaciones RECHAZANDO ROTUNDAMENTE (con mayúscula) los dichos del abogado Palmier en el programa “Día de Miércoles”.
Resulta que estas declaraciones ante el sistema acusatorio son “consideradas totalmente desacertadas y contrarias a la normativa constitucional que legisla el funcionamiento democrático de las instituciones que intervienen en la administración de justicia como mecanismo que garantiza la paz social de nuestra Provincia”.
Lo que sigue es la tormenta de caca que le cayó directamente a Palmier tras sus desafortunados dichos. Ese mismo Palmier que se partía de la risa junto a García Castiella allá por 2016, en un interin del juicio por el homicidio de Trogliero Alvarez, ahora es considerado un lastre para el sistema judicial local. Paradojas de la vida.
El rol del abogado litigante es una función esencial dentro de todos los procesos de justicia en garantía de los derechos que representa, pero también, como auxiliar de justicia, tiene el deber legal de ser colaborador de los organismos públicos que ejercen el poder punitivo del Estado.
La función de los fiscales penales provinciales, que tan livianamente ha analizado, es otra postura de su pensamiento, que dista de la colaboración que se ha prestado desde este Ministerio Público Fiscal con los colegas que desempeñan la misma y delicada función en el ámbito federal a lo largo de los años, respecto de la cual los justiciables no entienden de jurisdicciones.
La labor que se nos ha encomendado en orden al ejercicio de la acción penal pública, orientada fundamentalmente a la persecución del delito, está dirigida a mantener como objetivo principal la paz social de los salteños.
Las investigaciones penales en curso, tanto en el fuero provincial como las que fueron derivadas a la justicia federal, parten del esfuerzo institucional, personal e incólume de cada uno de los equipos que conforman las fiscalías penales. La expresión vertida de que un fiscal, en la jerga penal, prefiere perder su vida a que le quiten la de un familiar, cuando son objetivos, resulta totalmente repudiable e intenta normalizar el término «muerte» en cualquier tipo de investigación penal en la que nos toca intervenir, y atenta directamente contra la tranquilidad y la paz social a la que tenemos derecho todos los habitantes de la provincia.
Es nuestra obligación llevar adelante la investigación penal en el territorio de nuestra provincia, una obligación indelegable que recae en el Ministerio Público Fiscal, de conformidad con los parámetros de objetividad y legalidad. Rechazamos categóricamente, en primer lugar, la creación de comisiones especiales, las cuales están prohibidas por nuestra Constitución Nacional (Art. 18) y por tratados internacionales de jerarquía constitucional. Por otra parte, la liviandad con la que se refiere al término «muerte» de un o una fiscal, o de alguien de su familia, en el cumplimiento de sus obligaciones legales, proviniendo de un profesional técnico-jurídico cuya expresión debería ser calificada, debe hacerse con la seriedad y el compromiso que se espera de un auxiliar de la justicia.
