Se desarrolló una nueva jornada del juicio seguido contra veinte personas imputadas como miembros de una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1. La recepción de pruebas testimoniales continuó con la comparecencia –entre otros- de un testigo privado de su libertad, exinterno de la Unidad Carcelaria 1 actualmente alojado en un establecimiento penitenciario federal.
El sujeto, que solicitó declarar sin la presencia de los imputados, habló de los beneficios que obtuvo mientras estuvo en el penal de Villa las Rosas a cambio de dinero o de mercadería (carne).
Dijo que ingresó a la unidad carcelaria en 2019 y que a lo largo de su estadía obtuvo varios beneficios a través de uno de los funcionarios imputados, apodado “El Alfil”. Señaló que obtuvo salidas extramuro, salidas a la granja y aumento de puntaje en su concepto. Contó que el acusado le pasaba un número de cuenta adonde su papá transfería el monto solicitado. Agregó que miembros de su familia también abonaron montos en efectivo en sitios donde el imputado los citaba. Él llamaba a su padre o a su hermana con un celular que había logrado ingresar al penal, pago mediante. Cuando le secuestraron el teléfono en una requisa, el propio acusado le prestaba el suyo para que gestionara el envío de dinero.
El testigo hizo referencia a un encuentro puntual que tuvo su padre en una estación de servicio, donde le entregó al funcionario implicado la suma de 280 mil pesos.
Contó también que en varias oportunidades le pidió a su hermana (propietaria de una carnicería) que enviara asado crudo y costillares al agente penitenciario a cambio de los beneficios que le conseguía. En la audiencia se reprodujeron fragmentos de llamados telefónicos realizados por el testigo solicitando la carne. En uno de ellos, le indica a un pariente que envíe un pernil a la casa de la madre de otro interno (también imputado en la causa), porque ella se lo iba a hacer llegar al “Alfil”.
El testigo sostuvo que también pagaba por el ingreso de marihuana. Su familia hacía transferencias al agente penitenciario o a parientes de otro interno (imputado en la causa) para que le hicieran llegar la droga. Aseguró que no sabía quién era el proveedor de la sustancia, pero remarcó que el funcionario que lo sobornaba no operaba solo, que había otros uniformados implicados.
En su primera declaración, brindada en fiscalía, el interno también había mencionado a un jefe de pabellón (imputado en la causa) como el encargado de entrar la droga. Dijo que cuando este sujeto aparecía, los presos se alteraban porque sabían que él llevaba “el paquete”. Señaló que, como era jefe, no lo requisaban al ingresar al establecimiento.
Posteriormente solicitaron declarar dos de las mujeres –madre e hija- acusadas de haber participado en la comercialización de estupefacientes dentro del penal. Una de ellas refirió que se encontraba detenida en la Unidad Carcelaria 4 y durante las visitas intracarcelarias que realizaba a su hijo, alojado en la Unidad Carcelaria 1, inició una relación con otro interno. Cuando salió en libertad condicional, este sujeto le pidió que siguiera visitándolo. Ella sabía que no podía hasta tanto no purgara su propia condena, pero su pareja le aseguró que “ahí todo se conseguía con plata”. Sostuvo que por esa razón le transfirió dinero a un agente penitenciario. Y como ella no tenía cuenta bancaria propia, le pidió a su hija que usara la suya.
También dijo haber tramitado el ingreso de un celular al penal y que su pareja le envió dinero para que le pagaran a un agente por este beneficio.
Por su parte, la otra acusada sostuvo que ella también estaba en pareja con un interno del penal y que le pagó a un celador para que le hiciera llegar un teléfono celular. Contó que, posteriormente, al sujeto le secuestraron el aparato en una requisa y, como los datos de su cuenta estaban en el teléfono, quedó detenida. Agregó que su novio también le pedía que enviara dinero para la compra de madera, pero después supo que en realidad era para marihuana. Finalmente refirió haber recibido transferencias del novio de su mamá para pagarle a un celador que le entregó un celular.
Para las próximas audiencias está prevista la declaración de otras de las personas imputadas en la causa.
El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
