La Corte de Apelaciones de Columbia, en Estados Unidos, rechazó el pedido argentino para desestimar la demanda de Titan Consortium. El Estado había sido condenado por el CIADI por la expropiación de Cristina Kirchner al grupo español Marsans.
La Corte de Apelaciones del estado de Columbia, Estados Unidos, rechazó este martes una apelación de la Argentina para desestimar la demanda del fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
El Estado había sido condenado en 2017 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial a pagar 320 millones de dólares más intereses -que ahora suma en total US$ 390 millones- por la expropiación de la aerolínea, pero la Argentina no cumplió el fallo hasta el momento.
Clarín en su portal digital asegura que por eso, Titan Consortium inició la demanda en Washington DC para ejecutar la sentencia del Banco Mundial.
El gobierno de Cristina Kirchner expropió en 2008 Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans, en medio de una ola de nacionalizaciones de empresas que operativamente funcionaban mal y veía como estratégicas.
Marsans vendió los derechos de litigio al fondo Burford Capital, el mismo que financió las demandas perdidas por el caso YPF, y después Burford los transfirió a Titan Consortium.
“Menem lo hizo”
La privatización de Aerolíneas Argentinas, ejecutada en 1989 durante la presidencia de Carlos Menem, fue una operación emblemática de su plan de reforma del Estado. A través del Decreto 1591/89, se dispuso la privatización parcial de la aerolínea, buscando la participación mayoritaria de capital privado mediante una licitación pública internacional.
El objetivo central era sanear las finanzas de la empresa y mejorar su eficiencia, trasladando su gestión al sector privado. Este proceso culminó en 1990 con la venta de la compañía al consorcio español Iberia, aunque se establecieron condiciones como la protección de los convenios colectivos de trabajo y la implementación de un Programa de Propiedad Participada para los empleados.
La medida, parte de un programa de privatizaciones que incluyó otras empresas públicas, generó un profundo debate y fue vista por sus críticos como un reemplazo de monopolios estatales por privados, con un alto costo social , mientras que sus defensores la consideraban necesaria para la modernización del país.
