El juez José Luis Riera, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Patricia del Valle Argañaraz (exsecretaria general de la ADP) y a Ana María Cerezo (extesorera) a seis años de prisión de ejecución efectiva por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (26 hechos) en concurso real.
El juez ordenó la inmediata detención de las condenadas y su traslado a la Unidad Carcelaria 4 para el efectivo cumplimiento de la pena. En el fallo se rechazó la imposición de la inhabilitación especial solicitada por el Ministerio Publico Fiscal y la parte querellante particular para ambas acusadas, para ejercer cargos electivos en la ADP.
Por otro lado, Raúl Dante Argañaraz (contador público) y Nicolás Demetrio Zissi (comerciante) fueron condenados a la pena de tres años de prisión en suspenso por resultar responsables de los delitos de administración fraudulenta en el carácter de partícipes necesarios, y de estafas reiteradas en el carácter de coautores.
El juez les impuso reglas de conducta por el término de tres años: deberán presentarse cada seis meses ante la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Liberados de Salta, abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas y tienen prohibido cometer nuevo delito. En caso de incumplimiento de estas reglas, se les revocará la condicionalidad de la pena.
Los cuatro imputados fueron absueltos del delito de estafa (tres hechos) en carácter de coautores por no haberse formulado acusación en relación a esos hechos.
Las cuatro personas condenadas fueron denunciadas por irregularidades en el manejo de fondos de la Agremiación Docente Provincial y por estafas en contratos que agremiados habían firmado con el Fideicomiso “Virgen de Urkupiña”, un negocio que promovieron entre los asociados prometiéndoles el acceso a una vivienda a partir de un desembolso inicial más cuotas mensuales.
