Tras conocerse la desagradable noticia de que rechazaron el jury para los jueces Rubén Arias Nallar y Luciano Martini, MUY CRITICO consultó con el diputado José Gauffin, quien dijo que no encuentra una razón fundada para que hayan tomado esta decisión. El pedido de destitución impulsado por el legislador, buscaba que se sancione a los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, apuntando a que habrían incurrido en mal desempeño al condenar a Santos Clemente Vera en segunda instancia.
Una vez más la casta judicial salteña se cubre entre sus miembros. El jurado de enjuiciamiento de magistrados, por unanimidad, rechazó la denuncia contra los jueces del Tribunal de Impugnación, Rubén Arias Nallar y Luciano Ignacio Martini. Otro papelón del poder judicial salteño.
En otras palabras, estos “notables” quienes apoltronados en sus despachos no tienen la decencia si quiera de explicar sus acciones. Deciden con un poder inusitado sobre la vida de las personas. Estos sujetos apañaron descaradamente a los dos jueces que enviaron a la cárcel a un inocente por 8 años.
Como si eso no fuera suficiente, pasaron por encima del fallo de tres destacados jueces que son una verdadera institución en materia penal y un verdadero ejemplo de valentía y justicia independiente: Ángel Amadeo Longarte, Bernardo Ruiz y Carlos Héctor Pucheta formaron el tribunal de la Sala II que en 2014, absolvió a Santos Clemente Vera por las violaciones y asesinatos de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida el 29 de julio de 2011, en la Quebrada de San Lorenzo.
MUY CRITICO –¿Cuál es su opinión acerca del rechazo del jury de enjuiciamiento a los jueces Nallar y Martini?
José Gauffin –Me notificaron el viernes de esta decisión que habían tomado y yo no que había querido expresarme hasta leer completamente el expediente porque son 90 fojas el informe del procurador; más otras 30 fojas de la resolución final; más las presentaciones que habían hecho los imputados. Quería tener una idea cabal de, en función de qué se había tomado esa decisión.
Y la verdad que no encuentro una razón fundada que hayan tomado esta decisión que en definitiva impiden el acceso a la verdad o el camino a la búsqueda de la verdad. Se argumenta primero que no se puede jugar en juez porque siempre que haya un recurso o una posibilidad de un recurso de alzada; bueno, está garantizado el derecho de la defensa, por lo tanto un juez no puede ser jugado aún que haya cometido un error procesal.
Yo quiero ser claro en esto, nosotros imputamos a los jueces por un error procesal, algo que está prohibido en nuestro Código de procedimiento penal. Ellos se arrogaron una facultad de juzgar y ellos no tenían esa facultad, por lo tanto hay un error procesal grave y no lo dice José Gaufin, lo dice la Corte Suprema de Justicia y el argumento fue en definitiva “así lo hacíamos siempre”.
Esta técnica o esta forma de proceder, ha sido aceptada pacíficamente por la sociedad, a lo largo de tanto tiempo. “Siempre lo hacíamos, por lo tanto no nos pueden jugar”. La verdad que es vergonzoso, muestra la pobreza de nuestro sistema judicial, “porque así lo hacíamos siempre”, no es un argumento como para decir “violamos un Código Procesal, violamos una garantía constitucional”, porque al haberlo hecho de esa manera se viola el derecho a la legítima defensa; a la prespecialidad en esa defensa y también al debido proceso.
Entonces este fallo lo que ha mostrado es la pobreza de nuestro sistema judicial y después claramente una corporación política judicial que se termina cuidando así mismo.
Argumentar que no se puede juzgar a los jueces por sus fallos, no sé por qué lo dicen porque nunca cuestionamos el fallo, nosotros cuestionamos el procedimiento. Entonces eso es tergiversar deliberadamente nuestra acusación. Simplemente fue una decisión tomada en función de una corporación que se protege así misma.
Justo a yo le iba a preguntar eso diputado ¿se están cubriendo entre ellos?
Sin duda, sin duda, porque esto es un error que viene hace tiempo, evidentemente, y si prosperara nuestra acusación y finalmente hubieran sido destituidos a los jueces del Tribunal de Impugnación también habría una imputación para aquellos miembros de la Corte de Salta que en aquel momento avalaron este procedimiento irregular. Se están protegiendo a sí mismos.
¿Cómo tendría que ser entonces si viviríamos en un país normal con un sistema normal?
Lo que debería haber sido en ese momento es que recibe la apelación la Cámara de Impugnación; evalúa la prueba, le dice al jugado original, “miren, esta prueba no la evaluaron bien, aquel procedimiento de toma de declaraciones no tuvo bien, juzguen nuevamente y hagan una nueva sentencia”.
Es decir, impugnan el fallo y lo baja a los tribunales naturales para que hagan un nuevo juicio. Ese era el procedimiento correcto. Pero acá no, lo que hicieron es evaluaron la prueba, sin la presencia del imputado, y de inocente pasaron a cadena perpetua. Es decir, por algo que hacemos lo hacemos siempre, una persona se comió 8 años de cárcel.
¿Algo más para agregar?
Simplemente que tomé la noticia con muchísima tristeza porque es de gravedad enorme, una gravedad institucional enorme. Salta no puede vivir con un sistema judicial que te digan, “bueno, así lo hacemos siempre”. Esto no es un sistema judicial, es un sistema que termina siendo para los ladrones de gallina nada más.
