En el Salón de Grandes Juicios se desarrolla desde hoy la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en la Unidad Carcelaria 1 y personas de su círculo familiar, todos ellos acusados de conformar una organización narcocriminal que operaba dentro del penal. Los imputados son veinte. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
La audiencia es presidida por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Hoy se llevó a cabo la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio. Luego solicitaron declarar seis de los acusados. Para la tarde está previsto el inicio de la ronda de testimoniales.
Como cuestión preliminar, la unidad fiscal que representa al Ministerio Público solicitó una serie de medidas de protección para los testigos que puedan ser considerados vulnerables en el contexto de esta causa. En el listado figuran personas que actualmente se encuentran alojadas en la Unidad Carcelaria 1 y miembros de su familia.
El planteo fue objetado por algunas de las defensas técnicas. El tribunal resolvió finalmente que los acusados serán desalojados de la sala cada vez que comparezca un testigo de identidad reservada.
Entre los imputados que declararon hoy se escuchó a un excabo primero del Servicio Penitenciario. Admitió que le dio su número de CBU a la madre de un interno para que le transfiriera dinero, pero negó que tuviera que ver con la venta de estupefacientes dentro del penal. Explicó que por su oficio de técnico en carpintería se desempeñaba como maestro en los talleres de la unidad carcelaria. Cumplía esa función desde 2015. Sostuvo que en una ocasión le compró de su bolsillo pintura y sierra pelo a un interno, para que pudiera trabajar. Adujo que lo hizo porque el sujeto era del interior y nadie lo visitaba. Luego, este le pidió a su madre que le devolviera lo gastado a través de una transferencia.
El excabo negó haber tenido participación en el reparto de drogas dentro de los pabellones, adonde él no tenía acceso salvo que le encargaran realizar alguna reparación. Sostuvo además que no tenía trato personal con ningún jefe del penal. Aseguró que los conocía de vista y que nunca participaba de las actividades de camaradería como asados o partidos de fútbol.
Luego declararon dos mujeres acusadas de participar en las transacciones de dinero asociadas a la venta de estupefacientes.
Una de ellas negó tener responsabilidad en el ilícito. Aceptó haber realizado transferencias de dinero a cuentas que le indicaba su expareja, actualmente alojado en el penal por delitos de violencia de género. Sostuvo que él le pedía que le hiciera ese favor aduciendo que solo así le permitirían recibir algún “vagayo” (paquete con comida y elementos de higiene). La acusada afirmó que como su expareja no tenía visitas, ella accedió y fue así que “quedó pegada”. Dijo que no advirtió que él podía estar engañándola e involucrándola en un delito.
La otra imputada contó que con su hermano –alojado en el penal- tenían una cuenta bancaria vinculada en sus teléfonos. Dijo que ella comenzó a ver que llegaban notificaciones de dinero recibido pero no sabía qué tipo de actividades realizaba su hermano adentro de la cárcel para generar esas transferencias.
El propio procurador Pedro García Castiella formando parte de la unidad fiscalSegún consta en la causa la investigación se inició a partir de denuncias anónimas radicadas en la Fiscalía de Derechos Humanos. En ellas se señalaba que personal del penal de Villa Las Rosas solicitaba sobornos a cambio de beneficios para los internos (salidas transitorias, cambio de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa) o para facilitar el ingreso de elementos prohibidos (celulares, cargadores, comidas, bebidas) y sustancias estupefacientes.
Los funcionarios del Servicio Penitenciario imputados son Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García.
Se los acusa por exacciones ilegales agravadas -concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados serán juzgados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
Testigos en peligro
La Unidad Fiscal solicitó, como cuestión preliminar, medidas para proteger a testigos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mantener la reserva de su identidad, retirar a los imputados de la sala durante sus testimonios, impedir cualquier contacto físico o visual entre testigos e imputados, y adoptar medidas para evitar represalias dentro y fuera del penal, incluso después de finalizada la audiencia.
Aunque varios defensores se opusieron, alegando que sus clientes tienen derecho a escuchar a los testigos, el Tribunal resolvió hacer lugar a la solicitud y ordenar la protección de los testigos. No obstante, permitió que, tras cada declaración, los abogados se reúnan brevemente con sus defendidos para informarles sobre lo ocurrido y, si lo consideran necesario, regresar para formular preguntas al testigo.
Tras la identificación formal de los veinte acusados, seis solicitaron declarar. Uno de los exagentes del Servicio Penitenciario, que se desempeñaba en el taller de carpintería, reconoció haber recibido una transferencia bancaria en su cuenta personal por parte de un interno, pero aseguró que se trató de la devolución por la compra de materiales. Negó tener trato con otros agentes y afirmó no tener acceso a los pabellones.
Francisco Arturo Bisceglia, por su parte, negó todas las acusaciones y sostuvo que se trata de una persecución laboral originada en un enfrentamiento con dos superiores. Aseguró que las pizzas que ingresó al penal eran para el consumo del personal de guardia, no de los internos.
Dos de las mujeres imputadas por participar en la venta de estupefacientes también declararon. Una dijo haber hecho transferencias a su expareja, detenido por violencia de género, para que pudiera recibir comida y ropa. La otra explicó que, si bien la cuenta virtual estaba a su nombre, su hermano detenido también tenía acceso y negó conocer el origen de los movimientos de dinero.
Más tarde, la sala fue desalojada para permitir la declaración de cuatro testigos protegidos, quienes brindaron detalles sobre cómo se cobraban “favores” dentro del penal y el modo en que se comercializaban estupefacientes entre internos y agentes.
