La defensa pone en duda la veracidad del hecho y la seriedad de la denuncia, aduciendo que lo ocurrido obedece a la negativa de la mujer de Vera por someterse a un ADN pedido por la nueva unidad fiscal en el marco de la investigación por los crímenes de las turistas francesas ese mismo año.
El nombre de Santos Clemente Vera ha vuelto a los principales titulares de las crónicas judiciales y no precisamente para saber si lo indemnizarán por haber estado preso más de 10 años y luego haber sido absuelto como autor de los horrendos crímenes ocurridos en 2011, cuando aparecieron Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (24) asesinadas en la Quebrada de San Lorenzo. Esta vez se trata de una novedad muy extraña que llegó al despacho del defensor Roberto Reyes hace unas semanas, cuando se llamó a la esposa de Vera para una extracción de su ADN. Desde ese momento la pesadilla volvió a corporizarse en la persona de Santos y en su familia.
Pero unas semanas después se conoció una denuncia contra Vera por una supuesta violación que habría ocurrido cerca de la fecha en que aparecieron los cuerpos de las ciudadanas francesas, violadas y asesinadas.
Se trata de una mujer de unos 72 años quien se presentó ante la Fiscalía Penal de Delitos contra la integridad sexual a cargo de María Celina Morales Torino, desde donde se tomaron medidas de prohibición de acercamiento para el denunciado como así también y mantener todo tipo de contacto con la denunciante.
Esta denuncia lo vuelve a poner en el centro de la escena, tras pasar 11 años detenido, Vera había recuperado la libertad en diciembre de 2023 luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hiciera lugar a un recurso extraordinario de su defensa y anulara la condena a prisión perpetua por irregularidades en el proceso.
Reyes contó que tomó conocimiento de la denuncia el viernes por la tarde, cuando Vera lo contactó tras recibir la visita policial. “Recibo una llamada del señor Santos Vera, por supuesto, nervioso, con mucho miedo, diciendo que había recibido la visita de miembros de la Policía de Salta para notificarlo de una denuncia”, relató. “Con la historia trágica que tiene él, obviamente, siempre piensa lo peor”, añadió.
Según precisó a Salta 12, lo que se notificó fue una “identificación simple” y no una imputación. En ese sentido, detalló: “A esta altura de las circunstancias, una averiguación preliminar pone a una persona como en carácter de sospechoso, no hay todavía una acusación precisa, pero aún siendo sospechoso puede presentarse espontáneamente en la fiscalía y hacer no una declaración, porque no está acusado, sino simplemente un descargo”.
Vera todavía no conoce el texto íntegro de la denuncia en su contra. Su abogado cuestionó el procedimiento de notificación y la falta de documentación. “La policía no dejó nada, cuando tenía la obligación de dejarle una copia o por lo menos leerle”, señaló, y explicó que solo pudieron reconstruir parte del contenido “por versiones verbales” de los efectivos policiales.
Ante esto, la defensa se presentó de inmediato ante el Ministerio Público Fiscal. “Hicimos una presentación por la bandeja virtual para tomar conocimiento real, con copias del tenor de la denuncia y hacer las presentaciones que correspondan”, señaló Reyes.
De acuerdo a la escasa información con la que cuenta la defensa en estos momentos, la denuncia fue realizada por una mujer que asegura haber sido violada por Vera entre el 8 y el 10 de julio de 2011. Sin embargo, el abogado puso en duda su consistencia: “No hay mucha seriedad en la denuncia”, consideró. También marcó como “demasiado curiosa” la rapidez del trámite: “La denuncia fue hecha en horas de la mañana y con una velocidad de un rayo lo notificaron a la tarde”.
Reyes indicó que la denunciante tiene hoy aproximadamente 72 años, y no había denunciado antes el hecho. La mujer habría manifestado que “recién ahora lo reconoció a Vera hace pocos días cuando salía repetidamente en todos los medios”, sostuvo el abogado.
La defensa, ejercida por Reyes y por el abogado José Humberto Vargas, hizo una presentación virtual ante la fiscalía el mismo viernes por la noche. Pidió que la notifiquen de todas las medidas procesales y anticipó que buscará estar presente en instancias clave. “Van a requerir la ratificación de la denuncia de parte de esta señora y nosotros queremos estar presentes”, señaló Reyes.
