El asesinato del fiscal ecuatoriano abre un nuevo y alarmante contexto en toda la región. Mientras el narcotráfico avanza a pasos agigantados en el norte con una violencia inusitada, desde la Federación Argentina de Magistrados, FAM, también brindaron su solidaridad con el fiscal asesinado en Ecuador. Foto: EFE/Jonathan Miranda
Un nuevo capítulo de violencia tiene al narcotráfico en Sudamérica como en las mejores épocas del capo de la droga Pablo Escobar Gaviria, el asesino que tuvo a Colombia bajo su dominio total durante una década. Esta vez se trata del fiscal asesinado en Ecuador, quien resultó no tenía seguridad policial.
César Suárez, fiscal especializado en investigación de casos de corrupción y crimen organizado en Ecuador, no contaba con seguridad policial “permanente” cuando fue asesinado este miércoles en la zona norte de Guayaquil, dijo este jueves el comandante policial de la Zona 8, Víctor Herrera. “El fiscal tuvo seguridad hasta el 10 de mayo de 2023”, informó en conferencia de prensa.
Herrera dijo que “de acuerdo con el protocolo, fue contactado 30 días antes para actualizar su análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió. Él no lo solicitó y por eso no tenía custodia policial permanente en ese momento, pero las unidades de investigación que acompañaron estas diligencias realizadas por el fiscal siempre tuvieron presencia o acompañamiento, porque estuvo reunido en la Policía Judicial con varios agentes que estaban monitoreando el trabajo que venía realizando el fiscal”, añadió.
Según consigna un informe de CCN, las declaraciones del comandante ocurren un día después de que la Fiscalía General de Ecuador dijera que a Suárez se le había asignado seguridad la Policía Nacional del país, pero señaló que no contaba con la protección que tenía “regularmente” en el momento de su asesinato. La seguridad de Suárez estuvo a cargo de la unidad policial en cada uno de los casos que investigó, agregó la Fiscalía.
¿Y por casa cómo andamos?
Pero el drama no solo se vive en Ecuador, en Argentina el narcotráfico durante los gobiernos de Cristina Kirchner crecieron de manera exponencial; ni hablar del gobierno de Alberto Fernández. “El Gobierno de Alberto Fernández parece haber despertado de algo parecido a un letargo donde el Estado ha cerrado los ojos, hecho oídos sordos y enmudecido frente al crimen organizado y la guerra narco entre las bandas”, reza un párrafo de un informe titulado: “La historia del narcocrimen en Argentina y el poder de los tres Fernández”, publicado en EL DEBATE.
Ergo, Rosario no tiene nada que envidiarle a Sinaloa; y Salta no tiene que envidiarle nada a Rosario. Parece un pasaje semiótico cruzado pero lamentablemente es la realidad. En el norte “con 750 km. de frontera permeable”, como dijo la diputada Emilia Orozco, estamos ante la buena de Dios que los narcos tomen el poder de un momento a otro.
Por su parte Eduardo Barrionuevo, vicepresidente de la Federación Argentina de Magistrados, le dijo a NUEVO DIARIO: “Situaciones como la de Santa Fe ponen de manifiesto estas deficiencias de los poderes ejecutivos. Si hay teléfonos fijos en las cárceles, si hay teléfonos celulares, sin control, en manos de los detenidos, es porque los servicios penitenciarios (que dependen del ejecutivo) tienen problemas de ineficacia o corrupción”, dijo Eduardo Barrionuevo, vicepresidente de la Federación Argentina de Magistrados.
“Queremos ir contra el narco, la trata y el lavado de activos”
En tanto Patricia Bullrich durante la campaña presidencia de Javier Milei se llenó la boca hablando de su lucha contra el narcotráfico pero resulta que todavía no les quitaron los celulares a los presos, tal como apunta Barrionuevo.
“Queremos ir contra el narco, la trata y el lavado de activos”, le dijo a LA NACION +, la ministra sostuvo que estudian modelos de otros países para evitar que las bandas avancen sobre el territorio y planteó que llevará adelante una serie de medidas para proteger a los funcionarios de las fuerzas de seguridad. “Van a empezar a trabajar con otro sistema, no les van a mirar más la cara a los presos, no van a saber quiénes son. Es la verdad, si los amenazan y dicen que saben dónde está su familia, les dejan notas, los tengo que aislar a los presos de alto perfil y tengo que cuidar a mis funcionarios. Eso es lo que voy a hacer”, precisó.
De todos modos aun la funcionaria se encuentra en periodo de “carta blanca” –tal como toda La libertad avanza– y habrá que esperar si es que el nuevo ejecutivo se diferencia del desastre que han sido los gobiernos de Cristina y Alberto con respecto a esta guerra que claramente viene perdiéndose. Tal como dijo paradójicamente Aníbal Fernández.
