Un fallo histórico en EE.UU. expone el costo de la “mala praxis expropiatoria kirchnerista”. La orden de la jueza federal Loretta Preska, que obliga a Argentina a entregar el 51% de YPF o pagar USD 16.100 millones más intereses –ya acumulan USD 17.500 millones–, no es solo un revés jurídico: es el resultado de una cadena de decisiones arrogantes y técnicamente desastrosas tomadas en 2012 por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El país enfrenta una factura millonaria por lo que expertos llaman “el error estratégico más caro de la historia reciente”. Eso es solo una parte de la resaca de gobiernos que no solo han saqueado el país, sino que han cometido errores groseros que hoy por hoy se pagan con sangre, sudor y lágrimas.
La expropiación “patriótica” que ignoró las reglas ocurrió el 16 de abril de 2012, cuando Cristina Kirchner anunció con pompa la “recuperación de YPF” en un acto donde Kicillof, como interventor, desestimó el Estatuto de la empresa –que exigía una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas al superar el 15% de las acciones–. Su frase célebre en el Congreso lo resume: “¡Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y cumplir el estatuto!”.
Podría decirse que el costo de la viveza criolla fue demasiado grasero al excluir a los minoritarios (como Petersen y Eton Park), el Estado violó contratos internacionales y abrió la puerta a demandas. Repsol cobró USD 5.000 millones, pero los fondos buitre Burford Capital (que compró los derechos de litigio) lograron una sentencia récord en tribunales de EE.UU..
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Kicillof vs. Milei: La batalla política tras el desastre
Mientras el presidente Javier Milei responsabilizó a Kicillof por el “desastre jurídico –llamándolo “inútil soviético” en redes–, el gobernador bonaerense respondió con consignas vacías: “YPF no se vende” y acusó a Milei de ser “topo de poderes extranjeros”.
La ironía es que Kicillof, hoy crítico del fallo, fue quien en 2012 bloqueó la OPA y firmó el acuerdo con Repsol sin incluir a los minoritarios. Su gestión como interventor es clave en la condena actual.
El daño colateral recae en un YPF en jaque y el riesgo para Vaca Muerta, donde el fallo no solo amenaza el control estatal de la petrolera cuyas acciones cayeron 5.6%, sino que pone en riesgo inversiones en Vaca Muerta. Esto se traduce en dos ejes fundamentales:
–Capitalización de mercado: USD 12.500 millones (el 51% cubre solo 35% de la deuda).
–Proyectos paralizados: Financiamiento de USD 2.000 millones para Vaca Muerta Sur podría retrasarse por la incertidumbre.
¿Hay salida? Negociar o perderlo todo
Analistas coinciden en que Argentina “no puede ganar en tribunales”. Las opciones son entonces apelar. Congelará el traspaso 18 meses, pero la deuda sigue creciendo con SD 2.5 millones por día. La otra es emitir deuda en Bonos a tasas exorbitantes (12% o más). O bien negociar con Burford, el fondo ya mostró flexibilidad, pero el gobierno insiste en una batalla perdida.
La factura de la soberbia
La expropiación de YPF pudo ser un acto de soberanía, pero su ejecución improvisada y arrogante la convirtió en un boomerang.
Mientras Kicillof sigue en campaña contra Milei, los argentinos pagan los platos rotos con USD 17.500 millones que equivalen a 3 años del presupuesto educativo nacional. El legado del kirchnerismo, una vez más, se mide en dólares y errores irreparables.
