Hay libros que se leen para aprobar un examen. Hay otros que se leen para evitar un problema. La omnipotencia de la prensa, de Carlos S. Fayt, pertenece a la segunda categoría. Publicado por primera vez en 1994 y reeditado en 2005 por La Ley, el libro no es un manual de estilo ni una defensa corporativa del periodismo. Es un tratado sobre los límites y los poderes de la palabra pública, escrito por alguien que conoció los dos lados del mostrador: la academia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La obra se organiza en dos grandes bloques. El primero aborda la comunicación, la información, la democracia contemporánea y el poder de la prensa. El segundo entra de lleno en el sistema constitucional argentino, la garantía de publicar sin censura previa, el derecho de rectificación y la jurisprudencia comparada entre Argentina y Estados Unidos. Pero lo que conviene retener, a la hora de emitir juicios de valor sobre otras personas, es una distinción que Fayt desarrolla con precisión y que la Corte Suprema argentina ha reiterado en fallos posteriores: no es lo mismo afirmar un hecho que emitir una opinión.
Hechos y opiniones no se juzgan igual
La doctrina de la real malicia, importada de New York Times vs. Sullivan y adoptada por la Corte Suprema argentina, establece que quien difunde información de interés público sobre funcionarios o figuras públicas solo responde si el afectado prueba que lo hizo con conocimiento de la falsedad o con notorio desinterés por la verdad. Esa protección es amplia, pero tiene un límite claro: solo se aplica a la afirmación de hechos.
La propia Corte Suprema lo dijo con todas las letras en el caso Brugo: el estándar de la real malicia “resulta inaplicable a los supuestos de expresión de ideas, opiniones y juicios de valor”. Respecto de las opiniones, “no es posible predicar verdad o falsedad”. Esto significa que cuando alguien emite un juicio de valor, no puede escudarse en la real malicia para decir cualquier cosa. La pregunta deja de ser “¿es verdad lo que digo?” y pasa a ser otra: ¿es necesario, pertinente y proporcionado decirlo así?
La vara de Fayt para el juicio de valor
Fayt escribe en un contexto donde la prensa necesita margen para no autocensurarse. Pero ese margen no es infinito. La Corte Suprema ha fijado un criterio que conviene tener a mano: las opiniones agresivas contra el honor de terceros solo pueden ser objeto de reproche jurídico cuando se utilizan “palabras inadecuadas”, es decir, cuando la forma de la expresión es injuriosa y no guarda relación con la idea que se pretende exponer. En otras palabras: “no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita o injustificada”.
Eso no significa que no se pueda criticar con dureza. La misma Corte ha dicho que en el debate sobre temas de interés público no solo se protegen las expresiones inofensivas, sino también “aquellas que chocan, irritan o inquietan”. La línea no está en la molestia que causa la crítica. Está en si lo que se dice tiene sustento, si se atribuye a una fuente verificable, si se distingue entre lo que se sabe y lo que se sospecha, y si el lenguaje utilizado es el de la argumentación o el del agravio.
La pregunta que cada uno debería hacerse
Fayt no escribió un libro para castigar a nadie. Escribió un libro para que la prensa pueda defenderse del poder sin convertirse ella misma en un poder sin control. Pero esa defensa tiene un precio: la responsabilidad de saber qué se dice y cómo se dice.
Cuando alguien emite un juicio de valor sobre otra persona, la pregunta que Fayt obliga a hacerse no es si el otro “se lo merece”. La pregunta es si lo que se dice pasaría el filtro de un estándar mínimo de rigor: ¿hay base para decirlo? ¿Se agotó la verificación razonable? ¿La forma elegida es la de la crítica o la del escarnio?
El libro está disponible en bibliotecas y librerías jurídicas. No hace falta que nadie señale a quién le conviene leerlo. Cada comunicador sabe, en su fuero interno, si lo que dijo resistiría el examen. Fayt escribió la brújula. Lo mínimo es consultarla antes de salir a navegar.
