Así definió el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, la denuncia que la legisladora Lourdes Arrieta presentó contra sus colegas, aludiendo que fue llevada “engañada” a ese encuentro con los asesinos de la dictadura
La irrupción de la ignorancia en las sociedades modernas parece ser cada vez más un fenómeno entre políticos de la nueva era. Llegar a un cargo público siendo casi un analfabeto funcional se está convirtiendo en un lugar común. Es el caso de Lourdes Arrieta, quien al perecer le huyó a los libros de historia durante los años en que tendría que haber recibido algún tipo de instrucción académica.
Obviamente que tras analizar el pedido de Arrieta, el fiscal solicitó que “se desestime la denuncia de Lourdes Arrieta en todo lo referente a lo señalado en el punto III del dictamen, por inexistencia de delito, y se continúe la pesquisa” por la visita a represores en Ezeiza.
Arrieta había pedido que se investigue la posible comisión de los delitos de “coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración, y malversación de caudales públicos” y apuntó contra el funcionario del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y las personas a las que ella responsabilizó por haber organizado la visita al penal de Ezeiza, entre las que mencionó a los diputados Beltrán Benedit, Alida Ferreyra y Guillermo Montenegro, el cura Javier Olivera Ravasi, los abogados Ricardo Alberto Saint Jean, Eduardo Rafael Riggi, Maria Laura Olea, y el funcionario de Diputados Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, el presidente de la Cámara baja.
La medida judicial se conoció el mismo día que Arrieta denunció haber sido violentada por su compañero Nicolás Mayoraz en una reunión llevada a cabo en el Salón Blanco de la Cámara.
Sin embargo el juez federal Ernesto Kreplak abrió un expediente para estudiar el episodio luego de la presentación de Lourdes Arrieta, quien insistió en que concurrió “engañada” a la cita.
Según consigna Clarin, el juez que subroga el juzgado Federal de Lomas de Zamora dispuso además custodia para la diputada libertaria y para sus padres, a raíz de una serie de pruebas sobre amenazas que presentó la integrante de la Cámara baja.
