El caso de los concejales libertarios Maximiliano Casasola y Pablo López en Salta; y el jefe de gabinetes Manuel Adorni, abrió una nueva grieta con respecto a la credibilidad de los políticos en la Argentina. Muchos plantean que hay que esperar que las acusaciones contra los mencionados en el contexto que fuera, deben completar el trámite en sede judicial; algo conceptualmente falso ya que los funcionarios públicos deberían tener una conducta tan pulcra, impecable, inmaculada e impoluta que no sería ni siquiera necesario el juzgamiento mediático y social.
Partiendo de la base que los tiempos de la justicia son desesperantemente lentos y que un funcionario público se debe apegar a una conducta prácticamente franciscana, no resiste ni el mal mínimo análisis el hecho de plantearse a esperar a que dice la justicia. Sin mencionar antecedentes de algunos jueces “amigos del poder” que desgastaron la credibilidad de los fallos y pusieron en duda la independencia de poderes.
El caso de los ediles salteños Pablo López y Maximiliano Casasola han puesto sobre la lupa la conducta de quienes llegan a la función pública sin saber honrar un cargo que prácticamente no les permite hacer nada más allá de tener un comportamiento casi de un monje tibetano. Pero al parecer López y Casasola no dimensionaron la importancia que tiene la noción de ser elegidos por la ciudadanía para desempeñar un cargo.
Ni hablar de Manuel Adorni, a quien ni siquiera hace falta esperar que la justicia se expida, ya que, al igual que sucedía con los personajes del kirchnearto, no le cierra ni siquiera lo que gana en blanco.
La base del problema reside en que muchos con ínfulas de iluminados sociológicamente suelen mesclar a los “ciudadanos comunes” con los “funcionarios públicos” como si se tratara de iguales; y para peor en medio de eso se les enturbian las ideas con aquel principio fundamental de la presunción de inocencia, de la cual gozan los ciudadanos, aplica para todos menos para el funcionario público.
Justo cuando esa idea se materializa, más de un necio plantea que “hasta que la justicia se expida” el funcionario señalado no tiene porque responderle a la prensa. Tal como ocurre con Adorni y como sucedióla semana pasada cuando Casasola se topó con la prensa local y no quiso explicar porque se toma licencia en medio del escándalo de la denuncia que pesa sobre su persona por violencia de género.
Lamentablemente para el funcionario público no hay margen para la presunción de un delito. Ni siquiera para el señalamiento de supuestos enemigos, ya que antes de formar parte de la “persecución mediática”, es recomendable ni siquiera participar de la supuesta estigmatización.
¿Pablo López es inocente? quizás para la justicia lo sea después de que su abogado eche mano a tecnicismos pueriles que son válidos puertas adentro de tribunales; y hasta Pablo López puede burlarse del publico diciendo que los audios que le envió a su ex novia fueron producidos por IA. Pero la realidad es que como funcionario público nunca debería ni siquiera haber llegado a ser acusado de tan deleznables delitos. Idéntico caso el de Casasola, a quien su propia pareja lo ha acusado de ser un violento y golpeador.
Lamentablemente el Concejo Deliberante –y menos en el porteño Madile– no tiene para sus ediles un “preocupacional” que incluya test psicológicos y psiquiátricos, por lo que cualquiera que haya logrado seducir al electorado puede esconderse detrás de una máscara de maldad y mostrarse como una persona intachable hasta que estalle un infierno traducido en violencia de género.
El caso Adorni y “El debe y el haber”
Desde que Milei le declaró la guerra a la Prensa y tras el lamentable “Sos apenas un periodista”, los medios nacionales castigaron malamente al jefe de gabinetes por casi dos meses, pero no porque Adorni les caiga mal sino porque no le cierran los números.
En los aciagos años kirchenristas sucedía lo mismo. A la banda que saqueó a la Argentina, mucho antes que la fiscalía los definiera como una “Matriz de corrupción”, a ninguno le cerraban los blancos. Ganaban una suma de dinero que no condecía con sus gastos y los casos se repetían sistemáticamente como una pesadilla, mientras el periodista Jorge Lanata era el único que se animaba a exponerlos.
Lamentablemente Adorni es solo el comienzo de una secuela de la corrupción que se evidencia desde el caso LIBRA y Andis. Pero mucho antes de que el pueblo que votó esperanzado en un cambio descubra lo corrupto que resultará ser Adorni, es ya ante el pueblo “un funcionario público que gasta más dinero del que gana”.
Por desgracia la banda que gobernó por dos décadas antes de que Milei convenciera a todos con una motosierra, robó cantidades inimaginables que a la par de las refacciones de Indio cua y los viajes en jet privado, parecen una minucia que no encaja en una comparación. Pero hemos olvidado que el problema no es cuantitativo sino cualitativo.
Para el caso de Adorni poco importa si dentro de unos meses le encuentran el agujero al mate y muestran una “herencia” del tío Pepe que permitió gastar 245 mil dólares en convertir una casa de clase media en la lujosa residencia de un ricachón, por la sencilla razón que “hasta que la justicia se expida” el daño a la imagen ya está hecho.
Mismo caso para López y Casasola, aunque las denunciantes pertenezcan a una secreta secta que ha trazado un maquiavélico plan de desprestigio para dos concejales de una provincia que solo representa el 3% del electorado nacional, aun con todas las malas intenciones de poner a este par de denunciados como que ejercieron violencia de género y después resultó que la fiscalía no pudo ver más allá de sus narices, aun con todo ello estos funcionarios públicos deben ser tan inmaculados en sus conductas, en sus gastos y en su vida privada, que no debe existir ni la más mínima sospecha de felonía.
Parece ser que ni López, ni Casasola, ni Adorni y lo más alarmante, ni algunas personas de a pie, entendieron lo sagrado de honrar la función pública.
Solo a ellos les suceden desventuras tales como aparecer en unos audios pidiendo sexo oral a cambio de dinero; o flagrantes denuncias de una violencia de genero inusitada; o gastos escandalosos de refacciones millonarias en una casa, o compra de un departamento que fue adquiero con dinero prestado por dos viejitas que apenas juntan la jubilación para subsistir.
Para Milei, el líder valiente de estos tres, la moral es una cuestión de estado y fue el boleto de entrada para detentar el poder al menos por 4 años y parece ser que por 4 más. Pero resulta que los funcionarios que comulgan con el sello libertario no entendieron que la función pública es algo tan sagrado que los obliga prácticamente a ser “invisibles” al ojo del pueblo que los votó, de la Prensa que tiene la función de comunicar los actos de gobierno y las situaciones en las que haya aprovechamiento del poder.
