En abril de 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó al juez federal de Orán (Salta), Raúl Reynoso, como un ejemplo en su discurso al cuestionar al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por la falta de recursos y el funcionamiento del Poder Judicial frente al narcotráfico. Pues bien, la condena acaba de quedar firme y este corrupto que favoreció al narcotráfico por años va a ir preso.
El exjuez federal de Orán, que supo tener en sus manos decisiones determinantes para personas investigadas por delitos federales, había vuelto a formar parte de la postal cotidiana de la capital provincial. Se lo podía encontrar en cafés céntricos, caminando sin apuro y vestido de manera informal: short, remera y, en ocasiones, una raqueta de tenis como parte de esa imagen de hombre que intentaba recuperar una rutina lejos de los tribunales y de la cárcel.
La escena contrastaba con la historia judicial que arrastraba. Reynoso, el magistrado que durante años estuvo al frente del Juzgado Federal de Orán, había sido condenado por hechos de corrupción vinculados con el ejercicio de su función. Su nombre quedó asociado a una trama en la que, según se acreditó en uno de los procesos, se concedieron beneficios judiciales a cambio de dinero y se recurrió a documentación falsa para favorecer a personas investigadas. Entre ellas apareció Delfín Castedo, conocido como el Patrón del Norte, uno de los nombres más resonantes de las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos en la frontera salteña.
Reinoso II
Según consigna un informe de LA GACETA, ahora, aquella aparente normalidad quedó interrumpida. El jueves 15 de octubre, Reynoso volvió a quedar detenido, esta vez después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último planteo de su defensa y dejara firme una condena de cinco años de prisión. La decisión del máximo tribunal despejó el camino para que se ejecutara la sentencia dictada en el expediente conocido como “Reynoso II”.
La detención se concretó durante la tarde en el Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional, en Chachapoyas, Salta. El exmagistrado quedó alojado allí de manera transitoria, a la espera de que se le asigne un cupo en una unidad penitenciaria federal.
La orden fue impartida por el juez Jorge Chamia, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Salta, a pedido del fiscal general Carlos Martín Amad. La resolución llegó después de que los jueces de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazaran, el miércoles 14 de octubre, el recurso presentado por la defensa.
La condena que deberá cumplir es de cinco años de prisión por cohecho pasivo, en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público y concusión. También contempla una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la pena.
Pero el regreso de Reynoso a la cárcel no puede entenderse como un episodio aislado. Es el nuevo capítulo de un recorrido judicial que comenzó con las denuncias sobre el funcionamiento de su juzgado, continuó con una primera condena de 13 años de prisión y todavía tiene otra investigación abierta. En paralelo, aparece la historia de Castedo: un entramado de propiedades rurales, presuntas maniobras de lavado, investigaciones por narcotráfico y una condena por asociación ilícita y lavado de activos que puso bajo la lupa el poder económico acumulado por su clan en la frontera con Bolivia.
La causa Reynoso II: una indagatoria falsa para beneficiar a Delfín Castedo
El expediente que terminó con la condena de cinco años tiene uno de sus episodios centrales en una maniobra que, de acuerdo con lo acreditado durante el proceso, permitió construir una apariencia de legalidad alrededor de una presentación judicial que nunca había sido realizada por la persona que supuestamente la protagonizó.
El 5 de diciembre de 2013, Delfín Castedo se encontraba prófugo y tenía una orden de detención vinculada con la investigación por el asesinato de Liliana Ledesma, una productora rural de Salvador Mazza que había denunciado presuntas maniobras relacionadas con el cierre de un camino utilizado para conectar la localidad salteña con Bolivia.
En ese contexto, en el expediente judicial quedó asentada una declaración indagatoria como si Castedo hubiera comparecido ante el juzgado. Sin embargo, el hombre que se presentó no era él. Según se determinó en la investigación, un impostor ocupó su lugar y firmó la documentación con su nombre.
