El hecho ocurrió en la localidad jujeña de Calilegua. Julio Jalit conducía una camioneta que chocó con la motocicleta que conducía el obrero. Testigos afirmaron que el intendente iba muy rápido.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy informó que promovió acción penal por el delito de “homicidio culposo ocurrido por la conducción de un vehículo automotor” contra el intendente de la localidad salteña de Pichanal, Julio Jalit, quien el martes último protagonizó un siniestro vial en el que murió el obrero Rubén Marino Guitián, de 40 años.
PAGINA 12 indica que el siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 6.15 de la mañana del martes último, 18 de agosto, sobre la ruta nacional 34, en el acceso norte a la localidad de Calilegua, en el departamento Ledesma de la provincia de Jujuy. Jalit transitaba por la ruta, a la que ingresó Guitián, que regresaba de cumplir su jornada laboral en el sector Yapeyú del Ingenio Ledesma.
Guitián conducía una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, mientras que Jalit (de 60 años) iba en una camioneta Toyota Hilux gris (dominio AG 846 UY), de propiedad de la Municipalidad de Pichanal.
Como consecuencia directa de la colisión, Guitián sufrió lesiones de extrema gravedad en su cabeza que le causaron el fallecimiento instantáneo. Por su parte, la camioneta finalizó su trayectoria despistada en la banquina adyacente a la ruta.
El Ministerio Público fiscal de Jujuy informó ayer que el examen de alcoholemia del intendente dio “resultado negativo”. El conductor quedó en libertad a disposición de la justicia jujeña.
El MMPA precisó que “se encuentra en curso la Investigación Penal Preparatoria (IPP) dirigida a establecer de forma definitiva las circunstancias y responsabilidades en torno” al siniestro vial.
Ni bien ocurrido el siniestro vial, el ayudante fiscal Mariano Medina coordinó las tareas operativas e investigativas en la escena junto con personal policial de la Seccional Nº 41 de Calilegua y la Dirección de Criminalística UR4, junto a Federico Estrada, del Organismo de Investigación del MPA.
“Las actuaciones se tramitan con la celeridad y rigurosidad del caso en resguardo de los derechos de los familiares de la víctima, quienes se encuentran debidamente asistidos por los equipos del MPA”, aseguró el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.
Enriquecimiento ilícito y fraude
Julio Jalit enfrenta otro proceso judicial en la provincia de Salta, acusado por irregularidades en el manejo de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, un trámite que involucra a otras ocho personas de su entorno. Aunque la investigación data de 2019, el juicio oral aún no se realizó. Originalmente, se había previsto iniciarlo en noviembre de 2025, pero se suspendió sin fecha por planteo de su defensa.
Jalit está acusado por una larga lista de delitos: “estafa por fraude a la administración pública por administración fraudulenta en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; peculado de servicios; utilización y transporte de residuos peligrosos y domiciliarios que envenenaren, adulteraren o contaminaren de un modo peligroso para la salud, el agua, la atmósfera y el suelo o el ambiente en general; fraude a la administración pública por administración fraudulenta; omisión maliciosa de presentar y por falsear datos en las declaraciones juradas patrimoniales; y enriquecimiento ilícito, en concurso real”, acusación que comparte con otras ocho personas.
Inicialmente el intendente había sido imputado solo por enriquecimiento ilícito, pero en 2020 la fiscal penal Mónica Viazzi amplió la imputación contra él, y también imputó a otras ocho personas, entre ellas el cuñado del intendente, Sergio Castillo y Sergio Daniel Castillo Jalit.
También están imputados el ex tesorero municipal, Ricardo Murúa Enrique; los comerciantes César Gómez y Luis Enrique Juárez, el contador Renzo Reynaldo Ruiz y los abogados Leonardo Darío Macarón y Lilia Amanda Klarmann. A todos se les atribuyen distintos grados de responsabilidad en el delito de estafa por fraude en perjuicio de la administración pública.
Según informó el Ministerio Público Fiscal en su momento, Jalit emitió casi 1.400 cheques irregulares, que suman más de $23.000.000. De la mano con esta actividad “tuvo un incremento significativo de bienes desde el inicio de su gestión hasta su cese, de los ingresos derivados de la inyección de fondos de origen espurio e ilegal”, se señaló en el primer decreto de imputación.
