Se cumplieron hoy 72 horas de quita de colaboración y movilizaciones provinciales de los trabajadores viales. Se lucha contra un proyecto de ley de creación de consorcios camineros que tiene media sanción de Diputados y que podría aprobarse en el Senado. UN INFORME DE PRENSA OBRERA
Los consorcios, integrados básicamente por los propietarios de la tierra, se financiarían con una parte del presupuesto de Vialidad y con el 4% de la recaudación del inmobiliario rural. Aunque al principio el proyecto se refiere al mantenimiento de caminos vecinales, se deja la puerta abierta para que intervengan en los caminos y rutas que actualmente mantienen los trabajadores de vialidad. Se trata de una suerte de privatización y tercerización del trabajo de Vialidad.
Esta tercerización tiene como antecedente directo lo que pasó bajo el gobierno de Romero en los 90, cuando se armó la empresa Valle Vial en base al desguace de Vialidad Provincial. Luego la tercerización siguió con convenios negreros realizados entre el Estado provincial y los municipios en donde varios centenares de trabajadores trabajaron por años en las peores condiciones y con un ingreso 5 o 6 veces menor al de un trabajador de planta. Después de años de lucha, los tercerizados de los municipios accedieron a un contrato directo con vialidad pero con ingresos muy lejos de los que percibían sus compañeros de planta.
Con la ley, el oficialismo provincial de Sáenz vuelve a la carga con estas políticas privatistas y de desguace que aplicaron los gobiernos de las últimas décadas; de allí el cerrado y legítimo rechazo de los trabajadores.
La excusa de los promotores del proyecto es que estos caminos vecinales e interfincas no tienen mantenimiento. Pero la solución al problema es otorgar más presupuesto, maquinarias y personal bajo convenio a Vialidad Provincial para que se haga cargo de esas tareas; no usar esta situación para justificar un nuevo intento de desguace.
Por ultimo, el trabajo de vialidad es el de un servicio público que no puede dejarse en manos privadas que seguramente van a orientar la inversión en aquellos caminos de mayor interés para sus negocios y no así en los que son esenciales para el conjunto de la población.
No hay maquillaje que salve esta ley
Dada la envergadura de la movilización, los Senadores se mostraron dispuestos a discutir modificaciones y colocaron como alternativa que vuelvan a celebrarse convenios con los municipios, es decir que en lugar de los consorcios sean los intendentes los intermediarios de una tercerización. Si se acepta esto sería dar marcha atrás con la lucha de años de cientos de compañeros contra los convenios municipales.
La ley debe ser archivada y hay que exigir todos los recursos para que Vialidad pueda hacerse cargo de todos los caminos. Esto exige que pasen definitivamente a planta todos los contratados y que los terratenientes hagan aportes extraordinarios para el financiamiento de Vialidad. Lo que aportan los dueños de la tierra por inmobiliario rural es apenas el 0,04 % de los ingresos del presupuesto provincial. Los recursos que le faltan a Vialidad deben salir del aumento de los impuestos a los terratenientes para que paguen de acuerdo con el valor actual de sus tierras.
Están todas las condiciones para derrotar el desguace, defender los puestos de trabajo y exigir todas los recursos necesarios para su funcionamiento.