{"id":16439,"date":"2026-08-07T11:45:03","date_gmt":"2026-08-07T14:45:03","guid":{"rendered":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/?p=16439"},"modified":"2026-08-07T11:45:03","modified_gmt":"2026-08-07T14:45:03","slug":"desmontes-ilegales-en-tartagal-el-ministerio-publico-fiscal-ratifica-su-compromiso-con-la-recomposicion-del-dano-ambiental","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/muycritico.com.ar\/web\/?p=16439","title":{"rendered":"DESMONTES ILEGALES EN TARTAGAL: EL MINISTERIO P\u00daBLICO FISCAL RATIFICA SU COMPROMISO CON LA RECOMPOSICI\u00d3N DEL DA\u00d1O AMBIENTAL"},"content":{"rendered":"

El Ministerio P\u00fablico Fiscal de Salta, representado por el Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro Garc\u00eda Castiella, y la Fiscal Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial del Norte-Tartagal, Dra. Rosa V\u00e9lez Rom\u00e1n, reafirma su compromiso con la investigaci\u00f3n y el seguimiento de la causa vinculada a los desmontes ilegales realizados en la Finca Cuchuy, en jurisdicci\u00f3n de Tartagal, as\u00ed como con el cumplimiento de las medidas judiciales orientadas a garantizar la recomposici\u00f3n del da\u00f1o ambiental ocasionado.<\/strong><\/p>\n

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Ante la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n inexacta sobre el estado del proceso, el Ministerio P\u00fablico Fiscal considera oportuno recordar, en primer lugar, que si bien la acci\u00f3n de desmontar no est\u00e1 tipificada como delito en el pa\u00eds, en esta causa la Fiscal\u00eda Penal de Tartagal promovi\u00f3 un expediente por desobediencia a la autoridad en abril de 2013, a ra\u00edz del incumplimiento reiterado de las \u00f3rdenes de paralizaci\u00f3n de desmontes dictadas por la entonces Secretar\u00eda de Ambiente y por la Sala II del Tribunal de Juicio, a cargo de la Dra. Asusena V\u00e1zquez.<\/p>\n

Como resultado de ese proceso, Juan Jos\u00e9 Karlen fue condenado en octubre de 2015.<\/p>\n

En paralelo a esa condena, se sostuvo un proceso judicial que se extiende hasta la actualidad en el \u00e1mbito civil, donde en 2016, la Fiscal\u00eda Civil y Comercial de Tartagal advirti\u00f3 al Juzgado sobre el riesgo de incendios incrementado por el desmonte y solicit\u00f3 la adopci\u00f3n de medidas preventivas, a costa y cargo de los propietarios, conforme lo establece la legislaci\u00f3n ambiental.<\/p>\n

En 2017, los Sres. Juan Jos\u00e9 Karlen y Daniel Dar\u00edo Karlen firmaron un acuerdo con el Ministerio P\u00fablico Fiscal, mediante el cual se comprometieron a restaurar el da\u00f1o ambiental causado en m\u00e1s de 11.000 hect\u00e1reas desmontadas ilegalmente e incorporar a las comunidades ind\u00edgenas de la zona y a familias criollas de los parajes Montevideo, Pozo El Viejo y La Bolsa, entre otros, en ese proceso.<\/p>\n

Aunque este compromiso fue homologado por la Justicia en diciembre de 2018, los incumplimientos se mantuvieron de manera recurrente hasta la actualidad y las maniobras dilatorias de los propietarios han sido sistem\u00e1ticas.<\/p>\n

Cabe recordar que, durante todo este tiempo, la investigaci\u00f3n y el control del cumplimiento de las distintas medidas dispuestas no estuvieron \u00fanicamente a cargo de la Fiscal\u00eda, sino que contaron con la participaci\u00f3n de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el Instituto Nacional de Tecnolog\u00eda Agropecuaria (INTA), la Administraci\u00f3n de Parques Nacionales, la Secretar\u00eda de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, especialistas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de la Facultad de Agronom\u00eda de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA-CONICET) y expertos internacionales en ecotoxicolog\u00eda forense del Poder Judicial de Espa\u00f1a.<\/p>\n

Esto requiri\u00f3 una coordinaci\u00f3n interinstitucional permanente para el desarrollo de tareas e inspecciones, en la cual jug\u00f3 un rol central el trabajo encarado desde la Procuraci\u00f3n General.<\/p>\n

