Lo dispuso el juez Sebastián Casanello, que la semana pasada volvió a indagar al expresidente. Está acusado por negociaciones incompatibles con la función pública, en un esquema de pagos a intermediarios en pólizas firmadas por organismos públicos. Lo embargaron por 14.600 millones de pesos. Es el mismo delito por el que fue condenado Amado Boudou, el vice de Cristina. El monto de las comisiones pagadas fue de 3.364.522.944 pesos. Foto: Federico López Claro
Con Alberto Fernández procesado por corrupto, se configura un hecho insólito en cuestiones políticas en el contexto judicial: tres funcionarios que compusieron dos fórmulas presidenciales terminaron procesados y en dos casos condenados. Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou están condenados por hechos de corrupción, y ahora Alberto Fernandez el otrora compañero de fórmula de Cristina ha sido imputado por delitos referidos a la misma situación.
Otra de las similitudes que guarda el caso de Alberto con el de Boudou es la incompatibilidad con la función pública en este tipo de delitos.
Asi las cosas, el juez federal Sebastián Casanello terminó procesando a Alberto Fernández por hechos de corrupción en la contracción de seguros por parte de decenas de organismos públicos, pagando comisiones millonarias a intermediarios privados.
En este expediente, que comenzó luego de una investigación de Clarín y que instruyó desde un comienzo el juez Julián Ercolini, el ex Jefe de Estado terminó procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Con un embargo de 14.634.220.283,68 pesos.
También fueron procesados el broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria María Cantero. Se les atribuyó los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipes necesarios. Y también el incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el mismo monto de embargo.
La resolución alcanza siempre sin prisión preventiva, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.
Un cuestionado decreto firmado por Fernández, 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos son parte de las piezas que componen lo que la justicia denominó una “estructura criminal” para desviar fondos públicos a privados.
Un total de 40 personas fueron indagadas en el marco de esta causa, tras haber sido imputados por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Los brokers de seguros, sostiene la causa, “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
En una resolución de 400 páginas, el juez Casanello detalló que durante la gestión de Alberto Pagliano al frente de Nación Seguros, la empresa estatal abonó comisiones “por intermediación con organismos públicos principalmente a tres grupos de productores liderados por Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello”.
