Tras el fallo por YPF, Burford Capital Ltd compró un juicio por USD 17 millones y reclama más de USD 16.000 millones. La justicia de Nueva York ordenó a la Argentina entregar el 51% de YPF. Burford Capital lidera la ofensiva judicial con apoyo de Eton Park y otros inversores institucionales. La resaca de los malos manejos de los gobiernos kirchneristas comienza a mostrar sus peores consecuencias
El fallo judicial que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF reactiva un negocio millonario para fondos especializados en litigios. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dispuso este lunes que la República Argentina transfiera a una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon sus acciones Clase D de YPF, como parte de pago de la sentencia por la expropiación de la petrolera estatal. La orden otorga 14 días de plazo para cumplir con la cesión.
Un detallado informe publicado en BAE NEGOCIOS consiga que los principales beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital Ltd, con sede en Londres, y Eton Park, de origen estadounidense. Ambos se dedican a litigar contra Estados soberanos o grandes compañías en quiebra. No actúan como fondos de inversión diversificados, sino que compran créditos judiciales con expectativas de cobro. En el mercado legal internacional se los conoce como fondos buitre.
Burford es el actor principal del juicio contra YPF y el Estado argentino. Inició el proceso en 2015 en representación de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, estructuras registradas en Madrid que, antes de la expropiación, recibían dividendos de YPF para pagar los créditos con los que habían adquirido el 25,4% de la compañía entre 2008 y 2011.
Con la renacionalización impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, esos dividendos se interrumpieron y las acciones pasaron a manos de los acreedores financieros de los Eskenazi, entre quienes figuraban Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP, Itaú, Santander, entre otros.
Cómo entró Burford Capital en el caso YPF
El administrador concursal de Petersen en España, Luis Armando Betancor, consideró que la Argentina había violado el estatuto societario de YPF, al no lanzar una oferta pública de adquisición sobre el 49% restante, como lo exigía la normativa interna de la empresa. Ante la imposibilidad de afrontar un juicio extenso, abrió un concurso de financiamiento y fue Burford Capital quien compró el derecho a litigar por USD 17 millones, esperando una “recuperación de múltiplos sustanciales de esa cantidad”, según reconoció en su balance anual de 2015.
Burford informó entonces que tenía derecho al 70% de lo recuperado, aunque debía asumir “gastos significativos”. A medida que el litigio avanzaba, empezó a vender participaciones. En 2016 cedió el 1% por USD 4 millones y luego un 10% por USD 40 millones. Para 2019, había vendido hasta el 38,75% de sus derechos por USD 236 millones, dejando el caso valuado en más de USD 1.000 millones.
Aun así, el 30% restante continúa bajo la administración del concurso. En el mercado se especula con la posibilidad de un acuerdo privado entre Burford y la familia Eskenazi, aunque no existe confirmación oficial.
El rol de Eton Park y el aumento de la acción de Burford
El otro fondo involucrado es Eton Park Capital Management, creado por el ex Goldman Sachs Eric Mindich, que cerró en 2017 por malos resultados. En este caso, Burford no solo financió su demanda, sino que también retiene el 75% de una eventual recuperación, según declaró en su balance de 2019. Por lo tanto, Eton Park quedaría con el 25% restante si el cobro se concreta.
La cotización de Burford Capital Limited escaló 21,21% en la Bolsa de Nueva York tras conocerse la orden de Preska. En paralelo, las acciones de YPF se hundieron 5,7%, con una caída que llegó al 8% en algunos tramos del día. Los papeles se negociaban en torno a los USD 31,43, en un cambio abrupto luego de haber abierto al alza.
“Se ordena a Argentina entregar las acciones”
En el dictamen, la jueza Preska sostuvo que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida”, y que las acciones de empresas “son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York”. La magistrada descartó que el artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF impida la cesión, al señalar que las constancias accionarias de Caja de Valores acreditan su plena transferibilidad.
Preska también rechazó la inmunidad de la Argentina bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, al considerar que las acciones de control se utilizaron en actividades comerciales dentro de Estados Unidos, como la cotización de YPF en la NYSE, su programa de ADR, su registro ante la SEC y la venta de bonos a inversores estadounidenses.
“Las consideraciones de comidad internacional favorecen la concesión del alivio solicitado por los demandantes debido al fuerte interés de los Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias”, escribió.
Un juicio que sigue escalando
La resolución puede ser apelada. La Argentina ya apeló la sentencia original en 2023, pero no presentó la garantía (supersedeas bond) que habría evitado el avance de las ejecuciones. En septiembre pasado, incluso el gobierno de EEUU pidió que no se avance con la entrega de acciones de YPF, pero Preska desoyó ese planteo.
El proceso continúa en los tribunales de Nueva York, con los activos de YPF en el centro de la disputa. La transferencia ordenada por la jueza representa un hito clave en el intento de cobro iniciado por Burford hace casi una década.
