El periodista fue denunciado penalmente por afirmaciones que vincularían al funcionario con el caso Monges. La denuncia se centra en las declaraciones que el comunicador, según las grabaciones aportadas ante la justicia, vincularían a Cornejo con el caso que investiga la muerte de Darío Monges en la Justicia Federal en un caso escandaloso, donde incluso saltaron otros nombres de funcionarios provinciales como Benjamín Cruz y Pablo Outes
En un lapso de una semana un periodista estuvo preso seis horas y otro acaba de ser denunciado penalmente. Son los casos de Luis Ángel Caro y Daniel Murillo, respectivamente. ¿Está en riesgo la libertad de expresión? Será materia de resolución en la justicia. En el caso de Caro, del portal NOTICIAS A, está acusado de desobedecer una orden judicial que le prohibía publicar contenido agraviante contra el gobernador Gustavo Sáenz.
En el segundo caso, el de Daniel Murillo de FM INFINITO, Abel Cornejo señala que el periodista lo menciona en relación a la imputación de Pablo Cardozo Cisneros, abogado involucrado en la causa Monges, la cual se dirime en la Justicia Federal. Según el exministro, en las grabaciones del caso aparece una voz que Murillo atribuiría a Cornejo, lo cual implicaría al exfuncionario en el marco de la investigación.
Por su parte Cornejo también presentó un artículo periodístico en el que Cardozo Cisneros, abogado de la causa, confirma que la voz en las grabaciones corresponde a Darío Monges, el fallecido. Cornejo sostiene que estas declaraciones reflejan una intención por parte de Murillo de involucrarlo sin fundamentos en el caso, y solicita que se investigue la responsabilidad del periodista en lo que él describe como una tentativa de difamación.
Cabe recordar que durante el juicio a los imputados por el asesinato de Monges la Justicia Federal mostró un inquietante video donde se lo ve hablando con el jefe del sicariato del norte, el temible narco “Gringo” Palavecino, donde se nombra a funcionarios del gobierno provincial y del cual ya ha generado la renuncia del vocal del Tribunal de Cuentas, Benjamín Cruz, quien quedó tan expuesto que tendrá que afrontar un juicio por tráfico de influencias.
El comunicado de APes
La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) expresa su enérgico repudio a la denuncia penal interpuesta por Abel Cornejo (*), actual asesor del gobernador Gustavo Sáenz, contra el periodista Daniel Murillo por el ejercicio de su labor informativa. Reafirmamos nuestra solidaridad con el colega y nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad de expresión, derecho fundamental en una sociedad democrática.
La utilización de mecanismos judiciales para amedrentar a periodistas en defensa del supuesto “honor” de funcionarios públicos es una práctica preocupante. Resulta alarmante que se pretenda iniciar una causa penal sin fundamentos sólidos, invocando un delito de orden público en el contexto de una entrevista. El periodista cumplió con su deber informativo, abordando temas de interés público vinculados a la seguridad provincial.
El 31 de agosto de 2020, Cornejo ya había denunciado penalmente por calumnias e injurias a otro periodista –Martín Grande- por una publicación en twitter. En marzo de 2023, la Sala V del Tribunal de Juicio sobreseyó a Grande del delito de injurias y lo absolvió del delito de calumnias.
Cabe destacar que la libertad de prensa y de expresión están amparadas por el artículo 14 de la Constitución Nacional, así como por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. La persecución judicial hacia periodistas representa una amenaza directa a estos derechos y al pluralismo informativo, elementos esenciales para la participación y el ejercicio ciudadano de la democracia. Los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio de la ciudadanía en cuestiones de interés público.
La denuncia de Cornejo busca, sin lugar a dudas, intimidar a la prensa, a pesar de que los periodistas no son responsables de las declaraciones realizadas por terceros. Las afirmaciones que señalan a Cornejo en posibles actos irregulares durante su gestión como ministro de Seguridad y Justicia de Salta deberán ser esclarecidas por la Justicia, y el periodismo tiene la responsabilidad de informar con precisión a la sociedad sobre estos temas.
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