La fiscal aseguró que el jefe comunal incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, porque autorizó la salida de fondos y emitió órdenes de pago y cheques y otros créditos a favor de empresas privadas que contrataban con el municipio y lo hizo en perjuicio del erario municipal, el interés que él debía representar y defender.
De los ejercicios que hasta 2020 se habían peritado en la investigación, surgió que en 2014, 2017, 2018 y 2019, el intendente y Murúa, que entonces era tesorero municipal, emitieron 1.394 cheques, por un total de $23.494.711, aunque este monto era estimativo, porque restaba ampliar la pericia contable y verificar otros años de la gestión Jalit, entre 2003 y 2019, dado que “constan en la causa numerosos cheques que habrían sido librados de forma irregular o ilegítima”, señaló la fiscalía.
A Murúa se le atribuye beneficiar a la empresa Astillero SRL y “también firmó cheques en beneficio propio o de sus familiares”.
Sobre Gómez y Juárez, la fiscalía sostuvo que prestaron sus nombres apareciendo como dueños de empresas unipersonales que ni siquiera declaraban ingresos y, sin embargo, figuraban en libros, bancos, órdenes de pagos, de compra y facturas, como encargados de realizar obras públicas. Aunque en realidad los fondos abonados por Jalit y Murúa a través de cheques “eran negociados o percibidos por Astillero SRL”, cuyos representantes legales son o eran Macarón y Klarmann.
Además, Juárez y Gómez cobraban haberes en relación de dependencia con el municipio. Sin embargo, Gómez no trabajaba y solo iba a cobrar mensualmente. En cambio, sí se desempeñaba en las empresas rurales privadas de Jalit.
Viazzi sostuvo que Murúa, Jalit, Juárez, Gómez y Renzo Ruiz permitieron que cuantiosas sumas salgan del erario municipal hacia terceros, la empresa Astillero SRL, y hacia el propio Jalit, sin ningún tipo de respaldo documental, como lo observó la Auditoria General de la Provincia.
Y Juárez y Gómez prestaban sus nombres para ocultar a los reales beneficiarios o destinatarios de los créditos, el propio Jalit y las firmas Astillero SRL y KyM, representadas legalmente por Macarón y Klarmann, quienes se beneficiaron con fondos públicos, a través de por lo menos 496 cheques.
Además, Jalit compraba combustible a Astillero SRL para sus fincas privadas y a su vez la empresa era proveedora de la Municipalidad de Pichanal.
Y las farmacias Rivadavia y Cejota SRL, que pertenecen a la sociedad de hecho Jalit – Castillo Sergio, “recibieron pagos cuantiosos con títulos de crédito con fondos del municipio”. Hasta donde avanzó el peritaje en 2020 se habían contado 108 cheques a favor de Cejota SRL y 68 a favor de Farmacia Rivadavia. En este caso, Castillo y su hijo Castillo Jalit “percibieron o negociaron títulos de crédito con fondos municipales y se apropiaron de ellos; el primero por ser socio y el segundo, por ser apoderado de ambos”.
En este marco la fiscalía apuntó a las declaraciones juradas patrimoniales del intendente. La investigación determinó que omitió y falseó datos al informar sobre su patrimonio.
Además, la Fiscalía determinó que Jalit tampoco rindió ingresos al municipio de Pichanal en concepto del Fondo Federal Solidario, del Plan Alimentario Nutricional Provincial y del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.
También se detectaron dobles imputaciones respecto de obras ya presupuestadas pero que no se hicieron.
Por otro lado, Jalit fue imputado por contaminación ambiental porque ejerciendo “acciones claramente abusivas de su poder de intendente municipal”, invadió una propiedad privada, donde dispuso que se arrojen los residuos de la ciudad, tanto domiciliarios como patógenos y hasta líquidos cloacales. Esto provocó una demanda civil y el municipio fue condenado a pagar $3.500.000.
Jalit estuvo en la función pública desde 1991 hasta diciembre de 2019. Cuando la fiscala Viazzi empezó a investigarlo de oficio, en marzo de 2019, llevaba 15 años y 3 meses de gestión al frente del ejecutivo municipal y tenía un patrimonio que superaba los 500 millones, con vehículos de alta gama, maquinarias agrícolas y más de una decena de fincas. En 2023 volvió a ser electo intendente, cargo que ocupa ahora mismo.
