En poco tiempo un grupo de policías irán a juicio requeridos desde el MPF por expreso pedido del señor Jean Michel Bouvier –padre de una de las víctimas–, por haber causado tormentos, torturas y vejaciones contra detenidos durante la etapa de instrucción. Esos elementos de la ley pertenecientes a la Brigada de Investigaciones con la colaboración de oficiales de la comisaría de San Lorenzo están imputados.
El defensor de Daniel Vilte Laxi, el Dr. Marcelo Arancibia, además de tener una actuación sobresaliente durante ese debate oral y público, además de darle la libertad a su representado logró algo que al día de hoy recobra un valor absoluto en cuanto al funcionamiento de las instituciones.
Sucedió en 2014, durante una audiencia donde un testigo que declaraba y que esta redacción preservará su identidad por razones obvias, ante las preguntas del defensor se quebró al recordar aquella noche infernal en que lo torturaron con la inconfesa idea que su autoincriminara en los barbáricos crímenes de Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
Resultó que lejos de cumplir con sus trabajos, este hato de rufianes uniformados, salieron a cazar al que les quedara más cómodo para señalar como quienes habían acompañado al asesino Gustavo Lasi, en esa terrorífica faena donde violaron y mataron a las víctimas.
Ver esta publicación en Instagram
Entre el festín de torturas apareció ese testigo a quien Arancibia le interrogó acerca de que le preguntaban los policías en la comisaría de San Lorenzo; a lo que el declarante fue taxativo en responder que la intención del interminable y traumático interrogatorio que duró hasta las 4 de la madrugada, solo perseguía la intención de incriminarlo en el doble femicidio.
Ante esto, el presidente del tribunal, el juez Amadeo Longarte, interrumpió al defensor recordándole que el proceso ya estaba tramitándose tras la denuncia hecha por el mismo Arancibia.
Pero el reconocido penalista insistió en que debía conocerse la verdad de esos hechos durante ese debate de 2014, por el bien de las instituciones y la buena salud del marco republicano, el cual no debe tolerar jamás este tipo de conductas de quienes están obligados como servidores públicos no utilizar los elementos del estado para atormentar a personas que ni siquiera han sido condenadas e incluso prestaron su colaboración para esclarecer el peor caso criminal de la historia judicial de Salta.
