La escena se repite sin solución de continuidad, adolescentes robando a plena luz del día con una impunidad absoluta. Pero de vez en cuando la intoxicación les juega una mala pasada, y esta vez dos energúmenos huyendo en una moto por las calles de Buenos Aires, el accidente, la persecución y la detención. Se vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué está haciendo la Argentina con los chicos que deberían estar en un aula y terminan esposados?
La escena dura menos de un minuto pero condensa una década de fracasos. Dos menores circulan a alta velocidad en una moto por Ramos Mejias. Detrás, el patrullero. Adelante, el semáforo en rojo que no respetan. El impacto, la caída, los cuerpos arrastrados por el asfalto. Minutos después, la Policía los reduce y los detiene. El video, difundido en redes, generó el habitual festival de comentarios: indignación, ironía, pedidos de “mano dura”. Casi nadie, sin embargo, se detuvo a preguntar lo evidente: ¿por qué esos chicos no estaban en la escuela?
La respuesta no es sencilla, pero tampoco misteriosa. En la Argentina, miles de adolescentes abandonan el secundario cada año. Las causas se repiten: adicciones, marginalidad, trabajo informal, familias fragmentadas, escuelas que no logran retener, trayectorias educativas interrumpidas y nunca retomadas. Para muchos, la calle —y el delito— se convierte en la única estructura disponible: un lugar donde hay reglas, pertenencia y sobre todo ingresos.
El fenómeno no es nuevo, pero se agrava. Según datos de organismos de infancia, la mayoría de los adolescentes imputados por delitos en Argentina proviene de barrios con altos índices de vulnerabilidad social y de escuelas con trayectorias de abandono. No se trata de “chicos malos”: se trata de chicos a los que el Estado llegó tarde, mal o nunca.
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El paro social de una generación
Hay una expresión que los sociólogos usan cada vez más para describir este fenómeno: paro social. No es el desempleo formal, sino algo más profundo: la desconexión de una generación entera de las instituciones que deberían contenerla —la escuela, el club, el trabajo, la familia extendida—. Jóvenes que no estudian ni trabajan, que quedan fuera del radar de las políticas públicas y que, cuando aparecen en los medios, aparecen esposados.
La naturalización de la violencia es la otra cara de esta moneda. Para muchos de estos chicos, la violencia no es una excepción: es el lenguaje cotidiano. La ven en casa, en el barrio, en la pantalla del celular. La ejercen y la sufren. Y cuando la sociedad responde con más violencia —más patrulleros, más detenciones, más encierro—, el círculo se cierra sobre sí mismo.
Lo que el video no muestra
El video muestra la huida y la detención. No muestra la escuela que los expulsó, ni la noche en que no comieron, ni el padre ausente, ni la oferta laboral que nunca llegó. No muestra al Estado que no estuvo. Y no muestra, tampoco, la salida: porque la salida existe, pero requiere algo más que esposas.
Requiere escuelas que retengan, políticas de inclusión reales, acompañamiento a las familias, oportunidades concretas para los que hoy ven en la moto robada su única posibilidad de futuro. Requiere, en definitiva, decidir que estos chicos importan antes de que aparezcan en un video.
Mientras tanto, la escena se repite. La moto, el patrullero, el accidente, la detención. Y una sociedad que, entre el “que se jodan” y el “pobrecitos”, sigue sin hacerse la pregunta que importa: ¿en qué momento dejamos de esperar que estos chicos estuvieran en el colegio?
