EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Y LA SECRETARÍA DE JUSTICIA FIRMARON UN CONVENIO PARA REFORZAR LA ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS GRAVES

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El acuerdo establece un trabajo conjunto para garantizar el asesoramiento, acompañamiento, asistencia psicológica y una atención integral a víctimas y familiares de delitos de especial gravedad.

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, firmó este jueves un Convenio Marco de Colaboración con el secretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Javier Alberto Mónico Graciano, con el objetivo de optimizar la atención y acompañamiento de víctimas de delitos graves.

Teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal es el órgano encargado de impulsar y ejercer la acción penal pública, y que entre sus funciones se encuentra también procurar respuestas satisfactorias para las víctimas —especialmente en los casos más graves—, el convenio prevé el compromiso de coordinar el asesoramiento, acompañamiento y asistencia psicológica, así como agilizar la intervención de los profesionales del Programa en causas tramitadas por las Fiscalías de Graves Atentados contra las Personas y las Unidades de Delitos contra la Integridad Sexual.

Asimismo, se acordó establecer canales de comunicación más directos entre funcionarios de ambas instituciones, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

El convenio establece que, desde el primer contacto, las Fiscalías Penales informarán a las víctimas y/o familiares directos sobre la existencia del Programa de Orientación y Asistencia, detallando los servicios que brinda. Con el consentimiento exclusivo de las personas interesadas, los profesionales del Programa podrán contactarse para ofrecer contención psicológica, asesoramiento jurídico y eventualmente patrocinio letrado gratuito.

En ese marco, el Procurador General destacó la importancia del Programa de Orientación y Asistencia a las Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos Graves, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia. Señaló que dicho dispositivo cumple un rol fundamental en el reconocimiento de derechos de víctimas y familiares de delitos contra la integridad sexual y homicidios, no solo por el asesoramiento jurídico que brinda, sino especialmente por su labor de contención psicológica.

Se estipula que en caso de requerirse la intervención del Programa, sus profesionales podrán acceder a la información del caso y trabajar de manera articulada con las Fiscalías, sin necesidad de una presentación formal.

Los servicios contemplados en el acuerdo incluyen:

  1. a) contención psicológica a víctimas de abuso sexual y a familiares de víctimas de homicidios;
  2. b) asesoramiento jurídico;
  3. c) patrocinio letrado gratuito;
  4. d) articulación de necesidades específicas, tales como servicios de sepelio, provisión de módulos alimentarios, asistencia habitacional, ayudas económicas, turnos psicológicos, obtención de partidas de nacimiento y defunción, escolarización de niños, entre otras.

Con esta iniciativa, se busca mejorar la atención y el acompañamiento de víctimas y familiares en los casos más sensibles, que por su impacto social requieren un abordaje especializado, integral y con un enfoque más humano.