La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Declaración que solicita al Ministerio Público Pupilar de la Provincia, a través de la Asesoría General de Incapaces, y los Defensores Públicos de Menores e Incapaces de la Nación, intervengan de manera directa en representación de las personas con discapacidad -declaradas incapaces o con capacidad restringida por sentencia judicial-, que les suspendieron o eliminaron el beneficio de la pensión no contributiva por invalidez.
“Esta tremenda realidad que afecta a cientos y miles de discapacitados, que este Gobierno Nacional les ha quitado su pensión, los ha dejado no solo sin pensión, sin su cobertura, sin sus remedios, en momentos tan extraordinarios donde salen a la luz todos estos cohechos y todas estas sinvergüenzadas que estaban haciendo con los remedios“, sostuvo Dantur a Nuevo Diario.
El objetivo es garantizar la restitución de este derecho hasta que el Estado Nacional justifique de manera certera, veraz y debidamente fundamentada las razones de tal medida.
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El diputado Gustavo Dantur, uno de los autores del proyecto, remarcó la necesidad de que el Estado Nacional actúe de forma inmediata para revertir la situación y garantizar la protección de las personas con discapacidad. En este sentido, consideró fundamental la intervención de estos organismos para proteger los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, y asegurar que los beneficios de la pensión no contributiva por invalidez se mantengan para quienes realmente lo necesitan, evitando que queden desamparados ante estas medidas.
Por su parte, el diputado Gustavo Orozco, también autor de la iniciativa, enfatizó que la suspensión de las pensiones carece de justificación y genera una situación de profunda vulnerabilidad para las personas y familias afectadas, por lo que señaló que esta acción busca proteger y garantizar los derechos de quienes han sido perjudicados, asegurando que el Estado nacional restituya estas pensiones, y cumpla con su deber de garantizar la seguridad social y la atención equitativa a los ciudadanos con discapacidad.
En otro sentido, el diputado Roque Cornejo si bien ponderó los beneficios sociales para quienes lo necesitan y acreditan debidamente una discapacidad, haciendo hincapié en la gestión eficiente de estos recursos., expresó sus diferencias respecto a argumentaciones de la propuesta, subrayando que resulta imprescindible un relevamiento integral por parte de estos organismos, tomando como referencia medidas efectuadas en otros ámbitos durante periodos anteriores a la actual gestión nacional.
Los diputados Raúl Vargas, Juan José Esteban, Patricia Hucena, Bernardo Biella, Socorro Villamayor, Patricio Peñalva, Luis Mendaña y Jorge Restom, coincidieron en su respaldo al proyecto, enfatizando que la suspensión indiscriminada de estas pensiones genera incertidumbre y produce mayor vulnerabilidad en quienes dependen de estos beneficios, y señalaron que desde Nación, antes de implementar una medida de esta naturaleza, debieron garantizar condiciones justas y la posibilidad de acceso efectivo a los controles médicos, evitando que las personas legítimamente beneficiarias fueran perjudicadas, como ocurrió en esta ocasión, por lo que solicitaron la intervención de estos organismos, e instaron al Gobierno Nacional a revertir estas políticas.
El proyecto de Declaración, que unificó iniciativas de los diputados Gustavo Dantur y Gustavo Orozco, fue aprobado por unanimidad.
