Para muchos es el peor crimen de la historia judicial de Salta por su connotación social y la brutalidad con que fue cometido. Ya tuvo un debate oral y público, el cual fue un auténtico papelón de la Justicia local al llevar al banquillo de los acusados a la pareja de la víctima y a un vendedor ambulante, quienes fueron absueltos. Existen de toda clase de hipótesis pero el gran dilema es ¿robo que salió mal o crimen por encargo?
En ocasión de analizar el film La naranja mecánica de Stanley Kubrick, basada en la novela homónima de 1962 escrita por Anthony Burgess, un periodista reflexionaba en una entrevista televisada acerca de que el miedo más primal que puedes experimentar, es ese de ser atacado dentro de tu propia casa, donde te crees a salvo de la amenaza que fuere. A Jimena Salas la asesinaron en horas del mediodía dentro de su propiedad. Peor aún, ya que a diferencia del personaje de la película de Kubrick los asesinos actúan en horas de la noche, al resguardo de las penumbras. A la señora Salas su asesino la abordó cerca de la una de la tarde, en un barrio de Vaqueros donde viven cientos de vecinos al rededor.
El 27 de enero de 2017 cerca de la una de la tarde, dos hombres llegaron al barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros. Uno de ellos mediante un ardid propio de un delincuente de la obra cinematográfica Nueve reinas, engañó a Jimena Salas haciéndole creer que un perrito caniche toy se había perdido. De esa manera pudo sortear la entrada perimetrada por la cerca de alambre. De hecho, luego del crimen los investigadores encontraron el candado colgado de la tela de alambre al lado del portón de entrada.
Esta pista sería fundamental para que los primeros fiscales que investigaron la causa al mando del procurador por entonces, el Dr. Abel Cornejo, cometieran el primer error que les llevó a creer que la entrada no forzada los conduciría a un crimen motivado por celos, mas precisamente premeditado por Nicolás Cajal –su pareja– quien fue acusado y llevado a juicio, con todo lo que ello conlleva. Perdida de su trabajo, perdida de su honor, además de ser mancillado por una sociedad que prejuzga de inmediato; entre otras calamidades que puede sufrir un hombre a quien le asesinaron a la madre de sus hijas.
Una vez dentro de la vivienda ambos sujetos cumplieron con sus roles. Uno de ellos, el que engañó a la víctima mediante el acting del perrito perdido intentó atacarla pero Jimena Salas, quien habría tomado un cuchillo que tenía a mano al verse sobrepasada por alguien de mayor porte que ella y con quien acababa de dialogar hacía unos minutos, le habría asestado una puñalada en una de sus manos al momento del ataque.
El otro sujeto llevó a las hijas al baño. Dos niñas, una de ellas con TEA –Trastorno del espectro autista– hasta tanto el otro sujeto cometiera la felonía que finalmente se desmadró por la reacción instintiva de la víctima, quien se defendió lastimándolo en la mano. En ese punto el sujeto habría montado en cólera al verse lesionado, lo que produjo un ataque desmedido que se tradujo en unas 45 puñaladas. No se tiene certeza de la cantidad exacta pero fueron más de 40 estocadas en zonas letales.
Posterior a ello, ambos sujetos, luego identificados por los peritos que levantaron los rastros genéticos como “Hombre 1” y “Hombre 2”, recorrieron la casa en busca de algo de valor. Mientras el atacante sangraba profusamente por la herida en la mano, lo que se tradujo en un goteo que dejaría más de una docena de muestras de ADN por toda la vivienda. Esas muestras coinciden al día de hoy con la persona que está señalada como el autor material del crimen.
Un juicio innecesario que dejó elementos valiosos para la nueva investigación
Parece una contradicción pero así fue. Lamentablemente para Sergio Vargas el postulado “Lugar equivocado en el momento equivocado” se le cumplió impiadosamente. Tuvo que esperar tres años en la infame Unidad Penal de Villa Las Rosas rodeando de seres infrahumanos, hasta llegar al debate oral y público que lo exoneraría.
La crueldad del sistema acusatorio salteño algunas veces muestra un costado propio de una maldad absoluta e inusitada, sobre todo con aquellas personas que están fuera de la interacción social por su condición de fragilidad económica y que deben pasar a formar parte de esa letrina que no es otra cosa que un depósito de gente.
Con tal estos señores que manejaban la Procuración General por entonces solo se limitaban a cumplir con el mandato político de obedecer ciegamente al poder de turno y cumplir a rajatabla con los lineamientos judiciales, por lo que fueron elegidos a dedo para ocupar ese lugar y que irónicamente la sociedad salteña confía para su protección.
