Mientras el presidente Santiago Peña se aferra al cargo entre renuncias no aceptadas y un juicio político express, la investigación por el colapso del Ueno Bank revela una trama que cruza la frontera y salpica a una empresa salteña con contratos millonarios con el Estado provincial.
La crisis que sacude a Paraguay no es solo financiera: es un terremoto político que expuso la intimidad de un sistema de poder. El detonante fue la intervención del Ueno Bank, una entidad digital que administraba los ahorros de casi tres millones de personas —cerca de la mitad de la población adulta del país— y que colapsó tras detectarse que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal. El dinero de jubilados, organismos estatales y ahorristas comunes quedó congelado, desatando protestas que ya llevan varias noches en Asunción y otras ciudades.
En el centro del huracán está el presidente Santiago Peña. Su renuncia, anunciada el jueves en un video grabado, no fue aceptada: el Congreso no logró el quórum para tratarla porque legisladores de su propio partido se retiraron de la sesión. La oposición quiere el juicio político, no la dimisión, porque una renuncia aceptada le otorgaría a Peña el fuero de senador vitalicio y blindaría su inmunidad ante la justicia ordinaria. La Cámara de Diputados ya aprobó el juicio por 78 votos a cero, y el Senado inició el proceso. La fiscalía, además, abrió investigaciones penales contra el mandatario por su presunta responsabilidad en la crisis.
El eslabón salteño
A más de mil kilómetros de Asunción, en Salta, hay una empresa que aparece mencionada en la investigación: Nubicom. Fundada en 2014, esta compañía de telecomunicaciones desembarcó en Paraguay en 2025 para competir por las licencias de espectro 5G. Para participar de la licitación, Ueno Bank emitió una garantía de 75.000 dólares en respaldo de su oferta. Semanas después, Nubicom Argentina transfirió 2 millones de dólares al ente regulador paraguayo desde una cuenta abierta en el mismo Ueno Bank.
El dato no es menor: la garantía fue firmada por Mariana Isabel Torres Rubiani, entonces directora del banco y hoy imputada en la causa por el colapso. La transferencia millonaria salió de las entrañas de la entidad que luego quebró.
Pero hay más. Posteriormente, Nubicom vendió su filial paraguaya a empresarios vinculados al Grupo Vázquez, el conglomerado controlador de Ueno Bank. Tres de los directivos de esa filial paraguaya figuran entre los 27 imputados por la fiscalía paraguaya: Guillermo Vázquez Muniagurria, César Astigarraga Lambaré y Luis Angulo Rivera. Los delitos que se investigan incluyen lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y tentativa de estafa.
Nubicom emitió un comunicado asegurando que vendió “la totalidad de su participación accionaria” meses atrás y que ya no interviene en la gestión de su exfilial. La empresa argumenta que el uso de la marca responde a una licencia vigente hasta diciembre de 2026. Sin embargo, los documentos financieros que vinculan a Nubicom con el banco colapsado ya estaban registrados antes de la venta.
Por qué importa en Salta
Nubicom no es una empresa menor en la provincia. Mantiene contratos con el Estado salteño para el sistema de videovigilancia del 911 y para servicios de conectividad en más de 2.100 edificios públicos, incluyendo hospitales, escuelas y dependencias policiales. La investigación paraguaya examina si los créditos y garantías que Ueno Bank otorgó a Nubicom presentaron irregularidades, como garantías insuficientes o montos desproporcionados respecto de la capacidad financiera de la prestataria.
Hasta ahora, no hay condenas firmes ni acusaciones formales contra Nubicom en Argentina. Pero la sombra del caso Ueno se extiende sobre una empresa que gestiona infraestructura crítica de seguridad en Salta, y lo hace mientras su antiguo socio bancario se desmorona y arrastra consigo a un presidente.
El desenlace incierto
Paraguay amanece este viernes con un presidente que sigue formalmente en el cargo, un juicio político en curso y un Senado que debe decidir si acepta una renuncia que la oposición rechaza. Peña pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, argumentando que le notificaron la acusación a las 22:15 del jueves y pretendían que respondiera en menos de 12 horas.
Mientras tanto, tres millones de paraguayos esperan recuperar su dinero. Y en Salta, una empresa con contratos estatales observa cómo el banco que la ayudó a cruzar la frontera se convirtió en el epicentro del colapso político más grave de la región en años.
