El juez Sebastián Casanello les prohibió salir del país a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y al resto de los investigados. Por su parte el fiscal Franco Picardi rastrea en la contabilidad de la droguería Suizo Argentina y sus contratos con la Agencia de Discapacidad. Corre la cuenta regresiva por acceder al contenido de teléfonos y computadoras.
Desde que se conocieron los explosivos audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que el gobierno de Javier Milei está en shock. No hay una explicación acerca de semejante obscenidad de pedidos de coimas en un sector tan sensible como los es el de la discapacidad.
El fiscal federal Franco Picardi se metió en la contabilidad de la droguería Suizo Argentina y en sus vínculos como intermediario de contrataciones con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Pidió documentación específica sobre movimientos económicos de la empresa proveedora de medicamentos, también códigos de ética, conformación societaria y otros datos de la firma. En el allanamiento a la sede de la ANDIS se secuestraron papeles de pagos a la empresa Suizo Argentina por 10.828.052.146 pesos.
Según un informe de Clarín, el representante del Ministerio Público Fiscal también ordenó una “extracción en caliente” de la información de los teléfonos celulares secuestrados en todos los operativos. A su vez, el juez de la causa, Sebastián Casanello, les prohibió salir del país a todos los investigados, entre ellos Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En el domicilio de Emmanuel Kovalivker, en Nordelta, la Policía encontró al empresario en un auto con sobres en los que tenía distribuidos cerca de 266 mil dólares junto con anotaciones. Todo fue secuestrado junto con su teléfono celular.
Los explosivos audios de el ahora extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y la posterior denuncia del abogado Gregorio Dalbón, dieron origen a una investigación penal. En la conversación que fue difundida esta semana, Spagnuolo describe cómo habría sido la supuesta operatoria ilegal que habría sucedido por intermedio de subordinados suyos en la ANDIS: “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”.
El abogado agrega en otro tramo de los audios: “A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”, sostiene. En otro pasaje, Spagnuolo asegura: “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina… Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”.
En ese contexto la justicia realizó al menos 15 allanamientos que se desarrollaron desde la madrugada y aún continuaban durante la tarde de este viernes. El pedido lo formuló el fiscal Picardi, que tiene delegada la investigación, lo que -en principio- no exige la formulación de una imputación. Sin embargo, se fundamentaron los operativos a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Foto Santiago Garcia Díaz.
El punto de partida
La denuncia penal la interpuso el abogado Gregorio Dalbón y es contra Javier Milei, Presidente de la Nación; Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación; Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General; Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
La sospecha es que todos “habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican”.
Todo comenzó con los audios filtrados de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde habla de la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos.
