Desde APES denunciaron un clima hostil creciente hacia los trabajadores de prensa tras los ataques verbales de la diputada nacional libertaria Emilia Orozco. Esta organización y el Sindicato de Prensa de Salta advirtieron que se pone en riesgo la libertad de expresión y reclamaron acciones urgentes al Estado.
Con un parte de prensa difundido ayer, la Asociación de Periodistas de Salta (APES) repudió los ataques verbales y las expresiones discriminatorias de la diputada nacional María Emilia Orozco (La Libertad Avanza) contra periodistas locales. La entidad advirtió sobre “la creciente hostilidad y violencia institucional hacia los trabajadores de prensa” en la provincia, e instó a los poderes del Estado a actuar para garantizar la libertad de expresión.
La declaración llegó luego de una serie de hechos protagonizados por Orozco: la diputada llamó “lacra” a un periodista que la había consultado por un escándalo de corrupción, expulsó a un movilero de Canal 10 de las puertas de la sede partidaria de LLA con la frase “vos no sos gente de bien”, y publicó en sus redes sociales denuncias genéricas contra “ensobrados”, sin presentar pruebas ni identificar a los supuestos involucrados.
El caso más grave fue su agresión directa contra el periodista Daniel Murillo, a quien le escribió en redes sociales: “La naturaleza es sabia; vos sos una lacra, pero tus hijos son hermosos”. El ataque, que incluyó una alusión a la vida privada del periodista fue el detonante del comunicado de la Asociación.
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“Una diputada no puede vulnerar derechos básicos”
Darío Illanes, presidente de APES, señaló a Salta/12 que los dichos de Orozco violan principios constitucionales y agravan el deterioro institucional. “Resulta ofensivo y obsceno que una diputada nacional, que además preside la Comisión de Libertad de Expresión, se refiera de forma tan violenta a un periodista”, expresó, “y más aún que involucre a sus hijos en un ataque público”, agregó. Aseguró que tal situación vulneró el derecho a la intimidad de las personas, protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Illanes subrayó que los episodios ocurrieron cuando se le preguntaba a la diputada por audios y denuncias que comprometen a Pablo López, el concejal capitalino de su mismo espacio político, que está denunciado por violencia de género y retención de haberes de una militante libertaria que es asesora en el cuerpo deliberativo. “Preguntar por un caso de nepotismo o violencia institucional es una función básica del periodismo”, dijo el presidente de la Asociación, por lo que “responder con burlas, descalificaciones o estigmatizaciones personales es una conducta antidemocrática y cobarde”.
Orozco ya venía siendo cuestionada por organizaciones parlamentarias, puesto que se denunció que desde septiembre de 2024, la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados que ella preside no sesiona. Un grupo de legisladores presentó en julio un pedido formal para removerla por “incumplimiento de funciones”.
El repudio de APES refuerza ese pedido. “No solo no sesiona la comisión, sino que quien debería proteger la libertad de prensa se dedica a hostigar periodistas y difundir discursos de odio. No se trata de un exabrupto aislado, sino de una actitud sistemática”, advirtió Illanes. La Asociación indicó que los periodistas no son fiscales ni jueces, sólo trabadores que en su gran mayoría lo hacen con sacrificio y precarios ingresos y llevan a cabo su actividad como servidores públicos, para informar sobre cuestiones de interés.
Una escena que se repite
El Sindicato de Prensa de Salta (SIPRENSAL) también denunció la gravedad del episodio. Antonio Gaspar, su secretario gremial, señaló que el caso se enmarca en un contexto nacional de creciente agresión a la prensa. “El Presidente dijo que aún no llegamos a odiar lo suficiente a los periodistas. Nada puede salir bien cuando es un presidente el que agrede, insulta y odia a un sector”, legitimando que “luego otra libertaria, María Emilia Orozco, desalifique, insulte y agreda” a trabajadores de la prensa, sostuvo.
Gaspar también detalló que en Salta a la violencia simbólica se suma una precariedad estructural alarmante. “Tenemos periodistas que cobran por debajo de la línea de indigencia”, indicó. Subrayó que algunos trabajadores de prensa no tienen obra social ni aportes jubilatorios, que otros trabajan en Uber o como mozos para sobrevivir. Además de la estigmatización pública, la realidad socio económica de las y los trabajadores también “vulnera las libertades y derechos a la información” de la ciudadanía, sostuvo.
En el territorio provincial la situación es todavía más frágil. A modo de ejemplo, Gaspar contó que en Salvador Mazza, al periodista Oscar Gutiérrez le cortaron desde el municipio una pauta publicitaria histórica sin aviso, solo por incomodar al intendente. Sostuvo que se trató de una decisión unilateral que “envía a la radio del compañero a buscar pauta/canje que la usa para sobrevivir”.
Tanto APES como el Sindicato de Prensa reclamaron respuestas urgentes a los gobiernos provincial y nacional. “Necesitamos protocolos para proteger a periodistas amenazados, revisar la distribución de pauta oficial, garantizar el acceso a la información y frenar el uso arbitrario del poder para silenciar voces”, describió Gaspar.
En ese sentido, Illanes y sostuvo que “el Estado no puede seguir mirando para otro lado” porque cuando “una diputada nacional insulta, calumnia y vulnera derechos básicos, debería responder ante la justicia”. De lo contrario, “el mensaje que se instala es que todo vale, que la violencia se premia y la crítica se castiga”, expresó.
El comunicado de APES remató con una advertencia que también aparece en informes recientes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA: el discurso de odio institucionalizado genera autocensura, debilitamiento de la democracia y aislamiento de las voces disidentes.
En Salta, muchas redacciones están achicándose, se pagan sueldos con meses de atraso, y proliferan las presiones sobre periodistas que trabajan en medios públicos o que cuestionan al poder político o empresarial.
