El inicio del juicio oral y público contra Ricardo Fernández, un reconocido cardiólogo del Hospital San Bernardo, acusado por los delitos de violencia de género y violación reitera, con acceso carnal fue suspendido la semana pasada. Finalmente se fijó fecha para noviembre.
En los últimos días retomó estado público el caso del cardiólogo acusado de delitos contra la integridad sexual. La denunciante es la señora Constanza Lee, su ex esposa, quien se mostró en redes sociales con publicaciones angustiantes donde exterioriza su desesperación por esa última dilación. Pero recientemente se conoció la noticia de que al fin llegará el debate oral y público en la fecha antes referida.
El debate debía inaugurarse el pasado 1 de octubre en la Ciudad Judicial bajo la presidencia del juez Eduardo Sangari y con una extensión prevista de nueve jornadas. Sin embargo, una presentación de última hora realizada por la defensa del imputado frenó el proceso.
La señora Lee formalizó su primera presentación en julio de 2020 ante la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, detallando un historial de hostigamiento y agresiones sufridas durante los 19 años que duró el vínculo familiar, período en el cual aseguró haber sido sometida a exigencias abusivas de índole sexual.
Tras varios cabildeos, idas y vueltas, un derrotero desesperante para la denunciante, que incluyó una revictimización intolerable, se informa desde el poder judicial que el juicio iniciará el 10 de noviembre próximo.
Los planteos que dilataron el proceso
La Jueza Cecilia Flores Toranzos rechazó incorporar como prueba a la causa por abuso sexual el expediente del caso de familia que solicitaba incorporar el médico. Se trata del cuidado personal de la hija menor de la pareja en la cual el juez Canavoso le otorgó el cuidado personal de la hija menor al padre. Ese planteo había provocado la suspensión del inicio del juicio, que estaba previsto para hoy pero se postergó dos días antes. El juicio llega luego de más de seis años de la denuncia.
El abogado de Lee, Martín Plaza, había cuestionado el pedido por ser “totalmente infundado” y extemporáneo. Sostuvo que la etapa para ofrecer prueba ya venció y que, para incorporarla después, debe tratarse de un “hecho nuevo, relevante y desconocido al momento del ofrecimiento”, algo que, a su criterio, no se cumplía.
La querella planteó además que, en su opinión, existía una estrategia dilatoria y que la postergación implicaba una revictimización de una mujer que denuncia violencia de género grave, con posible incumplimiento de compromisos internacionales del Estado, como la debida diligencia.
Se aceptaron los amigos del tribunal
Flores Toranzos también aceptó a todos los amicus curiae que pretendían intervenir: el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la Fundación Género y Masculinidad y la Fundación Cintia Fernández.
La decisión sobre la incorporación de la prueba y sobre los amicus no quedó en manos del juez que iba a presidir el juicio, Eduardo Sángari, sino que se sorteó y recayó en Flores Toranzos. Los abogados de Lee también cuestionaron esto, y observaron que debía decidirlo el mismo juez del debate.