“Necesito ver el expediente y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Fundamentalmente, vamos a tratar de investigar de dónde sale esta mujer”, sostuvo. “Algo debe haber detrás, pero yo hablo sobre realidades, no sobre hipótesis”, manifestó.
El abogado consideró que la denuncia: “No tiene viso de seriedad. Han pasado 15 años. Por supuesto que está prescripta”.
No obstante, advirtió que si bien “Jurídicamente no lo va a afectar” a Vera, “psicológicamente (lo afectará) muchísimo. Me preguntaba ‘¿cuándo me van a llevar detenido?’. Es lógico que piense así. Los chiquitos se agarraban de las piernas (del padre) llorando cuando vieron a la policía. Hay que ponerse en esa situación para entender el daño que significó para esta familia todo lo que pasó”, manifestó.
¿Posible represalia?
El abogado vinculó la denuncia contra Vera con otras discusiones judiciales en curso, en el caso del doble crimen de las jóvenes francesas, especialmente en lo que atañe al pedido de extracción de ADN, que hizo la Unidad Fiscal a la esposa de Vera, Beatriz Yapura.
“No puedo dejar de pensar que esto se relaciona con la negativa a la extracción de muestras de ADN”, afirmó Reyes. “Nosotros apelamos esta semana y ahora debe intervenir el Tribunal de Impugnación (…) A partir de esa decisión tenemos la posibilidad de acudir a la Corte de Justicia de Salta y eventualmente a la Corte Suprema de la Nación”, subrayó.
El abogado señaló que el procedimiento “es violatorio del derecho a la intimidad” si no cumple con ciertos requisitos legales. “Primero, debe tratarse de una persona imputada de un delito. Segundo, la persona imputada debe conocer cuál es el propósito de esa diligencia, por qué es necesaria, por qué es eficaz ese medio de prueba y a qué apunta en el orden de la investigación”. En ese sentido, subrayó: “La autorización para la extracción de muestras de ADN tiene que salir del juez de Garantías, pero no en una orden simple y concreta, sino que debe estar fundamentada en la necesidad de que esta prueba sea conducente a los fines investigativos”.
“Es un auto resolutivo donde el juez explica la eficacia, la importancia, la trascendencia y la procedencia de esa prueba. Y por último, le cabe también la posibilidad al imputado de negarse a la prueba”, explicó. En el caso de Yapura, señaló que: “Todos esos derechos fueron dilapidados y la Fiscalía pretendía citarla directamente a una muestra, cuando tratándose de una violación a la garantía constitucional, como es el derecho a la intimidad, necesariamente tiene que haber una ley que establezca las condiciones”, recalcó. La mujer no está imputada y según su abogado, no estaba bien fundamentado el pedido de extracción de ADN.
“Entendemos que ninguna garantía constitucional es absoluta. Todas están limitadas por el orden público, pero ese orden debe estar fundado en una ley. No se puede pasar por encima de la Constitución”, añadió.
Reyes también cuestionó la calidad de las pruebas. “No sabíamos con qué muestra iban a compulsar. Las muestras de Buenos Aires eran solamente desechos. Ahora quieren hacer un mapa comparativo con esos desechos, puede salir cualquier cosa. Esas muestras están contaminadas”, aseguró.
En contraposición, señaló que “las muestras de Francia sí están ordenadas, con estudio, informe y resultados. Ahí aparecen dos perfiles masculinos y un perfil femenino”.
Reyes advirtió además sobre la orientación de la investigación. “La línea investigativa sigue el mismo trazado de aquella ruta que queda en el fracaso”, advirtió. “Tengamos un criterio más amplio”, sugirió.
“Si (la Unidad Fiscal) llama a colaborar con ADN, tiene que ser una colaboración amplia que abarque otros estamentos de la sociedad, no sé si me entienden. Claro que me entienden, porque este es un rumor que está prendido hace mucho tiempo en la calle”, dijo el abogado. Si bien fue cauto sobre otras hipótesis, consideró que “vale la pena investigar y buscar otra ruta alternativa”.