Las opiniones t\u00e9cnicas elaboradas por estos organismos permitieron evaluar en profundidad las propuestas de recomposici\u00f3n ambiental presentadas durante el proceso, determinar su adecuaci\u00f3n a los est\u00e1ndares cient\u00edficos y verificar los incumplimientos a las obligaciones establecidas judicialmente.<\/p>\n

Entre otras actuaciones, la Fiscal\u00eda realiz\u00f3 un seguimiento permanente mediante im\u00e1genes satelitales de los sistemas Sentinel, CBERS-4 y Landsat 8, adem\u00e1s de relevamientos con drones, con el prop\u00f3sito de verificar el estado del predio y el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia.<\/p>\n

Los distintos informes incorporados al expediente dieron cuenta de actividades agr\u00edcolas desarrolladas en sectores alcanzados por restricciones judiciales, as\u00ed como de otros hechos, entre ellos la existencia de rollos de palo santo protegidos en la finca, que fueron oportunamente puestos en conocimiento del tribunal interviniente para su evaluaci\u00f3n.<\/p>\n

Ya en 2022, y ante las numerosas y constantes dilaciones e incumplimientos de la parte demandada, el Ministerio P\u00fablico Fiscal encar\u00f3 una contundente intervenci\u00f3n, decidida directamente por el Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro Garc\u00eda Castiella, junto a la Fiscal V\u00e9lez Rom\u00e1n, en intensas reuniones de trabajo t\u00e9cnico-jur\u00eddico celebradas al efecto.<\/p>\n

Desde dicho momento, el titular del Ministerio P\u00fablico Fiscal hizo uso de la facultad de co-firmar las presentaciones fiscales, en apoyo a la tarea de la magistrada.<\/p>\n

En 2024 y 2025, esas actuaciones obtuvieron fallos favorables en distintas instancias para la ejecuci\u00f3n de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fij\u00e1ndose una suma l\u00edquida y exigible de $67.920.000, correspondiente a diciembre de 2023.<\/p>\n

Frente a esta situaci\u00f3n, y considerando que para los responsables resultaba m\u00e1s econ\u00f3mico pagar una multa que cumplir con las obligaciones asumidas, el Ministerio P\u00fablico Fiscal solicit\u00f3 este a\u00f1o la ampliaci\u00f3n del embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elev\u00e1ndolo de $171.413.473 a una cifra r\u00e9cord de $21.805.106.128, sobre la base de un informe t\u00e9cnico elaborado por el Gabinete de Delitos Econ\u00f3micos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, vinculado al costo estimado de restauraci\u00f3n del da\u00f1o ambiental.<\/p>\n

Entre los fundamentos de esta medida, finalmente aceptada por la jueza interviniente, se destaca que cuando el incumplimiento de los demandados provoca un da\u00f1o que afecta a toda la sociedad, con grave impacto sobre los recursos naturales de la provincia y, en particular, sobre sectores vulnerables, el proceso judicial debe contar con herramientas eficaces para impedir que ese perjuicio contin\u00fae.<\/p>\n

En este sentido, el Ministerio P\u00fablico Fiscal sostiene que el proceso de recomposici\u00f3n no solo procura la recuperaci\u00f3n del bosque nativo y de los servicios ambientales afectados, tarea que demandar\u00e1 al menos entre 20 y 30 a\u00f1os, dependiendo del trabajo sostenido, sino tambi\u00e9n la protecci\u00f3n de los habitantes de la zona cuya calidad de vida se vio afectada por los desmontes, como las comunidades wich\u00ed.<\/p>\n

Por ello, la Fiscal\u00eda remarc\u00f3 la necesidad de que las acciones de restauraci\u00f3n contemplen mecanismos de participaci\u00f3n e inclusi\u00f3n de las comunidades locales, conforme a los compromisos asumidos en el acuerdo judicial vigente.<\/p>\n

Estas medidas fueron apeladas en reiteradas oportunidades por los Karlen, quienes no solo cuestionan la ampliaci\u00f3n del embargo, sino que adem\u00e1s solicitan que se deje sin efecto todo el proceso judicial, pese a la existencia de un acuerdo entre las partes, argumentando la vigencia de una nueva legislaci\u00f3n provincial que les permitir\u00eda realizar desmontes.<\/p>\n

Entre las medidas adoptadas en el expediente se destacan:<\/p>\n