El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada la investigación penal seguida contra un hombre que fue detenido mientras merodeaba un hogar terapéutico con el supuesto objetivo de captar a jóvenes con problemas con salud mental o adicciones para explotarlas sexualmente, una de las cuales lo identificó como quien la había mantenido cautiva durante tres meses.
El sujeto quedó detenido en prisión preventiva a requerimiento de la Unidad Fiscal Salta por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por ser cometido mediante engaño y amenaza, por haberse consumado y por la minoridad de la víctima, en concurso real con amenazas.
En la misma audiencia, celebrada el 14 de noviembre pasado, el juez autorizó una serie de peritajes pendientes, entre ellos el análisis del teléfono incautado al imputado, quien fue identificado como Roberto Altamiranda.
Al presentar el caso en la audiencia, la auxiliar fiscal Nazarena Guzmán Alsina explicó que las actuaciones se habían iniciado en el fuero provincial, con intervención de la Fiscalía de Violencia de Género N°2 y del Juzgado de Garantías N°6.
Relató que todo se inició el 7 de noviembre pasado, a partir de una denuncia radicada por personal del hogar terapéutico Kuera, dependiente de la Secretaría de la Niñez de la provincia de Salta y dirigido a dar asistencia integral a niñas y adolescentes que presentan problemas de salud mental y adiciones.
La auxiliar fiscal precisó que en la denuncia, presentada en la comisaría 8va, el personal del hogar manifestó que, al salir de la institución junto a una joven de 17 años, Altamiranda se acercó y la amenazó de muerte, tras lo cual la llamó y le ofreció cigarrillos. La adolescente lo sindicó entonces como su captor y quien la había mantenido cautiva por tres meses, a lo largo de los cuales le había suministrado drogas.
Añadió que, en su declaración en la comisaría, la joven dijo que el acusado era conocido en la zona de Villa San Antonio por el apodo de “perro” y que la había retenido en un galpón que funciona como lavadero, ubicado en la calle Los Partidarios al 1200. El lugar está ubicado a pocas cuadras del casco céntrico de la ciudad.
Agregó que el hombre fue detenido el mismo día, más tarde, cuando la madre de otra joven, enterada de lo que había ocurrido previamente, lo confrontó fuera del hogar, donde el sujeto permanecía, y empezó a filmarlo con su teléfono celular. De acuerdo con lo narrado por la mujer en una declaración posterior que citó la auxiliar fiscal en su relato ante el juez, Altamiranda le quitó el dispositivo e intentó fugarse, hasta que ella requirió ayuda a transeúntes y unos policías que patrullaban la zona actuaron de inmediato y lo detuvieron.
Competencia e investigación
La Fiscalía de Violencia de Género N°2 provincial abrió una investigación penal por el delito de amenazas, pero al reunir las declaraciones y otros indicios advirtió la posibilidad de que el acusado hubiera incurrido en el delito de trata de personas, por lo que planteó la incompetencia del caso para su paso al fuero federal, donde continuó la investigación.
En la audiencia de formalización de la imputación, la auxiliar fiscal solicitó en primer lugar al juez que aceptara la competencia del caso y luego se refirió a la investigación llevada adelante a partir de la recepción de las actuaciones. La funcionaria indicó que, efectivamente, en el caso se pudo verificar que el acusado se dedicaba a captar jóvenes en situación de vulnerabilidad, de las que luego se aprovechaba.
Añadió que, a partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que la captación se hacía en las inmediaciones del hogar terapéutico Kuera. Explicó que, respecto a la adolescente por cuya denuncia se inició el caso, se pudo establecer que había sido captada a la salida del hogar en junio pasado, tras lo cual Altamiranda la mantuvo cautiva en un lavadero de autos de la calle Los Partidarios, en la zona de Villa San Antonio, zona donde en otra época funcionaron varios prostíbulos y se hacía además oferta de prostitución en la calle.
Sostuvo que la investigación pudo determinar que el domicilio es un galpón de aspecto abandonado, donde se expende droga y que en ese ambiente el acusado ofrecía a la joven para actos sexuales. Precisó que esta modalidad también sucedía con choferes de una remisera de la zona, con quienes el imputado pactaba la prostitución de la adolescente bajo el título de “dama de compañía”.
La funcionaria refirió que, más allá del estado de vulnerabilidad de la víctima dada su adicción a las drogas, de lo cual el acusado se aprovechaba, la joven sufrió golpes y la retención de su documento.
Agregó que, pese a esas situaciones la víctima pudo aprovechar un descuido de su captor y escapar, tras lo cual buscó refugió en el hogar, donde le reveló lo que había padecido a otra residente, cuya madre fue quien radicó la denuncia al descubrir al sujeto fuera del lugar el 7 de noviembre pasado.
A su turno, la auxiliar fiscal Florencia Altamirano fundó el pedido de prisión preventiva para Altamiranda. Se refirió a las pruebas reunidas, a la gravedad del hecho y al riesgo de fuga latente, pues marcó que el acusado, además de registrar una condena -ya cumplida- de 5 años de prisión por promoción de la prostitución, registra más de veinte denuncias por diferentes delitos, entre ellos robo, amenazas, abuso sexual, tenencia de drogas y facilitación de la prostitución.
La defensa no presentó objeciones y el acusado se abstuvo de declarar. El juez Bavio aceptó la competencia del caso, hizo lugar a la imputación penal requerida y dictó la prisión preventiva del acusado.
