La Provincia llevó el reclamo al Congreso y pidió conocer cuántos expedientes demorados corresponden a salteños. De 90.791 trámites iniciados desde 2024, solo 10.374 fueron resueltos. Más de 80 mil trámites de pensiones no contributivas por invalidez permanecen sin resolución en el país, una situación que Salta llevó al Congreso de la Nación durante el debate por la emergencia en discapacidad y el Presupuesto 2027.
La directora de Discapacidad de la Provincia, Isabel Soria, expuso ante las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y reclamó precisiones sobre las demoras que afectan a personas que esperan acceder al beneficio.
De acuerdo con las cifras presentadas, desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites de pensiones no contributivas por invalidez en todo el país, pero únicamente 10.374 fueron resueltos. Los 80.417 expedientes restantes continúan pendientes.
“Estamos hablando de más de 80.000 personas en todo el país que hoy continúan a la espera de una respuesta del Estado”, planteó Soria ante los legisladores.
Salta pidió saber cuántos expedientes corresponden a la provincia
Uno de los reclamos concretos fue acceder a información desagregada para determinar cuántos de esos más de 80 mil trámites corresponden a personas de Salta, cuánto tiempo llevan demorados y en qué instancia administrativa se encuentran.
La funcionaria señaló además que en Salta hay alrededor de 65 mil personas con Certificado Único de Discapacidad.
El Programa Incluir Salud registra 39.973 beneficiarios en la provincia, de los cuales 32.472 —el 81,2%— son titulares de pensiones no contributivas por invalidez.
El reclamo que Salta llevó al Congreso
La Provincia planteó una agenda de cinco puntos que incluye el acceso a información nacional discriminada por jurisdicción, mayor financiamiento para Incluir Salud, políticas federales de rehabilitación, fortalecimiento de los sistemas de apoyo y capacitación permanente de los equipos que trabajan en territorio.
Soria puso especialmente el foco en las dificultades que enfrentan quienes viven lejos de los grandes centros urbanos y sostuvo que el acceso a derechos y prestaciones no debería depender del lugar de residencia.
La exposición se produjo mientras el Congreso analiza la situación de la emergencia nacional en discapacidad y el proyecto de Presupuesto 2027
