El debate oral y público a los 20 imputados del servicio penitenciario que se desarrolló en el subsuelo de Ciudad judicial desnudó una trama que evidencia lo podrido que esta el sistema carcelario en Salta. Funcionarios de alto rango y abogados prendidos en una ingeniería de la corrupción perfectamente aceitada que les deja jugosos dividendos en ventas de drogas, tráfico de influencia, estupefacientes y concepto.
La resocialización en el sistema penitenciario en Salta es una utopía. Partiendo de la base de que funcionarios de alto rango junto a abogados corruptos tomaron a la Unidad Penal de Villa Las Rosas como un lucrativo lugar donde ganar cantidades siderales de dinero mal habido, es un pésimo síntoma de que el sistema está podrido en su totalidad.
Otro signo alarmante de que la problemática es mayúscula es el hecho de que el mismo Procurador de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella forme parte de la unidad fiscal que va contra esta crisis gigantesca, que se yergue como un monstruo en una lucha que parece quijotesca. Una cruzada contra lo imposible ante tamaña inmundicia enquistada desde el Poder Judicial mismo, donde parece haberse naturalizado la corruptela y que a fuerza de amenazas y aprietes se quisiera tapar todo.
La causa que tiene como acusados a funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, está llegando a su fin. Desde internos, que ya pasaron por Villa Las Rosas, actualmente en el penal de Orán, contando que le ofrecieron salir en libertad a cambio de pagar en dólares, uno de los involucrados, según dijo, es el actual juez de Ejecución y Detenidos de 2da Nominación Martín Daniel Martínez.
Este juez quedó en el centro de la escena por la gravedad de los testimonios. El testigo, ingeniero agrónomo y empresario, condenado en 2022, contó que cuando clamó por seguridad dentro del penal de Villa Las Rosas, al psiquiatra del Poder Judicial, una psicóloga del penal y al exdirector Gutiérrez (UC1) no le creyeron, desoyeron su situación tras señalar que había sido extorsionado y amenazado de muerte.
Situación a la que el exinterno de Villa Las Rosas llegó tras negarse a pagar a cambio de un beneficio. En su relato contó que ingresó en noviembre de 2022 en la Unidad Carcelaria 1, alojado en el pabellón I (ingresantes), recordó que un excompañero de la Alcaidía le había aconsejado que si quería ser trasladado a un pabellón donde no lo golpearan o abusaran sexualmente debía “arreglar” con el jefe Bisceglia -imputado- de quien obtuvo el contacto.
Sostuvo que su hermano se comunicó con el funcionario, mantuvieron una reunión en una confitería de El Tipal, ocasión en la que entregó 50.000 pesos. Ese mismo año para navidad había sido trasladado al pabellón E, donde conoció a Bisceglia, quien se desempeñaba como jefe del pabellón.
Contó que hizo otros pagos por beneficios y que también le entregó a ese funcionario órdenes para que personal penitenciario retirara madera de su maderera.
El interno, actualmente en un penal de Orán, sostuvo que en un encuentro que mantuvo con una exautoridad del penal y un abogado, le ofrecieron la semilibertad a cambio de una alta suma en dólares. Al consultar cómo podían hacerlo, fue cuando le dijeron que no debía preocuparse porque trabajaban con un magistrado que se encargaba de todo, y mencionaron al juez Martín Martínez.
A partir de su negativa, el profesional comenzó a ser perseguido y amenazado situación por la cual sufrió un ACV, un cuadro de herpes y crisis de nervios. Dijo que varias veces pidió salir de Villa Las Rosas para radicar las denuncias correspondientes pero hasta quien era su abogado le recomendó que no denunciara porque le “juez era pesado y tenía vínculos con hinchas de un club y se iba a hacer matar afuera”.
Precisó que sabía por un encargado de pabellón que “Muñeco”, “Oveja”y Ángel (funcionarios jerárquicos del penal) se hacían llamar los “Danger Boys”y que se juntaban una vez al mes en un catamarán y allí decidían a quiénes le otorgarían los beneficios.
