Fue detenido hace unas horas luego de robarse una camioneta secuestrada en el canchón municipal de Salta. Además carga con un antecedente penal cuando fue acusado y encontrado responsable de falsificación de documento público y usurpación de títulos, en concurso ideal. En 2013 mientras era concejal capitalino, atropelló a un turista en un siniestro vial sobre la ruta 9/34 y por el cual fue encontrado culpable.
Mientras las autoridades del Colegio de Abogados de Salta le sacan varices a la pata de cama y duermen la eterna siesta del “sueño de justo”, como dicen los mexicanos, el abogado Martín Miguel Poma Ovejero –más cholo que ir al Club 20 a tomar el té con las viejas copetudas– enfrenta otro escándalo y ni un solo apercibiendo por el tribunal de ética aparece ni de casualidad en el firmamento del amigo Humberto Burgos.
Esta vez el muchacho de apellidos ilustres se despachó con una digna de una crónica bizarra: resulta que se robó una camioneta secuestrada del canchón municipal. Ante esto la Jueza del Tribunal de Faltas del Municipio de Salta, 3º Nominación, denunció que una persona presentó un decreto sin su firma y solicitó la liberación de una camioneta Volkswagen Amarok que había intervenido en la colisión, circulaba sin documentación adecuada. Al retener el vehículo, un abogado local, afirmando ser el propietario, se ofreció a conducirlo a la Comisaría.
Tras unas cuadras alegó desperfectos mecánicos, razón por la cual los agentes que custodiaban el vehículo, volvieron a solicitar la grúa. Sin embargo, el letrado se subió al rodado e intentó llevársela, por lo que el agente denunciante –al mejor estilo CHIPS– colocó su motocicleta delante. En ese momento, habría sido agredido y amenazado por dos matones que acompañaban al abogado, resultando con daños su casco protector y la motocicleta.
El abogado se dio a la fuga en la camioneta pero los otros agentes de tránsito le dieron alcance y finalmente, el conductor accedió a llevar el vehículo a la Comisaría de Santa Lucía.
Acá no pasó nada
Obviamente que la justicia salteña tiene una vara para medir los delitos de los “negros sin apellido” y otra para los cholos portadores de apellidos encumbrados.
Resulta difícil de creer que un sujeto que mató a un turista de nombre Carlos Vera sobre la ruta 9/34 ocurrido en 2013, esté involucrado en una aventura delictual a bordo de una camioneta huyendo de la policía. Ni siquiera debería tener permiso para estacionar el auto de su esposa debajo del árbol de la vereda de su casa. Pero en fin, eso ya es agua pasada y da igual. Un muerto más en las rutas de Salta ¿a quién le importa?
Fue condenado recién en 2018 por homicidio y lesiones culposas. Ergo, ahora aparece robando una camioneta y huyendo de los elementos de la ley hasta zona sur, donde finalmente lo atraparon. Así funciona la justicia en Salta.
Pero resulta que en abril pasado se conoció la noticia de que el juez federal Guillermo Federico Elías, había hecho lugar al pedido de elevación a juicio requerido por el fiscal general Carlos Amad contra… nada más ni nada menos que… Martín Miguel Poma Ovejero, acusado por falsificación de documento público y usurpación de títulos, en concurso ideal.
En esa instancia la fiscalía dio por cerrada la investigación penal y ratificó la responsabilidad penal del abogado en el hecho ocurrido el 1 de julio del año pasado, en la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal N° 2, donde el juez Abel Fleming, quien presidía una audiencia de ejecución penal referida a un recluso, advirtió irregularidades en la credencial presentada por el abogado defensor.
