Este martes se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Educación y Cultura de Salta, con el que se apunta a fortalecer la prevención y la detección temprana de situaciones de violencia, así como a brindar herramientas claras sobre las vías de atención y actuación legal ante hechos que sucedan o sean detectados en el ámbito escolar.
El procurador general, Pedro García Castiella, firmó este martes, un Convenio de Colaboración con la ministro de Educación y Cultura de Salta, María Cristina Fiore Viñuales, para llevar adelante capacitaciones sobre violencia y abordaje jurídico de hechos delictivos que puedan surgir en el ámbito de las instituciones educativas.
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La iniciativa apunta a fortalecer la prevención y la detección temprana de situaciones de violencia, así como a brindar herramientas claras sobre las vías de atención y actuación legal ante hechos que tomen conocimiento docentes y autoridades escolares.
Las capacitaciones estarán dirigidas a directores y supervisores, docentes, padres, madres, tutores y responsables de alumnos, además de la comunidad educativa en general, y se desarrollarán en escuelas y comunidades previamente seleccionadas.
Según lo acordado, el Ministerio Público Fiscal aportará el personal especializado, estará a cargo del dictado de las capacitaciones y del material informativo correspondiente, mientras que el Ministerio de Educación, se encargará de definir las temáticas prioritarias, organizar las actividades y convocar a los destinatarios.
El acuerdo establece la realización de capacitaciones dirigidas a la comunidad educativa, que serán instrumentadas mediante protocolos específicos, en los que se definirán los aspectos programáticos, administrativos, mecanismos de seguimiento y las responsabilidades de cada organismo.
Al finalizar, García Castiella destacó la firma del convenio como una respuesta concreta a una de las principales preocupaciones de la sociedad y en ese sentido, remarcó la necesidad de una articulación directa entre el sistema educativo y el Ministerio Público Fiscal, al advertir que existe una amplia variedad de delitos que tienen como principal fuente de detección a las escuelas, entre ellos los delitos contra la integridad sexual —que registraron un crecimiento significativo—, hechos de violencia contra niños, venta de drogas y circulación de material de abuso sexual infantil, entre otros.
Valoró especialmente la actitud proactiva y el compromiso permanente de la ministra Fiore Viñuales, con quien el Ministerio Público Fiscal viene articulando acciones desde hace tiempo, ante situaciones de alta sensibilidad social que afectan a niños, niñas y adolescentes.
El Procurador subrayó que, tanto por su experiencia como procurador como por su trayectoria profesional previa, en un alto porcentaje de los casos la primera información surge a partir del personal educativo, lo que permite iniciar el hilo conductor de una investigación penal.
Finalmente, explicó que el convenio apunta a generar protocolos, capacitaciones y canales de comunicación más ágiles y directos entre autoridades escolares, docentes y fiscales, con el objetivo de detectar tempranamente situaciones de violencia o abuso, muchas de las cuales se producen en el ámbito intrafamiliar y no siempre logran ser visibilizadas o denunciadas por las propias víctimas.
Por su parte, la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, destacó que “este convenio representa un paso más en la construcción de entornos escolares seguros. Queremos que nuestras escuelas sean espacios donde se prevenga la violencia y se sepa cómo actuar ante cualquier situación que afecte a nuestros estudiantes”, señaló. Recordó que en la mayoría de los casos “la escuela es el lugar de resonancia de problemáticas sociales, de ahí la importancia de que nuestros directivos y docentes cuenten con herramientas de actuación”.
