Se trata de Sebastián Juan Albornoz, un canalla vendedor de drogas que en una noche de locura y horror atropelló a una pareja de vendedores de un carro de comidas rápidas. Como consecuencia de ello las víctimas quedaron con secuelas irreversibles, como amputaciones de piernas, en el caso de Edgardo; en el caso de Erika, traumatismos gravísimos y estrés postraumático. El juez Federico Diez en un juicio abreviado unificó las penas y le dio apenas 10 años de prisión al incalificable sujeto, lo que cayó muy mal en las victimas y en la comunidad en general, que esperaban una condena ejemplar.
Dicen que los jueces hablan con sus fallos pero lamentablemente para el caso del magistrado que juzgó a Sebastián Juan Albornoz, debía hacer algo más trascedente que solo limitarse a sumarle la pena pretérita con una por demás laxa. Este funcionario judicial debía dar un mensaje a la comunidad con un fallo ejemplar pero lamentablemente tendremos que seguir asistiendo a estos simulacros de juicios, donde un psicópata vicioso como el acusado, en este caso solo deberá responder a la sociedad con una pena de 5 años por haber arruinado la vida de dos personas.
Cabe recordar que por el delito de lesiones gravísimas que incluyen la amputación de ambas piernas y múltiples traumatismos en el caso de Edgardo; más el daño psicológico e innumerables prejuicios como la imposibilidad de trabajar y una calidad de vida atravesada por dolencias permanentes, en el caso de Erika; este peligroso sujeto seguirá purgando su condena previa por venta y comercialización de estupefacientes con la que llegó encartado a este debate. Eso sumado a los otros 5 años da un total de apenas 10 años.
Quizás analizándolo desde un punto de vista más pragmático –ya que no se consumó el homicidio– y considerando la liviandad de las leyes en la Argentina ante este tipo de delitos donde el mayor escollo que se presenta es la falta de intención, es decir tratándose de un delito culposo, se considera que el autor cometió el hecho por negligencia, imprudencia o impericia. Esto deja al imputado ante la posibilidad incluso de recibir una condena a prisión condicional. No es este el caso pero la estadística muestra eso.
Esta situación ocurrió con el caso de la borracha asesina María Belén Méndez García Zavaleta, quien mató con su automóvil a Diego Castro. Un trabajador que colocaba un cartel al momento de ser embestido, también en Avenida Paraguay. En esa ocasión el defensor de la ebria se apegó a la norma de que nunca hubo intención y que la mujer actuó sin conciencia de que podía matar a alguien, cosa que causó la indignación de la comunidad en general.
Pero en el caso de Erika y Edgardo el resultado muerte no ocurrió como si sucedió en la trágicamente recodada tragedia del 19 de enero de 2014, cuando Ana Belén Jurado, Juan Cruz Jurado y Sergio Rodrigo Tapia, encontrándose en el camping de Campo Quijano, un Fiat Uno conducido por Jorge Omar Barrientos totalmente alcoholizado.
Manejaba a 170 km/h, saltando con su automóvil por encima del alambrado perimetral del predio estrellándolo contra la mesa que los jóvenes ocupaban. Todos fallecieron, al igual que el acompañante de Barrientos, Mario Alejandro Liendro, tras agonizar una semana en el hospital.
Por el caso, condenaron al conductor del vehículo a 8 años de prisión, pero al completar los 6 quedó libre por buena conducta. Otra de las aberraciones a las que nos tiene acostumbrados la “ejemplificadora” justicia salteña.
Jueces cobardes, fiscales obedientes y querellantes que no les queda otra que tener que participar del perverso juego al que todos asistimos como actores civiles cada vez que vemos el desenlace paupérrimo de estas audiencias, las cuales terminan con la impotencia de los familiares de las víctimas, o las mismas víctimas –en este caso de Erika y Edgardo–, quienes tuvieron la desgracia de tener a dos metros de distancia al canalla que les arrebató toda posibilidad de poder tener una vida normal, la cual se convierte en un martirio con cada día que pasa.
El juez Federico Diez seguirá desfilando por el Macro Selecta para cobrar su ostentoso sueldo, mientras usa el plástico negro de su tarjeta de crédito para vivir a lo grande; mientras el otro detestable drogadicto y borracho termina de purgar su condena, ya sea en la cárcel federal de Güemes, donde van a parar los narcos y dealers; o bien en Villa Las Rosas.
Mientras tanto la Justicia de Salta sigue mostrando que cuando hay que dar un mensaje a la sociedad no tienen la capacidad de impartir justicia tal y como debe ser.
