Asistidos por sus abogados particulares, un hombre y una mujer señalaron al que permanece prófugo, como autor de las maniobras delictivas.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y el auxiliar fiscal Pablo Nieva representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de investigación penal preparatoria en la que se imputó a un hombre y a una mujer por el delito de estafas reiteradas (cinco hechos), en concurso real, en calidad de partícipes necesarios.
Durante la audiencia, ambos fueron asistidos por sus abogados particulares y, al prestar declaración, señalaron al hermano del imputado, quien permanece prófugo, como autor de las maniobras investigadas.
La jueza del distrito Centro, María Victoria Montoya Quiroga tuvo por formalizada la investigación, dispuso el arresto domiciliario para el hombre y medidas sustitutivas para la mujer.
La investigación de UDEC se inició a partir de cinco denuncias de personas que manifestaron haber sido perjudicadas mediante distintas modalidades de inversión relacionadas con la adquisición y alquiler de vehículos y la promesa de obtener rentas mensuales en dólares o la restitución del capital invertido.
Según la imputación formulada por la Fiscalía, una de las denuncias corresponde a un matrimonio que, luego de vender su vivienda familiar para construir una nueva, entregó el equivalente a 90 mil dólares tras una propuesta de inversión. Cuando solicitaron la devolución del dinero, habrían recibido como garantía documentación correspondiente a vehículos pertenecientes a una empresa vinculada a los investigados, los que presentaban impedimentos para su libre transferencia.
Otro de los hechos involucra a una mujer y sus dos hijos, quienes habrían celebrado contratos de mutuo por un total de 275 mil dólares bajo la promesa de percibir una renta mensual fija del cuatro por ciento en moneda extranjera. Los pagos se habrían interrumpido meses después y el capital nunca habría sido restituido.
Otras dos personas manifestaron haber invertido en la adquisición de vehículos destinados a una empresa de alquiler, percibiendo inicialmente los pagos pactados. Posteriormente habrían sido persuadidas para reinvertir en nuevos automóviles y, al intentar recuperar sus bienes, advirtieron que algunos de ellos se encontraban prendados o sujetos a contratos de leasing, además de registrarse incumplimientos en los pagos y la entrega de cheques que fueron rechazados por falta de fondos.
El quinto hecho corresponde al propietario de una concesionaria de automóviles de Tucumán, quien denunció haber entregado alrededor de 165 millones de pesos para la adquisición de diez vehículos que serían explotados comercialmente por una empresa vinculada a los investigados. Según expuso, nunca percibió la renta acordada y posteriormente tomó conocimiento de que los rodados habrían sido transferidos a terceros.
Según la imputación formulada por UDEC, los investigados habrían utilizado las sociedades Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., presentadas bajo el nombre comercial FIT Rent a Car, para captar fondos mediante promesas de rentabilidad vinculadas a inversiones y alquiler de vehículos, valiéndose de la confianza generada con las víctimas, de contratos y documentación que otorgaban apariencia de legitimidad. De acuerdo con la acusación, una vez obtenidos los aportes económicos incumplieron las obligaciones asumidas, ocasionando un importante perjuicio patrimonial a los denunciantes.
