El exdiputado nacional por el PRO, fue condenado en suspenso por el delito de desobediencia judicial, tras volver a descalificar a la fiscal Verónica Siemsen de Bielke. En 2023 había sido condenado a pagar una multa por haber agraviado a la funcionaria judicial, luego de ser citado a declarar en la causa de las facturas apócrifas de la Municipalidad de Salta.
Todo comenzó en 2021, cuando Martín Grande en dialogo con los periodistas Agustín Poma y Alexis Miranda descalificó a la fiscal durante el un programa que se trasmite en FM NOTICIAS. En ese momento el exdiputado macrista descalificó y agredió a Verónica Simesen de Bielke, criticándola por haberlo citado a declarar.
“Es una ineficiente funcionaria (…) Tengo libertad de opinión y me lleva a mí a declarar por el tema Huergo cuando en realidad es ella la que debería llevar a declarar a Huergo y a todos sus cómplices, inclusive los que están en la Municipalidad de Salta después del tremendo afano que hicieron el año ante pasado”, desafió el verborágico legislador nacional.
La Fiscal se expidió en redes sociales y lo denunció por calumnias e injurias. Meses después se convocó a las partes a una audiencia de conciliación, el imputado faltó a dos y una tercera no prosperó.
A raíz de sus dichos, la jueza Noemí Valdéz emitió una orden que imponía a Martín Grande abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia, tanto mediática como simbólica, a través de medios de comunicación o redes sociales, que pudiera dañar a la fiscal en su condición de mujer. Haciendo caso omiso a la diligencia, incumplió esta disposición, lo que llevó a que la causa fuera elevada a juicio.
También fue intimado a capacitarse en género bajo la Ley Micaela y a disponer de un espacio en el medio de comunicación en el que ejercía como periodista, para capacitarse en contra de la violencia de género.
No obstante desobedeció la medida, pidió la nulidad del proceso y su sobreseimiento, lo que el juez Antonio Pastrana le negó. Ergo, el exlegislador –de fuerte raigambre a la derecha más recalcitrante– tenía pendiente una causa por desobediencia judicial ya que, a pesar de tenerlo prohibido, se refirió nuevamente a la fiscal.
Con esto queda claro que la Justicia no está dispuesta a tolerar más estos actos de violencia machista, venga de un exdiputado de la nación, un periodista o quien quiera fuera el actor social que se crea con el poder suficiente de agredir y descalificar a una funcionaria, trabajadora o el rol que cumpla una mujer por el solo hecho de ser mujer.