Para el desafortunado Sergio Vargas, alias el porteño, señalado como “el campana” de esta tragicomedia montada por el –por entonces– jefe del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila, fue una auténtica pesadilla. Este funcionario fue quien trazó esta ridícula ingeniería criminal, la de señalar a Vargas como quien vigilaba para que los asesinos pudieran actuar. Algo tan absurdo que hasta el día de hoy no se puede entender cómo encaja el rol de un vendedor ambulante que se ganaba la vida ofreciendo baratijas al menudeo, pudiera formar parte de una organización criminal que fue por Jimena Salas.
Pero no todo fue una desgracia para Vargas ya que el joven penalista Luciano Romano se hizo cargo pro bono de su defensa. Y para mejor con el correr de los meses tendría la inesperada llegada al equipo de defensa de, nada más ni nada menos que el experimentando Marcelo Arancibia. Un experto en Derecho Penal dotado de una habilidad notable para las estrategias defensivas. Por ello es que la Procuración para ese momento sumó al reconocido fiscal Ramos Osorio, aun así sobrevoló uno de los principios fundacionales de la estrategia en el arte de la guerra: “Muéstrale al enemigo lo que el enemigo teme”.
El resultado fue catastrófico para el equipo fiscal ya que la defensa formada por Marcelo Arancibia, Luciano Romano y Marcos Rubinovich, ganó el juicio devolviéndole la libertad a Sergio Vargas; mientras que Pedro Arancibia, defensor de Nicolás Cajal hizo lo propio con su representado logrando su absolución.
Una investigación manchada por la tortura pero con una prueba irrefutable
Casi siete años después y con un nuevo procurador general, quien se ganó el apodo de “El Sheriff” por quien escribe la presente nota, justamente por haberse comprometido a resolver el crimen que su antecesor no pudo resolver; entre otros mandatos de importante cuantía, tales como terminar con la connivencia de jueces corruptos que apañan a los narcos en el norte profundo de la provincia de Salta y otros temas de vital importancia, como limpiar la policía de elementos cutres, los cuales ensuciaron investigaciones como el crimen de Cintia Fernández, los casos de Lujan Peñalva y Yanina Nüesch, y otros de menor exposición mediática pero no por ello menos importantes. Entre una abultada agenda de metas que se trazó el nuevo jefe de los fiscales.
Casualmente Pedro García Castiella estuvo presente en esas investigaciones y participó como querellante cuando aún ejercía como abogado particular del emblemático caso de Cintia Fernández, en el cual aquella Policía que investigó hizo todo lo posible para proteger al oficial Mario Condori, quien finalmente fue condenado a 23 años de prisión.
El 1 de octubre de 2022 ante las miradas atónitas de toda una sociedad que veía como casos tales como el de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumniy, y el de la misma Jimena Salas permanecían totalmente impunes, con perejiles condenados –Santos Clemente Vera– y otros falsamente acusados –como Daniel Vilte y el mencionado Sergio Vargas– los dos últimos defendidos pro bono por Marcelo Arancibia; el nuevo procurador llamó a una conferencia de prensa un sábado en horas de la siesta para anunciar que su unidad de investigadores habían logrado dar con el verdadero asesino del crimen de Vaqueros; fueron hasta Santa Victoria Oeste y arrestaron a un tal “Chino Saavedra”.
No solo eso, también habían arrestado a sus dos hermanos, los otros dos Saavedra, quienes días antes de la mencionada conferencia esperaban el trámite de rigor para ser imputados tras haber recibido una paliza infernal por los elementos del CIF y los efectivos policiales la noche anterior.
La madre de los tres Saavedra contrató los servicios de Marcelo Arancibia, quien cumplía con los trámites para la asesoría legal de los acusados en ese momento en el edificio que linda con el de la de la Procuración, para hacerse cargo de la defensa de los tres hermanos. Adrián Guillermo Saavedra, Carlos Damián Saavedra y Javier Nicolás Saavedra, fueron imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.
A diferencia del juicio anterior donde Marcelo Arancibia fue el protagonista excluyente, convocado por Luciano Romano y sumando al equipo de defensa a otro talentoso letrado como lo es Rubinovich, perteneciente al estudio de Arancibia por entonces y actualmente parte de la Procuración General; esta vez deberán afrontar una prueba irrefutable como lo es el ADN, en lo que será lo que esta redacción considera como “El juicio del siglo”.
Taxativamente una de las prendas de vestir de una de las hijas de la víctima contiene sangre que fue recolectada por el CIF en 2017. Cabe recordar que para entonces el Chino Saavedra ni existía en el horizonte de sucesos de aquella investigación.
Ni siquiera existía en los registros de la policía, ya que no cuenta con antecedentes. Vivía en el norte provincial mientras cumplía tareas comunitarias para una orden de franciscanos, quienes ni se imaginaban que ese muchacho joven y bien intencionado sería arrestado y llevado a la capital por la policía, acusado de semejante crimen.
Puntuablemente la sangre en el buzo de la niña que aún conserva el ADN, el cual se preserva en los laboratorios del CIF, coindice con el material genético de Javier Nicolás “el Chino” Saavedra en un 100%.
