En la recta final del juicio por injuria racial en su contra, la abogada santiagueña Agostina Páez sufrió otro revés: el Ministerio Público del estado de Río de Janeiro (MPRJ) se negó a ofrecerle un acuerdo de no persecución penal (ANPP), vía que le habría permitido cerrar la causa sin condena ni antecedentes, a cambio de cumplir condiciones como tareas comunitarias o el pago de una suma de dinero.
“En las condiciones en que la acusada practicó las ofensas raciales que se le imputan, no hay posibilidad de acuerdo”, sostuvo el MPRJ en una nota enviada a LA NACION y publicada en ese medio.
Páez, acusada de proferir insultos racistas contra empleados de un bar de Ipanema, espera ahora la sentencia del juez Carlos Márcio da Costa, de la 37ª Vara Criminal de Río. La causa ya está en la etapa de alegatos finales, la última antes del fallo, que todavía no tiene fecha. Su defensa, liderada por la abogada brasileña Carla Junqueira, sostiene que la posición de la fiscalía no es vinculante para el magistrado, aunque la decisión prácticamente clausura esa vía, que habría beneficiado a Páez.
El episodio por el que es juzgada ocurrió el 14 de enero, en un bar de la calle Vinícius de Moraes, en el barrio de Ipanema. Páez, de 29 años, estaba con dos amigas cuando discutió con los empleados del establecimiento por el valor de la cuenta. Según la acusación, en medio de la discusión insultó a los trabajadores con términos racistas y les hizo gestos que imitaban a un mono. Una de esas escenas quedó registrada en un video que se viralizó y tuvo fuerte repercusión en Brasil y en la Argentina.
La Justicia de Río aceptó la denuncia y llegó a dictar su prisión preventiva, aunque luego la abogada quedó en libertad con tobillera electrónica y sin poder salir de Río. En ese tiempo, Páez pidió disculpas públicamente y dijo que desconocía la gravedad de ese delito en Brasil. Tras más de dos meses en la ciudad, a fines de marzo el Tribunal de Justicia la autorizó a volver a la Argentina tras pagar una caución de cerca de US$ 20.000.
El 23 de septiembre, el juez envió el expediente a la fiscalía para que evaluara un acuerdo. El fiscal del caso lo rechazó y la defensa pidió la revisión de esa decisión. La Asesoría Criminal de la Procuraduría General de Justicia confirmó la negativa en un dictamen firmado por el procurador Alexandre Araripe Marinho, al que LA NACION accedió el martes.
En su respuesta, el MPRJ explicó que se basó en dos motivos. El primero es de cálculo: el acuerdo solo procede cuando la pena mínima es inferior a cuatro años. Según la denuncia original, Páez fue acusada de tres injurias raciales contra tres personas distintas, cada una con un mínimo de dos años. “La suma de las penas alcanza seis años de reclusión, lo que impide la celebración del acuerdo”, señaló el MPRJ.

El segundo es la gravedad de los hechos. Según el MPRJ, Páez primero llamó “mono” al empleado de la caja mientras imitaba a un primate, y luego ofendió a otros trabajadores. “Incluso después de haber sido alertada de que esas conductas eran delictivas, la acusada, ya de salida del local, ofendió a otras víctimas, llamándolas a los gritos ‘monos’ y ‘negros de mierda’”, detalló el organismo.
Además, siempre según la fiscalía, Páez les dijo a las víctimas que no le iba a pasar nada por ser abogada e influencer, “colocándose en una posición de superioridad frente a los empleados del bar e incluso frente a las normas penales brasileñas, por ser de origen extranjero”. Por eso, concluyó, un acuerdo “no es suficiente”. El MPRJ recordó además que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia brasileñas “repudian con vehemencia toda forma de racismo, como una de las más graves violaciones a la dignidad humana”.
Junqueira pide la absolución de su defendida. “No hubo delito”, dijo a LA NACION. Según su planteo, el gesto fue dirigido a un empleado que estaba de espaldas y, por lo tanto, no hubo daño.
“Y si hubo algo, fue en un único momento, un único delito”, explicó la letrada, para quien en ese caso la pena sería inferior a cuatro años. Sobre la versión del MPRJ acerca de los insultos a la salida del bar, sostuvo que “no está probada”.
La abogada también cuestionó el rechazo a la vía del acuerdo: “Creo que el Ministerio Público está más preocupado en hacer propaganda antirracista que en pensar en las propias víctimas”. A su entender, la caución que pagó Páez, que en caso de condena se descontaría de la reparación, “sería mucho mejor para ellas que un eventual cumplimiento de pena”.
Según la defensora, la santiagueña aguarda la sentencia y “espera ser absuelta”.
“No hay margen para beneficios”
Tamara Fejolo, una de las letradas que representan a las víctimas del estudio Vieira de Mello Advogados, sostuvo en cambio que no hay margen para beneficios y que la querella pide la condena por los tres delitos.
“El racismo no se resuelve con un acuerdo”, dijo a LA NACION en un mensaje escrito. “Las víctimas fueron humilladas en su propio lugar de trabajo. Esperan una pena a la altura de lo que sufrieron, y no una respuesta simbólica”.
Aunque la denuncia original planteaba tres delitos, y la querella mantiene ese pedido, en sus alegatos finales el propio Ministerio Público pidió que los hechos se consideren un “delito continuado”, es decir, una sola conducta con varias víctimas. En ese caso, la pena podría ir de dos a seis años.
El umbral clave es de cuatro años. Si el juez fija una pena cercana al mínimo, como suele ocurrir con acusados sin antecedentes como Páez, la ley brasileña permite reemplazar la prisión por penas alternativas, como trabajo comunitario, que podrían cumplirse desde la Argentina. Si la supera, ya no habría sustitución y el régimen inicial sería semiabierto, lo que complicaría cumplir la condena desde la Argentina. Un acuerdo del Mercosur permitiría hacerlo en el país de origen, pero requiere la aprobación de ambos Estados.
En cualquier escenario, la sentencia podrá ser apelada por cualquiera de las partes, lo que demoraría el eventual cumplimiento de una pena.



