La garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional no se limita a la asistencia formal de un abogado; exige una defensa técnica efectiva y en igualdad de armas. La jurisprudencia de la Corte Suprema y los estándares internacionales marcan el rumbo, mientras persisten desafíos en la práctica cotidiana.
En el marco de un Estado de derecho, el derecho a la defensa en juicio constituye una de las piedras angulares sobre las que se edifica la legitimidad de todo proceso judicial. En la Argentina, esta garantía no es una concesión legislativa, sino un derecho fundamental reconocido expresamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece de manera taxativa que “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.
Este principio, lejos de ser una fórmula vacía, impone obligaciones concretas al Estado y a los tribunales. En materia penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido enfática al señalar que la protección de esta garantía debe extremarse, dado que se encuentran en juego derechos esenciales como la libertad y el honor. La defensa, por lo tanto, debe ser ejercida desde el momento mismo en que se señala a una persona como sospechosa y solo culmina con la finalización del proceso, según los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La defensa efectiva y la igualdad de armas
Uno de los aspectos más relevantes que ha delineado la jurisprudencia es la distinción entre una defensa meramente formal y una defensa sustancial. El Máximo Tribunal ha sostenido de manera reiterada que “no basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal”, sino que “es menester además que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor”.
Esta exigencia se vincula directamente con el principio de “igualdad de armas”, que exige que la defensa técnica no se encuentre en una posición de desventaja material frente a la acusación estatal. En este sentido, la falta de acceso a la totalidad de las actuaciones o la visibilidad de piezas clave del expediente puede configurar una afectación sustancial al derecho de defensa, comprometiendo la validez de los actos procesales. El rol del Estado no es solo permitir que el imputado designe un abogado, sino garantizar que ese abogado pueda desplegar su estrategia en condiciones de paridad.
La autoincriminación y el debido proceso
El artículo 18 de la Constitución también protege al individuo frente a la coacción estatal, estableciendo que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. Esta garantía, conocida como la prohibición de la autoincriminación forzada, ha sido interpretada por la Corte Suprema en el sentido de que la declaración bajo juramento del imputado vulnera dicha protección, tornando nulo cualquier acto que se produzca en contravención a esta regla.
Asimismo, el derecho a la defensa se entrelaza con la garantía de un plazo razonable. La Corte ha reconocido en el leading case “Mattei” que el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre que implica la acusación, forma parte del catálogo de garantías del artículo 18 . La dilación indebida no solo afecta la eficiencia del sistema, sino que vulnera la dignidad de la persona sometida a proceso.
El rol de la Defensa Pública
Para que el acceso a la justicia sea real y no un privilegio, la Constitución y los tratados internacionales imponen al Estado el deber de proveer defensa gratuita a quienes no cuenten con recursos. La reforma constitucional de 1994 otorgó autonomía funcional al Ministerio Público de la Defensa, un cambio estructural que buscó asegurar una verdadera división de funciones y evitar que el defensor dependiera jerárquicamente del mismo poder que juzga.
Esta autonomía es clave para garantizar la independencia técnica del defensor, quien no debe recibir instrucciones de órganos ajenos a la defensa. La independencia presupuestaria y funcional ha sido destacada por organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha instado a la Argentina a garantizar estos estándares para asegurar un servicio de defensa pública integral.
Desafíos persistentes
A pesar del sólido marco normativo y jurisprudencial, la práctica judicial presenta desafíos. La Corte Suprema ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones para corregir situaciones en las que se afectó el derecho de defensa, como ocurrió en un fallo reciente donde se dejó sin efecto una resolución que había denegado un recurso sin dar el traslado previo necesario a la contraria, privando a la parte de la oportunidad de ser oída.
La garantía del artículo 18 no es un obstáculo para la justicia, sino su condición de posibilidad. Como ha señalado el Tribunal en su jurisprudencia más emblemática, la inviolabilidad de la defensa en juicio exige que los tribunales arbitren los medios necesarios para que la voluntad del procesado se cumpla y para que la situación de indefensión sea evitada, incluso contra la voluntad de los propios procesados. En un Estado de derecho, la eficacia del sistema penal se mide, en última instancia, por el respeto irrestricto a las garantías de quienes son sometidos a él.
