Gustavo Alberto Tolava resultó condenado a la pena única de cinco años de prisión efectiva como responsable de los delitos de amenazas y coacción. La condena fue dictada por el juez Aldo Rubén Saravia en el marco de la audiencia de cesura. El monto resultó de la unificación con una condena previa dictada al acusado en mayo de 2024.
El sujeto en cuestión es un personaje conocido en Ciudad Judicial, también individualizado por el alias de “El procurador” o también como “el facilitador”. Tolaba solía ser visto seguido en la confitería de tribunales, hasta que recibió su primera condena. El sujeto fue denunciado en marzo de 2023 por la abogada penalista Sandra Domene. La damnificada dijo haber recibido amenazas de agresión física y sexual por parte del imputado.
El juez mantuvo la declaración de reincidencia por tercera vez y dispuso que se practique el correspondiente cómputo. Además ordenó que se extraigan muestras genéticas al imputado y que se libre oficio al Servicio Penitenciario para que reciba el tratamiento indicado por su patología y la medicación prescripta mientras permanezca privado de su libertad.
Durante la audiencia de determinación de pena, el juez escuchó en primer término el pedido de las partes y el planteo de circunstancias agravantes y atenuantes.
La fiscalía solicitó para el acusado una condena de dos años y diez meses de prisión efectiva. La damnificada, que ofició de querellante, pidió que se lo condene a tres años y medio de prisión efectiva. La defensa, en tanto, requirió el mínimo de la escala penal, es decir, dos años de prisión efectiva y unificación composicional con la condena anterior. Subsidiariamente, solicitó que se disponga el arresto domiciliario del imputado en razón de su discapacidad, con las medidas de coerción que se consideren necesarias.
Luego de deliberar, el juez determinó el monto de la pena. Previo a comunicarla, fundamentó oralmente las razones de su decisión. Expuso sobre la normativa aplicada y el análisis de las circunstancias agravantes y atenuantes esgrimidas por las partes. En relación a la salud del acusado, consideró que si bien su patología psiquiátrica debía ser tenida en cuenta, no excluía el dolo y tenía relación directa con los hechos denunciados. Sostuvo que su condición no le impedía cumplir la pena en un establecimiento carcelario con las previsiones del caso.
Por el Ministerio Público intervino el fiscal Esteban Martearena. La defensa del acusado estuvo a cargo de Alejandro Cuello.

Las amenazas contra Domene
“Doctora, cuando yo quiero hacer algo lo hago yo, no mando a nadie. Y como le digo, son cuestiones que si en algún momento las hice fueron cuando era joven, ahora soy un tipo grande”, le manifestó Tolava a la letrada en una de las conversaciones que se conocieron durante el debate.
En otro tramo agregó: “Si en algún momento tiene ganas de hacer algo, hágalo por la parte legal, no payaseando por los medios”. Luego lanzó una nueva advertencia: “Como le digo, siempre va a aparecer un loquito, como en Salvador Mazza o en Aguaray, que simplemente no habla, dispara, agarra y pega tiros”.
Según publica en una extensa nota el sitio GENTE DE SALTA, uno de los audios grabados por la propia Sandra Domené mientras dialogaba con Tolava expone el supuesto plan que habría existido para intimidar tanto a la exconcejal identificada como L.S. como a su representante legal.
En la conversación el contador Marcelo Córdoba, posteriormente condenado por abuso sexual contra su expareja y una secretaria, habría participado junto a otras personas de una estrategia destinada a ejercer presión sobre ambas mujeres.
“Tenían que neutralizar los dos puntos —en referencia a la víctima y a su abogada—. Contra usted iba a ser de la misma forma que con S., pero quizás más agresivo. Básicamente en los mismos términos, basándose en la familia. No le voy a mentir. Si le digo lo que se habló y escuché de lo que le querían hacer a S., se muere”, se escucha decir a Tolava.
Ante la insistencia de la letrada para conocer los detalles, el acusado respondió: “Básicamente querían quebrarles los dedos, las costillas y, si tenían que abusarla, la iban a abusar. Pero el mensaje tenía que quedar claro: que se había metido con el tipo equivocado, que no se le ocurra denunciar ni hablar con usted. Y en el caso de hacerlo, ahí sí la pasaban a usted”.
De acuerdo con la investigación, el plan también habría incluido a familiares de la exedil de Güemes como posibles objetivos de intimidación. Además, se mencionó la presunta participación de un policía retirado, efectivos en actividad y personas vinculadas a sectores de poder de la provincia.

Kilométrico prontuario de un sujeto execrable
De sus propias declaraciones surge que Gustavo Alberto Tolava mantuvo durante gran parte de su vida una estrecha vinculación con actividades delictivas. Conocido como “El Procurador” por la información sensible que aseguraba manejar sobre distintas causas penales, construyó una extensa trayectoria criminal.
En 2007, la Cámara Cuarta en lo Criminal lo condenó a seis años de prisión tras encontrarlo coautor de robo calificado por el uso de arma de fuego y autor de diversos delitos, entre ellos hurto calificado, falsa denuncia, daño agravado, robo y lesiones, todos en concurso real.
Años después volvió a ser condenado y sus causas fueron unificadas, recibiendo una pena única de nueve años de prisión. Sin embargo, pese a las condenas acumuladas, continuó protagonizando episodios delictivos. Según trascendió, solía repetir una frase que reflejaba su sensación de impunidad: “Siempre caigo parado”.
El 14 de febrero de 2018, Tolava fue imputado por los delitos de coacción agravada, instigación a cometer delitos y asociación ilícita, en el marco de una investigación por amenazas dirigidas contra el entonces intendente capitalino y actual gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
Tras la imputación formal, el acusado se abstuvo de declarar. En la misma causa también estuvieron involucrados Pablo Federico Delaloye Navarro, de 48 años, y Juan Daniel Urzagaste, de 31.
Un mes después, los tres recuperaron la libertad por decisión de la jueza de Garantías Claudia Puertas, quien hizo lugar al pedido presentado por las defensas.
En marzo de 2023, Tolava volvió a quedar en el centro de una investigación luego de ser denunciado por una sobrina.
La joven relató que el acusado la sometió a un verdadero calvario durante más de un mes. Explicó que lo conocía desde los ocho años, cuando junto a su madre lo visitaba en la cárcel de Villa Las Rosas, y que habían mantenido contacto en distintas oportunidades.
Según la denuncia, cuando ella dejó de visitarlo por motivos personales, Tolava comenzó a amenazarla con dañar a su madre. La joven le advirtió que lo denunciaría, pero él se habría burlado asegurando que realizaba “trabajos sucios” incluso para funcionarios vinculados al poder político, por lo que no temía enfrentar consecuencias judiciales.
La investigación quedó a cargo de la fiscal penal Luján Sodero, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 2, quien solicitó su detención. El pedido fue autorizado por la jueza de Garantías de Primera Nominación, Ada Zunino, y el acusado fue detenido el 26 de mayo.
El extenso prontuario de quien se hacía llamar “El Procurador”, y que además se presentaba como abogado sin serlo, refleja una trayectoria marcada por reiterados conflictos con la ley y múltiples causas penales a lo largo de los años.



