Después de que el juez Rodríguez Pipino les otorgara la prisión domiciliaria a los jefes penitenciarios saltó la bronca desde el Ministerio Publico Fiscal, ya que la Unidad conformada por la UDEC y la UFINAR llevó adelante 37 allanamientos, los cuales arrojaron las detenciones de 14 personas, entre ellos 7 jefes penitenciarios. Mientras tanto los fiscales aprovecharon para culpar al plan de oralidad implementado por la Corte y de que ahora les falta personal, cuando antes había que rogarles que vean por una causa que llevaba cajoneada años.
Cuando parecía que el año judicial cerraba sin novedades apareció un escándalo de esos que incomodan a ciertos altos funcionarios. De un lado está el Poder Judicial que al presentar el novedoso plan de oralidad con la firma de la presidenta de la Corte de Salta, garantizó una verdadera agilización de las causas. De hecho la Dra. Teresa Ovejero lo expuso en Mendoza, en el Quinto Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales y Primer Encuentro Panamericano con la presencia de jueces de superiores tribunales de diversas provincias y juristas de Perú, Chile y Brasil.
Allí la funcionaria salteña expuso el exitoso plan destacando que ya se han realizado más de setecientas audiencias de prisión preventiva, la mitad de las cuales concluyeron con el dictado de sentencia, con acuerdo de juicio abreviado. “Tiene la ventaja de la celeridad, porque la audiencia se está fijando a los pocos días de que se produce el hecho”, indicó una alta fuente judicial a MUY CRITICO.
“La segunda ventaja es que abre la posibilidad de alcanzar una solución temprana donde casi un 60% de las audiencias flexibles se pretendían analizar solamente la prisión preventiva; esto termina resolviéndose en juicio, en definitiva alcanzándose una sentencia. De otro modo tendría que esperarse el requerimiento de elevación a juicio y el posterior juicio; en cambio aprovechando el requerimiento de preventiva se alcanza esa solución de forma temprana”, detalló la fuente.
Pero resulta que no a todos les hizo gracia el novedoso plan, el cual promete terminar con situaciones en las que un reo espera años en la cárcel su causa sin resolución. Desde el Ministerio Publico los fiscales se quejaron que no pueden con tantas audiencias simultaneas. De hecho, desde la Procuración ahora están quejándose de que están cortos de personal, según otro alto funcionario del Poder Judicial.
Drogas y corrupción en Villa Las Rosas
Mientras tanto la Unidad Fiscal conformada por la UDEC y la UFINAR llevó adelante 37 allanamientos en distintos lugares de la Capital para investigar denuncias a ciertos funcionarios del Servicio Penitenciario acusados de exigir dinero a internos para autorizar el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos. De los allanamientos se detuvo a 14 personas, entre ellos siete jefes penitenciarios.
Posterior a ello se conoció la resolución del Juzgado de Garantías 4 a cargo del juez Diego Rodríguez Pipino negando la prisión preventiva solicitada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt para los detenidos en la causa que investiga la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR).
Obviamente que esto le cayó como chancho con sandia al “Sheriff” García Castiella, quien dispuso acudir a la figura contemplada en el Art. 32 de la Ley N° 7.328, que permite al Procurador General dentro de sus facultades, “intervenir en forma conjunta con los fiscales, en las causas en trámite, cuando la gravedad o importancia de aquellas lo justifique”, para de ese modo acompañar a los fiscales ya intervinientes en la Unidad Fiscal, pasando a integrar formalmente la misma.
Según consigna NUEVO DIARIO, el jefe de los fiscales renegó de que “resulta lamentable y preocupante el mensaje que se exterioriza a la sociedad, cuando de lo que se trata es de fortalecer ejemplos y paradigmas morales ante quebrantos tan execrables de quienes debieran hacer respetar el orden, la rectitud y la Constitución misma por la cual juraron en su condición de funcionarios del Servicio Penitenciario”.
Otra que se quejó fue la fiscal Salinas Odorisio quien dijo a ARIES que “la red de corrupción de la cárcel sólo presenta un inicio y tiene que ser investigado y el juez se aparta de esto, hasta desconociendo las escalas penales durante la audiencia”.
Algunos problemas a resolver para la agenda 2024
Los pases de factura entre Poder Judicial y Ministerio Publico prometen cerrar el año y continuar después de la feria judicial, ya que habrá que conseguirle más gente al “Sheriff”, porque resulta que ahora los empleados de la fiscalía se quejan de que tienen mucho trabajo y que no pueden más con tantas audiencias.
Mientras que los del Poder Judicial pueden hacer alardes del fabuloso plan de oralidad pero tendrán que resolver el gigantesco escándalo del crimen irresuelto de las turistas francesas, sobre todo tras la liberación de Santos Clemente Vera, a quien deberían pagarle una suma millonaria que cubra los 7 años y pico que estuvo en prisión sin motivo ni prueba alguna, más las palizas que se comió adentro, cortesía de los caballeros de la Brigada de Investigaciones.
Ni hablar de la situación del juez Luciano Martini Bonari, a quien habría que hacerlo un Jury por su inexplicable fallo que envió a Vera a prisión y que por cortesía de este magistrado, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se enteraron de que aquí los fiscales y jueces se hacen la fiesta con perejiles que los ayudan a cerrar investigaciones que jamás logran resolver.
