OTRO MAZAZO A LA DISCAPACIDAD

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El anuncio del Gobierno Nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y transferir sus funciones al Ministerio de Salud generó un fuerte rechazo en el colectivo de discapacidad.

Luis González, referente de la Asociación TGD Padres TEA Salta, en diálogo con InformateSalta, sostuvo que la decisión “no sorprende”, aunque sí preocupa por su alcance. “Es una más de todas las medidas que viene tomando el gobierno contra el colectivo de discapacidad. Pasamos de un modelo social a un modelo médico rehabilitador”, afirmó.

Según explicó, el cambio de esquema implica reducir la discapacidad a una cuestión estrictamente sanitaria, dejando de lado políticas integrales. “Se corre el foco de derechos básicos como la educación, la inclusión social y recreativa, la vivienda, la inclusión laboral y múltiples prestaciones, como el apoyo a la inclusión escolar, el transporte y el traslado de personas con discapacidad”, detalló.

González también cuestionó la forma y el momento del anuncio, realizado el último día del año. “Es totalmente inadmisible que se comunique así, mezclando auditorías, pensiones y certificados de discapacidad, generando confusión en la sociedad”, señaló.

En ese sentido, rechazó los argumentos oficiales vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD). “No todas las personas con CUD cobran una pensión. Además, los certificados tienen vencimiento porque se actualizan, y cuando una persona fallece se da de baja automáticamente. Se está desinformando”, remarcó.

Desde el sector interpretan además que la disolución de la Andis busca desviar la atención del escándalo reciente vinculado al organismo y se suma a otros intentos fallidos del Gobierno, como la derogación de la emergencia en discapacidad en Diputados. “No pudieron avanzar con el capítulo 11 y ahora directamente cierran la Andis”, sostuvo.

Por último, González rechazó el argumento del “costo fiscal” y denunció un ensañamiento con los sectores más vulnerables. “El gasto en discapacidad es ínfimo, no genera ningún ‘suicidio fiscal’. Esto es una treta más contra el sector discapacidad. Hasta el último día del año, el golpe es contra los que menos tienen”, concluyó.