El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, requirió formalmente a la fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, la remisión de un informe circunstanciado vinculado a la investigación por el femicidio de Natalia Marilin Cruz, causa en la que se encuentra imputado Daniel Orlando Serapio.
La solicitud tiene por finalidad contar con un análisis integral del contexto institucional en el que se desarrollaron los hechos investigados, así como de las intervenciones efectuadas por los distintos organismos del Estado con competencia en la materia.
El requerimiento se enmarca en una instancia de evaluación orientada a reconstruir de manera objetiva y articulada el funcionamiento de los mecanismos de actuación frente a situaciones de violencia de género de extrema gravedad. En particular, se busca relevar la secuencia de intervenciones desplegadas por el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, los organismos de asistencia y los órganos judiciales intervinientes, conforme a los protocolos y marcos normativos vigentes.
La medida responde a la necesidad de examinar la adecuación, oportunidad y coordinación de la respuesta institucional brindada en el caso, con el propósito de identificar eventuales aspectos susceptibles de mejora en los circuitos de actuación y en la articulación interinstitucional, como también la evaluación y determinación de eventuales responsabilidades.
En ese sentido, el Procurador General indicó que la revisión solicitada se orienta a fortalecer el funcionamiento del sistema y a consolidar los estándares de intervención ante hechos de violencia extrema, asegurando una respuesta estatal integral, eficaz y ajustada a derecho, en línea con los procesos que se vienen desarrollando de manera permanente, tales como la implementación del sistema único de denuncias, el sistema de consigna policial y otros mecanismos de protección y seguimiento.
Asimismo, recordó que la Provincia cuenta con herramientas específicas para la prevención y abordaje de la violencia de género, entre ellas el sistema único y centralizado de denuncias, que garantiza la inmediata intervención de la fiscalía y del juzgado especializado, y la implementación de tecnologías de geolocalización destinadas a optimizar la actuación policial.
Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que el análisis requerido forma parte de un proceso institucional de revisión continua, orientado a reforzar los mecanismos de protección de las víctimas y a consolidar criterios de actuación coordinados frente a situaciones de especial vulnerabilidad.
