Se trata de los jueces Martin Pérez y Luciano Martini, ambos no solo son culpables de que Santos Clemente Vera fuera a la cárcel injustamente sino que privaron a la ciudadanía de Salta de conocer quiénes son los verdaderos asesinos de las turistas francesas.
Martín Fernando Pérez actualmente se desempeña como juez en la Sala I del Tribunal de Juicio; mientras que Luciano Martini Bonari es juez de la primera sala del tribunal de impugnación.
Pérez embarró la cancha desde el minuto uno de iniciada la etapa de investigación. Fue designado en junio de 2011 para lo que se conocía como etapa de Instrucción, actualmente se conoce como Investigación Penal Preparatoria o IPP. En aquel momento Pérez tenía la convicción –o la orden– de incriminar a Santos Clemente Vera, Daniel Vilte y Gustavo Lasi, como los tres autores del asalto, violaciones y asesinatos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
Para esto había que cumplir con un contexto preestablecido, el cual ubicaba a tres feroces sujetos de la zona que eran capaces de llevar adelante semejante acto de violencia. Obvio que para las asimetrías sociales de la ciudad de Salta plantearse de que tres “negros violentos” habían ejecutado su salvajada en los dominios de la naturaleza y que luego de solo tres días habían aparecido las victimas encontradas por casualidad por transeúntes, era una cronología que podría cuajar con la lógica del macabro hecho.
Pero hay una distancia considerable entre la realidad y lo que se puede probar. La primera pata que se dobló fue la de la data de muerte, ya que nadie en su sano juicio puede creer que dos cuerpos van a conservarse casi intactos tras 15 a 16 días de estar a la intemperie. Sumarele a ello que la fauna local tiene su actividad; más los organismos microscópicos que también tienen su dinámica. Esa grosería fue notoria durante el juicio que terminó absolviendo a Vilte y a Vera.
La otra pata que comenzó a flaquear fue la aparición de un perverso actor en escena durante la investigación preliminar. Se trata de Walter Mamani, un policía corrupto plantador de pruebas que actualmente está purgando una condena por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autor.
Esta lacra que participaba de la unidad de investigación, llegó al lugar donde aparecieron los cuerpos y plantó plomos de balas del arma utilizada para matar a las víctimas. Obviamente que estaba constatado que no había la presencia de balas o capsulas servidas allí, ya que el comisario Néstor Piccolo había barrido el lugar con un detector de metales y nada había encontrado.
Pero Mamani logró lo imposible y encontró la prueba que calificaba para señalar a la Quebrada de San Lorenzo como el lugar donde asesinaron a las chicas. Al día de hoy sabemos que las turistas francesas no murieron allí.
Mientras tanto los elementos de la Brigada de Investigaciones sometían a tormentos y torturas a los tres imputados por Martin Pérez. Es decir, Vilte, Vera y Lasi. Los tres sufrieron las peores prácticas de la última dictadura, con submarinos secos e interminables sesiones de puñetazos y patadas con la inconfesa idea de que se incriminen, en lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos.
Al día de hoy hay más de 15 policías que están imputados por estas golpizas y que según este medio recibió información, deberían haber ido a juicio antes de la pandemia pero luego de 2020 todo quedó encajonado y al día de hoy sabrá Dios que habrá pasado con esos expedientes.
Hasta eso corría el mes de noviembre y el comisario Piccolo aparecía suicidado misteriosamente, aunque una fuente confiable confirmó a MUY CRITICO que al comisario no lo silenciaron como al fiscal Nisman. Queda a concepto del lector sacar sus propias conclusiones.
Finalmente el juicio contra Vera, Vilte y Laxi, no solo puso en evidencia la canallada de Martin Pérez, sino que dejó un resultado con sabor a nada: “Gustavo Lasi autor de ambas violaciones y asesinatos”, algo que es imposible y desafiando a la lógica racional de creer que un solo hombre puede someter a dos mujeres adultas, reducirlas con una carabina y finalmente ejecutar a ambas.
Esta carencia de lógica fue lo que más incomodó a la casta del poder judicial ya que ante los ojos del mundo, Salta se convertía en el coto de caza de dos jóvenes extranjeras que habían venido a pasear y que se habían encontrado el más horroroso de los finales, es decir víctimas de violación seguida de muerte.
Esta incomoda verdad que dejó a la casta judicial meando contra el viento fue el detonante de la “devolución” por parte del juez del tribunal de impugnación, Luciano Martini Bonari, quien tomó la determinación de revocar el fallo de Pucheta, Ruiz y Longarte y enviar a Vera directo a una prisión perpetua.
Ya con Santos en libertad cabe preguntarse porque tomó semejante decisión: ¿quiso anotarse un flor de poroto con los miembros de la Corte de Salta o bien practica la genuflexión tanto como sus pares del poder judicial?
Jury de enjuiciamiento para ambos
Lo saludable sería pedir un jury contra estos dos funcionarios que enviaron a dos inocentes a prisión –Vera y Vilte– y privaron a la sociedad salteña de conocer a los verdaderos asesinos de las víctimas.
Pérez comandando a los feroces sabuesos de la Brigada de Investigaciones para que se encarguen rápido de señalar a los tres perejiles como los culpables, mientras se encargaba de “psicopatear” en su celda a Daniel Vilte, quien le relató a MUY CRITICO en una entrevista como le decía que iba a ser declarado culpable. Casualmente Santos relató desde la cárcel en la entrevista realizada en Villa Las Rosas una acción similar por parte del juez hacia su persona.
En cuanto a Martini cabe recordar que denunció por calumnias e injurias a la Dra. Sonia Escudero, cuando en una columna en Aries opinó del juez. Escudero concurrió a una audiencia preliminar en la causa iniciada tras esas publicaciones. Allí hizo referencia al apartamiento de la fiscal de Derechos Humanos Verónica Simensen de Bielke de la causa por la que se imputó a Walter Ezequiel Omar Mamaní, comisario de Apolinario Saravia, justamente el mismo que plantó los plomos en la escena donde fueron encontradas las turistas francesas.
“La denuncia penal que me realizó el juez Martini, en mi opinión, tiene como objetivo amordazar las críticas a los jueces por sus decisiones”, dijo Escudero en un comunicado, y agregó que “es muy difícil por el contexto sociológico encontrar un juez imparcial”.