El testigo confirmó que sabía que uno de sus compañeros de prisión le pagaba a un jefe del penal (imputado) para que le llevaran pizzas y marihuana. Tras estas manifestaciones y por encontrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública, el tribunal ordenó sacar copias de las actas y remitir las mismas a la fiscalía en turno para evaluar una investigación.
Martínez fue investigado por cobrar doble sueldo
Un informe de EL TRIBUNO consigna que el 8 de marzo de 2016 salió publicado en el Boletín oficial de esa provincia la designación de Martín Daniel Martínez en el cargo de juez de Ejecución y Detenidos de Segunda Nominación del distrito judicial Centro y Sur. Antes, para asumir como juez el letrado tuvo que renunciar al cargo de subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios.
En ese lapso de un cargo y otro, Martín Martínez fue investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos porque el magistrado cobró durante al menos seis meses un doble sueldo, como subsecretario y juez.
“Cómo puede pretenderse que una persona que hizo algo semejante esté apta moralmente para impartir justicia”, había señalado por entonces el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, doctor Manuel Santiago Godoy.
Martínez ocupó por varios años el cargo de subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios de Salta, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia que encabezaba Pamela Calletti, en el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
A comienzo del 2025 Martínez se apartó de la causa Lautaro Teruel -otro de lo internos de V° Las Rosas que pagó coimas para ser trasladado de pabellón-. Cuando regresó de la feria judicial, luego de revocar la prisión domiciliaria de Teruel, el magistrado decidió apartarse de la causa.
¿Los motivos? En un portal digital salteño el defensor del hijo del Nochero, denunció al juez de cobrar coimas a cambio de otorgar beneficios. Lo extraño de dicho artículo es que no menciona al denunciante ni cita las fuentes de sus declaraciones. A partir de eso, Martínez habría decidido excusarse en la causa con reserva de denunciar a Casabella Dávalos.
Condiciones infrahumanas
Una testigo que trabaja en políticas públicas, madre de un condenado que cursa 8 años de prisión relató que tenía una cuenta de Mercado pago con la cual operaba normalmente hasta que comenzó a no poder llevarle la comida a su hijo.
Declaró que era una constante que la comida era muy mala, por eso comenzó a llevársela a su hijo. “Ahora que estoy alojada doy fe de lo mala que es la comida”, dijo mientras se quebró ante el tribunal, mientras detalla que la comida viene con gusanos.
“Es normal en la vida de un preso, por eso piden que se les lleve la comida. Mi hijo no tiene beneficiosos, la pasó muy mal. La celda es muy húmeda y por un incidente le quitaron el calentador. Tuve que llevar un anafe pero me exigieron que sea comunitario. Le quitaron el anafe, se lo rompieron”.
Continuando con su terrible relato aclaró que su hijo tenía problemas de piel y no lo atendía el dermatólogo. Que tenía asma y no lo trataban. “Se agravó la situación de su rostro, tenía turno y no lo llevaron al hospital”, dijo.
Al momento que le preguntaron por Valencia dijo que le hizo pasar un celular y podía pasar un par de zapatillas para el hermano de Valencia. La cuenta la usaba para las comidas y para vender artesanías. Dijo no conoce a las personas a las que le hizo transferencia o de quien recibió. También indicó que no le encontraron ni estupefacientes ni balanzas en los allanamientos.
“Le achacaban tener un celular y que al negarlo le dijeron que no se haga la pícara que tenía que colaborar”, relató. “Estaba cansada de las llamadas de mi hijo. Estaba sobrepasada de tener que cuidar a mis nietas. Estaba con auditorias en mi trabajo”.
Fue en ese momento que señaló a Valencia con quien tenía un trato. Le decía que le pasaba cosas a su hijo y le mencionó que por 16 mil pesos le llevaba carne, cigarrillos, empanadas.
En el caso de Teruel “solo pedía que no lo violen”, dijo otro testigo, amigo de la de la familia del músico. Porque “los internos que llegan con esos delitos de esa cuantía son violados”, agregó. Declaró que solo se acercó porque su familia tenía mucho miedo. “Soy amigo de los Teruel y conocía a Viseglia (uno de los imputados). Por ello el vínculo.
Son 20 los imputados en la causa
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, en concurso real. Los otros implicados (internos y familiares) acusados por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, en concurso real.
